5 de julio de 2021 – “Las autoridades peruanas deben investigar con urgencia una serie de homicidios de defensores ambientales en el último año, como también garantizar el acceso pronto y efectivo a la justicia y actuar con mayor énfasis en la prevención.
En la última semana se reportó el homicidio de Mario Marco López Huanca, defensor ambiental asháninka en la comunidad nativa Shirarine del distrito de Puerto Bermúdez, provincia de Oxapampa, departamento de Pasco. Este caso se suma a, al menos, otros siete ocurridos desde el inicio de la pandemia.
Las personas defensoras de derechos humanos pertenecientes a pueblos indígenas y dedicadas a la protección de la naturaleza requieren de medidas urgentes para su protección, especialmente en zonas donde existe limitada presencia del Estado y proliferan actividades como la minería informal e ilegal, la tala ilegal, el tráfico de especies protegidas o el narcotráfico.
En este contexto, es fundamental que el acceso a la verdad y la justicia ocurra sin obstáculos, con pertinencia cultural y perspectiva de género, mediante una investigación fiscal y judicial que reconozca la gravedad de los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos. Sus familiares deben tener acceso a las investigaciones y ser informados sobre los avances, libres de estigmatización, amenazas, represalias y/o revictimización.
Perú ha dado pasos notables con la adopción de un marco jurídico e institucional propicio para las personas defensoras a través de la aprobación de un protocolo, el registro, y, recientemente, un mecanismo de protección intersectorial, así como con actuaciones a nivel ministerial.
Sin embargo, se necesitan acciones adicionales que incluyan en las actividades de prevención al Poder Judicial, al Ministerio Público y la policía nacional. El Estado en su conjunto tiene la tarea de asegurar que las personas defensoras se sientan seguras, empoderar su rol esencial para la sociedad y garantizar que ningún crimen contra sus vidas e integridad quede impune.”
FIN
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