LIMA (8 de julio de 2021) – El Representante de la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Jan Jarab, se reunió hoy 8 de julio con representantes de la organización indígena “Federación de Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes (FECONAU)”, así como con otras organizaciones de la sociedad civil de Perú. En la oportunidad, Jarab recibió información sobre el entorno adverso que afrontan los líderes de la junta directiva y los miembros de la comunidad nativa Flor de Ucayali de la provincia de Coronel Portillo, del departamento peruano de Ucayali.
Durante el encuentro telemático, líderes indígenas shipibo-konibos dejaron constancia de la continuidad de las amenazas que reciben por parte de actores dedicados al narcotráfico y la tala ilegal, pese a haber informado estos hechos a inicios del año. Los representantes de dichos pueblos indígenas manifestaron su preocupación frente a actos de intimidación y represalias en el contexto de un reciente operativo de erradicación de cultivos ilícitos.
Las y los participantes también demandan que el Estado brinde una respuesta urgente a los riesgos existentes que afrontan aproximadamente 400 miembros de la comunidad, y que se atiendan los problemas estructurales por la escasa presencia estatal en la zona.
El Representante de ONU Derechos Humanos destacó el rol de las personas defensoras indígenas de la comunidad nativa Flor de Ucayali, que se han organizado para proteger su territorio titulado, sus medios de vida y sus prioridades de desarrollo.
Jarab se mostró alarmado por el panorama presentado por las organizaciones, y aseveró que “el Estado debe actuar de manera integral y priorizar en su respuesta la prevención, en coordinación con las organizaciones indígenas. Estas actuaciones deberían ser sostenidas por el siguiente gobierno para erradicar la depredación de los territorios y de los bosques”.
Por último, el representante reiteró la disposición de la Oficina Regional para continuar observando la situación de las personas defensoras de derechos humanos en el Perú y apoyar al Estado en su obligación de proveer protección a las personas defensoras para que desarrollen sus actividades en un entorno seguro.
FIN
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