“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos” es quizás la frase más inspiradora del derecho internacional. Pertenece a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que cumple 74 años desde su adopción.
Cimentada en la dignidad y la igualdad, la Declaración precipitó el desarrollo normativo que hoy conocemos como derecho internacional de los derechos humanos. Fruto de su potencial humanizador, grupos históricamente mirados con desdén hoy son protagonistas de sus derechos en tratados e instrumentos contra el racismo, a favor de las mujeres, los pueblos indígenas, las personas con discapacidad, personas LGBTI y tantos otros.
Pero el alcance civilizatorio de la Declaración Universal no se agota en los foros multilaterales. Gracias al compromiso de muchos países, y sobre todo al impulso de las personas defensoras de derechos humanos, el estándar internacional ha catalizado una verdadera revolución en cuanto a la protección jurídica de las personas; sus principios hoy permean tratados regionales, legislaciones nacionales, y más de 90 estados consagran su lenguaje en sus constituciones.
Desde el sur del mundo, Chile ha tenido un rol activo en esta revolución. Mucho se conoce -aunque no lo suficiente- del papel de Hernán Santa Cruz como uno de los redactores de la Declaración Universal de 1948, cuya tenacidad fue clave para consagrar en la declaración los derechos económicos, sociales y culturales.
Representando los valores de la sociedad chilena en un mundo de posguerra, Santa Cruz defendía que los derechos humanos no son concedidos por ningún Estado, sino que derivan del “hecho de existir”. También abogaba por la mejora del bienestar humano y la distribución justa de los beneficios del desarrollo, con participación de las personas en las decisiones que les afectan. Estas convicciones siguen siendo influyentes a nivel internacional: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible reconoce estar basada en la Declaración Universal. También en el Acuerdo de Escazú -que Chile impulsó y al que adhirió en 2022-, en que la participación es pilar para la toma de decisiones ambientales en América Latina y el Caribe; por nombrar algunos ejemplos.
Los principios defendidos por Chile a través de Hernán Santa Cruz siguen enfrentando resistencias, pero parecen resonar más fuerte en tiempos de crisis. Los vaivenes económicos y las secuelas de la pandemia por Covid-19 demostraron que la incapacidad de los estados para responder con un enfoque de derechos agrava los conflictos y las desigualdades estructurales, en desmedro de aquellos tradicionalmente dejados atrás. Por el contrario, los sistemas basados en derechos humanos son los que mejor han protegido a las personas y comunidades, preservando la estabilidad y la cohesión social. Se derriba, una vez más, la falsa dicotomía entre derechos humanos y desarrollo.
En sintonía con los principios defendidos por Chile ante el mundo, en los últimos años la sociedad chilena ha expresado aspiraciones y demandas por más avances en derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; por una economía que ponga al centro a las personas y al planeta, reemplazando los modelos que profundizan la desigualdad y erosionan el tejido social.
Este año, la comunidad internacional escogió a Chile para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (2023-2025), con la votación más alta de la región. Ello, mientras de manera soberana el país continúa dialogando de cara a una nueva Constitución que renueve el contrato social y fortalezca la confianza entre el pueblo y sus gobernantes.
Coincidiendo con los 75 años de esa Declaración Universal -escrita de puño y letra de un chileno-, en 2023 el país puede consolidar su rumbo hacia un futuro más justo y resiliente, promoviendo a nivel doméstico la dignidad e igualdad con la misma convicción que las defiende en el ámbito multilateral. Desde las Naciones Unidas, ponemos a disposición nuestra capacidad técnica y experiencia internacional para acompañar a Chile en esta tarea.
Por María José Torres, coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en Chile, y Jan Jarab, representante de ACNUDH para América del Sur
Artículo publicado originalmente en La Tercera
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