Furukawa Plantaciones del Ecuador C. A. vulneró sistemáticamente los derechos humanos de más de 340 personas, incluidos niños, niñas y mujeres, en su mayoría afrodescendientes. La empresa logró funcionar en la impunidad durante décadas, basando su modelo de negocio en someter a cientos de personas a condiciones de vida y trabajo análogas a la esclavitud.
El caso Furukawa es un doloroso ejemplo de la exclusión social y el racismo en Ecuador, con un Estado que falló en su deber de proteger, fiscalizar y sancionar prácticas empresariales violatorias de la dignidad humana. También nos convoca a reflexionar sobre cómo el modelo económico vigente perpetúa el racismo y la discriminación estructural, marginando a amplios sectores y afectando el ejercicio de sus derechos esenciales.
En Ecuador, al igual que en otros países en la región, persisten las desigualdades socioeconómicas y la pobreza, dando pie a condiciones estructurales de precarización laboral y explotación de poblaciones como las personas afrodescendientes. En tal sentido, Furukawa marca un punto de inflexión en la necesidad de garantizar que las empresas cumplan con su obligación de respetar los derechos humanos y actúen con debida diligencia frente a los impactos de sus actividades.
Hace ya seis meses, el fallo de la Corte Constitucional reconoció la existencia de prácticas análogas a la esclavitud y ordenó medidas de reparación inmediata. Al respecto, las recientes disculpas públicas ofrecidas por el Estado ecuatoriano representan un avance en el reconocimiento de la responsabilidad estatal en la materia.
Sin embargo, urge implementar de forma integral las medidas de reparación ordenadas por la Corte, considerando las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentran las víctimas. A su vez, la empresa debe rendir cuentas por los abusos cometidos y reparar el daño, más aún cuando sus prácticas afectaron a largo plazo la vida, la integridad y la salud de las y los abacaleros, profundizando su vulnerabilidad y exclusión.
Ecuador también debe mostrar avances en la implementación de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos e intensificar sus esfuerzos en materia de política pública, administrativa y legislativa, conforme lo dispuesto por la Corte Constitucional. Ello incluye la adopción de una normativa de debida diligencia en derechos humanos que se alinee con los estándares internacionales, que exija procesos de debida diligencia de manera unificada y determine directrices claras de conducta a las empresas.
La decisión de la Corte Constitucional sobre Furukawa y las disculpas públicas ofrecidas por el Estado ofrecen una oportunidad histórica para que Ecuador enmiende el rumbo. Hacer justicia en un caso de tal magnitud no solo implica una reparación efectiva para las víctimas directas, sino garantizar la no repetición de estos hechos como parte del fortalecimiento del tejido social propio de un Estado de derecho. Como ONU Derechos Humanos estamos disponibles para apoyar a Ecuador en esta tarea.
FIN
Artículo publicado el 14 de junio de 2025 en el diario El Universo de Ecuador.
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