GINEBRA (24 octubre 2025) – Personas expertas de la ONU* expresaron hoy su preocupación por el grave deterioro de las libertades fundamentales y del espacio cívico, así como los derechos de los Pueblos Indígenas en Ecuador, que se ha profundizado por la respuesta estatal al paro nacional, e incluye restricciones a los derechos de asociación, reunión y expresión.
«Este patrón de ataques parece estar diseñado para silenciar y a las organizaciones de la sociedad civil y a los Pueblos Indígenas. Estas medidas incluyen, entre otras, alegaciones de congelación de cuentas bancarias sin una orden judicial, tras la adopción de la Ley de Transparencia Social, la cual que estigmatiza y criminaliza al sector social», dijeron las personas expertas.
La Corte Constitucional también ha sido objeto de acoso y persecución, al ser declarada enemiga del pueblo y objeto de ataques a su reputación, anotaron.
El 22 de septiembre la sociedad civil convocó un paro nacional para protestar por la eliminación del subsidio al diésel, el aumento del impuesto al valor agregado, la implementación de proyectos extractivos sin el consentimiento previo, libre e informado de los Pueblos Indígenas y la promulgación de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, indicaron las personas expertas.
«Las autoridades ecuatorianas respondieron a estas protestas con un uso innecesario y desproporcionado de la fuerza, incluidos gases lacrimógenos y municiones letales», dijeron las personas expertas.
«La respuesta militar a las protestas sociales, junto con la recurrente declaración de estados de excepción desde enero de 2024, varias declaradas como inconstitucionales en todo o en parte por la Corte, son incompatibles con la obligación del Estado de proteger y facilitar el derecho a la manifestación pacífica», dijeron.
Las personas expertas tomaron nota de informes que indican que durante el paro se han registrado al menos 3 personas fallecidas, 282 heridas, 172 detenidas y 15 victimas de desaparición forzada.
La mayoría de estas violaciones de derechos humanos se registraron en Imbabura y Pichincha, dos de las provincias ecuatorianas con mayor población indígena.
Las personas expertas señalaron que las autoridades intentaron asociar el paro nacional con acciones terroristas vinculadas al crimen organizado sin contar con pruebas necesarias. Esa designación supuestamente llevó a la detención de varias personas por delitos de terrorismo, lesiones o instigación.
«Pedimos que se ponga fin al uso indebido de la fuerza; que se abran canales de diálogo genuino, plural y de consulta con la sociedad civil, los Pueblos Indígenas y los movimientos sociales; que se garantice el debido proceso para los detenidos; que se investiguen las denuncias de violaciones de derechos humanos, antes y durante el paro; y que se garantice la rendición de cuentas», dijeron las personas expertas.
«Se debe hacer justicia por las violaciones de derechos humanos que están siendo cometidas, y avanzar en garantías de no repetición”, dijeron.
Las personas expertas han estado en contacto con el Gobierno de Ecuador en relación con estas preocupaciones.
FIN
*Las personas expertas :
- Gina Romero, Relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación
- Cecilia M. Bailliet, Experto independiente sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional
- George Katrougalos, Experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo
- Margaret Satterthwaite, Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados
- Albert K. Barume, Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas
- Carlos Duarte, Shalmali Guttal, Davit Hakobyan, Uche Ofodile, Genevieve Savigny, Grupo de Trabajo sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales
- Pichamon Yeophantong (Presidenta), Damilola Olawuyi (Vice-Presidente), Fernanda Hopenhaym, Lyra Jakulevičienė y Robert McCorquodale, Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanosy las empresas transnacionales y otras empresas
- Margaret Satterthwaite, Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados
- Ben Saul, Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo
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