En todo el mundo, las personas que han sobrevivido al calvario de la tortura, también sufren las consecuencias a largo plazo. Para remediar esta atroz violación de los derechos humanos y restablecer la dignidad, la Convención contra la Tortura establece que las víctimas de tortura disponen de un derecho efectivo a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para una rehabilitación lo más completa posible.
En este Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, los mecanismos de la ONU contra la tortura apelan a los Estados para que respeten y defiendan el derecho a la reparación en todos sus aspectos y dimensiones, en particular garantizando que las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de derechos humanos puedan llevar a cabo su trabajo fundamental de documentación de la tortura y de apoyo a la rehabilitación de las víctimas, sin restricciones ni represalias.
«En el contexto de la reparación, las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel crucial en la salvaguarda de los derechos de las víctimas de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, proporcionándoles apoyo médico y psicosocial, así como servicios jurídicos y sociales», dijo Suzanne Jabbour, presidenta del Subcomité para la Prevención de la Tortura.
Los expertos en derechos humanos de la ONU* expresaron su preocupación ante las dificultades que siguen teniendo los supervivientes de la tortura para acceder a la reparación y al resarcimiento, incluida la rehabilitación más completa posible.
El Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura, que celebra este año su 40º aniversario, ha apoyado a organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo para salvar la creciente brecha en el derecho a la reparación y rehabilitación de las víctimas de la tortura, en medio de una variedad de leyes, reglamentos y prácticas cada vez más represivas.
«Hoy en día, la impunidad de los actos de tortura está muy difundida en todas las regiones del mundo. Los gobiernos siguen negando sistemáticamente la existencia de estas prácticas abominables, se niegan a procesar a los autores y utilizan la intimidación y las represalias contra las organizaciones de la sociedad civil, los defensores de derechos humanos, los denunciantes y los periodistas para disuadirlos de denunciar y de obtener reparación para las víctimas», afirma Nils Melzer, Relator Especial sobre la Tortura.
La tendencia a las represalias, a través de medidas restrictivas y de retorsión contra la sociedad civil y los supervivientes de la tortura que buscan reparación a través de los mecanismos de la ONU, sigue siendo frecuente y no muestra señal alguna de remitir, especialmente durante la pandemia de COVID-19 que comenzó el año pasado.
Según los expertos, los esfuerzos de los Estados para limitar la propagación del COVID-19 en sus respectivos territorios no deben tener como resultado el silenciamiento de los defensores de los derechos humanos ni la reducción del espacio cívico.
Claude Heller, Presidente del Comité contra la Tortura, subrayó la intersección entre la rendición de cuentas y la reparación, al afirmar que «la capacidad de las víctimas de tortura, de sus familias y de quienes intervienen en su nombre para presentar denuncias y buscar y obtener reparación es esencial para garantizar la no repetición de la tortura o los malos tratos. Existe el peligro de que se perpetúe una cultura de impunidad y de aceptación de la tortura, cuando ésta ya existe de facto, si no se protege a las víctimas, a los testigos y a otras personas contra las represalias antes, durante y después de los procedimientos y cuando se impide a las víctimas obtener una reparación integral».
«En este día, recordamos a los Estados sus obligaciones y les hacemos un claro llamamiento para que habiliten un espacio cívico que permita a los beneficiarios y socios del Fondo asistir a las víctimas de la tortura a reconstruir sus vidas y acceder a una asistencia humanitaria directa y vital», ha declarado Vivienne Nathanson, Presidenta de la Junta de Síndicos del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura.
Instamos a los Estados a defender la prohibición absoluta y universal de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Permitir un entorno propicio para la reparación y la rehabilitación de las víctimas de la tortura, y para que la sociedad civil pueda actuar libremente.
FIN
(*) La declaración conjunta fue emitida por el Comité contra la Tortura de la ONU, el Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU, el Relator Especial de la ONU sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y la Junta de Síndicos del Fondo de Contribuciones Voluntarias de la ONU para las Víctimas de la Tortura.
Fuente: ONU Derechos Humanos
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