SANTIAGO, CHILE (12 de noviembre de 2020) – Perú debe garantizar el derecho a la reunión pacífica, afirmó este jueves Jan Jarab, Representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur. Jarab aseveró que su Oficina está recibiendo “información inquietante” en el marco de protestas ocurridas en el país, tras la decisión del Congreso Nacional de vacar al Sr. Martín Vizcarra como Presidente de la República.
Al respecto, ONU Derechos Humanos llamó a las autoridades peruanas a asegurar que no se interpongan obstáculos que puedan restringir arbitrariamente el derecho a la reunión pacífica u otros derechos humanos.
“La policía tiene la obligación de observar en todo momento las normas internacionales sobre uso de la fuerza en la gestión de manifestaciones, absteniéndose de utilizarla de manera ilegal, excesiva o arbitraria. Las escopetas con munición potencialmente letal pueden ser utilizadas solo para hacer frente a una persona que represente una amenaza inminente de muerte o lesiones graves, no para dispersar manifestantes”, recordó Jarab.
El Representante aseguró que “nuestra Oficina ha podido constatar casos de detenciones realizadas por policías vestidos de civil sin identificarse como tales. Las autoridades peruanas deben poner fin a este tipo de procedimientos, incompatibles con las normas internacionales de derechos humanos”. Además, destacó que las personas detenidas tienen derecho al debido proceso, que incluye la presencia de su representante legal desde el momento de la detención y la notificación a sus familiares.
En particular, preocupa a ONU Derechos Humanos la detención arbitraria y criminalización de Carlos Rodríguez, integrante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH, quien estuvo privado de libertad por 17 horas. Para Jarab, “con su labor, el Sr. Rodríguez vela porque se garantice el derecho de las personas detenidas a la defensa legal. Insto a las autoridades a que la investigación en su contra se realice de forma independiente, imparcial y teniendo en cuenta su rol como defensor de derechos humanos”.
También consideró alarmantes las agresiones contra al menos 16 trabajadores de medios de comunicación mientras desempeñaban su labor en medio de las protestas, según reportó la Asociación Nacional de Periodistas. El Representante recordó que el Estado tiene el deber de proteger el rol de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, particularmente en el marco de manifestaciones sociales.
Además, para ONU Derechos Humanos resulta problemático el uso de sanciones administrativas como multas contra manifestantes por infracciones de la norma sanitaria. Su Representante aseguró que “no se puede mantener suspendido de forma permanente un derecho fundamental sin considerar medidas que permitan ejercerlo, cumpliendo con los requisitos sanitarios”.
Jarab concluyó exhortando a las personas que desean manifestarse a ejercer este derecho siempre de manera pacífica. “La Oficina Regional continuará dando seguimiento a la situación y comprometida con la promoción y la protección de los derechos humanos en el país”, dijo.
FIN
La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos tiene sede en Santiago y trabaja con ocho países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Más información. Conoce más sobre el Representante Regional, Jan Jarab. Para solicitudes de prensa, favor contactar a: María Jeannette Moya, oficial de comunicaciones ONU Derechos Humanos – América del Sur ([email protected]).
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