Por Amerigo Incalcaterra*
Artículo publicado en el diario chileno “La Tercera”, el 9 de febrero de 2015
Los sistemas penitenciarios de América del Sur comparten una serie de problemas crónicos que no han sido enfrentados en forma adecuada ni resueltos por los Estados. En la región, presenciamos constantemente situaciones de violencia carcelaria, que van desde agresiones entre internos –muchas veces con resultado de muerte-, hasta torturas y malos tratos, e incluso homicidios por parte del personal de custodia.
Esta violencia se ve alimentada por la ausencia de una política criminal y penitenciaria, que se traduce en elevados niveles de hacinamiento y condiciones de detención e infraestructura inadecuadas. Esto se relaciona con la falta de medidas alternativas a la privación de libertad, el uso excesivo de la prisión preventiva y las dilaciones de los procesos judiciales. Vemos que en la región se ha perdido el rol resocializador del Estado, y que las cárceles se han transformado en simples depósitos de personas.
Los Estados ya han superado la etapa de los diagnósticos, conocen perfectamente la realidad de sus sistemas penitenciarios y saben bien dónde están los problemas. Ahora, es urgente dar el salto hacia la implementación: los Estados deben crear estrategias amplias y efectivas, y adoptar una política criminal y penitenciaria seria, además de asignar un presupuesto adecuado para esta transformación, lo que también implica aumentar significativamente la remuneración de las y los funcionarios, de acuerdo a sus responsabilidades. En ese desafío, los Estados deberían tener muy en cuenta los estándares y las recomendaciones realizadas por los mecanismos de expertos nacionales e internacionales de derechos humanos.
También es fundamental –y constituye una obligación internacional realizar una adecuada selección y profesionalización de los agentes penitenciarios, y que se incorpore de forma permanente y continua la capacitación en derechos humanos de todos los operadores que tengan relación con personas privadas de libertad, como jueces, funcionarios penitenciarios y policiales, personal de salud, etc.
Por otra parte, los Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura (MNP) son herramientas esenciales para combatir la falta de transparencia en los centros de detención, permitiendo una fiscalización periódica e independiente. Los MNP son entidades autónomas conformadas por expertos independientes, que visitan los centros de detención y, sobre esta base, realizan recomendaciones al Estado. Los MNP pueden proponer medidas concretas para prevenir violaciones de derechos humanos, principalmente la tortura y los malos tratos.
Como varios Estados de la región, Chile se comprometió internacionalmente a crear un MNP, al ratificar en 2008 el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura. Al día de hoy, ese órgano de supervisión no existe. Es de esperar que el país honre este compromiso y establezca prontamente un mecanismo de este tipo, en línea con esta obligación asumida voluntariamente. De los 14 países de América Latina que han ratificado este protocolo, Chile es uno de los dos que no han avanzado en el establecimiento de un MNP.
*Representante Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
