SANTIAGO (4 de abril de 2022) – Un equipo de ONU Derechos Humanos en América del Sur se reunió recientemente con la representante legal de familias campesinas de Colonia Barbero, Paraguay, para profundizar sobre una causa judicial por titularidad de tierras y la situación de personas defensoras de derechos humanos en la zona.
En el encuentro, realizado de manera virtual el 15 de marzo, la abogada Leticia Almada informó sobre el caso relativo a una donación de 17.343 hectáreas, que beneficiaría a unas 3.500 familias y que aún no ha tenido efecto debido a la judicialización de la causa para determinar la titularidad de las tierras, así como por otras aristas judiciales derivadas del conflicto principal.
Almada expuso que ha sido víctima de hostigamiento, intimidación, amenazas de muerte y uso indebido de acciones en su contra -como un sumario que pretende cesarle la matrícula o suspenderla de ejercer su profesión-, lo que describe como una estrategia para que desista de sus tareas de defensa de derechos humanos, que incluyen la concreción del derecho a la tierra y consecuentemente de la vivienda, alimentación y agua, entre otros.
Por su parte, ONU Derechos Humanos, tras documentar los antecedentes recibidos, señaló que toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos, incluyendo el legítimo ejercicio de su ocupación o profesión, la denuncia de políticas o acciones de funcionarios públicos, la asistencia letrada profesional a otras personas y la comparecencia en juicios.
En este sentido, la Oficina enfatizó la urgencia de que los Estados protejan a las personas defensoras de los derechos humanos, entre quienes también se encuentran abogados/as, jueces y operadores de justicia en general que sean víctimas de actos de amenazas, violencia o intimidación.
Antecedentes
El Estado de Paraguay ha recibido recomendaciones por parte de los mecanismos de protección de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas en relación con la prevención y protección efectivas a personas defensoras de derechos humanos que sean víctimas de actos de amenazas, violencia e intimidación. Véase, por ejemplo, lo indicado por el Comité de Derechos Humanos en 2019, el Comité por la Convención para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer en 2017 -que incluye mención expresa a abogadas en su calidad de personas defensoras de derechos humanos- y en el Examen Periódico Universal de 2021 y 2016.
FIN
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