Hace unos días estuvo en Chile la Relatora de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, en una misión oficial donde se interiorizó del funcionamiento de la justicia en el país.
Desde su mirada internacional, a Satterthwaite le parecieron llamativos asuntos como los procedimientos para designar a jueces -en medio de denuncias de tráfico de influencias en el Poder Judicial-, la conjunción de funciones jurisdiccionales y disciplinarias en la Corte Suprema, y la figura de “abogado integrante” del máximo tribunal, que calificó de “obsoleta”. También destacó la información que recibió de distintos actores sobre un trato discriminatorio en la aplicación de la justicia por motivos de origen social, nacional, étnico y otros.
La Relatora no trató estos temas como elementos aislados: los situó en el contexto de la extrema desigualdad socioeconómica en Chile (índice GINI de 0.47, entre los 25 países más desiguales del mundo, con los recursos concentrados por un 1 por ciento de la población), y recordó el innegable vínculo entre la desigualdad y el “estallido social” de 2019.
Pero pese a la evidente simbiosis entre desigualdad e injusticia, en Chile hay sectores que prefieren ignorar que las inequidades están en la raíz del descontento social, e instalar en su lugar la narrativa del desorden. Poniendo a disposición un abanico de métodos y recursos -abundantes en los sectores de poder-, articulan esfuerzos para enmarcar lo ocurrido en 2019 en una ola delincuencial, violenta e irracional, ajena a los problemas reales del país. Y cuyos culpables son siempre “otros”, quienes al ser retratados son de preferencia jóvenes marginalizados, migrantes o mapuches.
La oportuna visita de Satterthwaite ocurrió en medio de escándalos que desnudaron nexos entre grupos privilegiados, políticos y jueces, y con altos funcionarios del Estado bajo investigación. La revelación de estos casos, podríamos pensar, genera un escenario propicio para la toma de consciencia y la implementación de reformas discutidas y pospuestas por décadas. También para una mayor transparencia, más medidas anticorrupción y otras acciones democratizadoras de las instituciones.
Sin embargo, la realidad en Chile parece menos prometedora y, en lugar de rendición de cuentas efectiva y a todo nivel, los señalamientos por parte de varios actores se centran en el “mensajero”. Como si lo inquietante no fueran en sí las escuchas ilegales o el tráfico de influencias entre políticos, jueces y militares, las miradas apuntan a quienes identifican o investigan los vínculos entre corrupción, delito y violaciones derechos humanos, pese a estar cumpliendo de forma correcta un rol imprescindible en cualquier democracia moderna.
En vez de dejarse confundir por la narrativa del desorden, Chile debe combatir a su verdadero enemigo: la desigualdad estructural. Fracasar en esta tarea conduce a un debilitamiento del Estado democrático de Derecho, como hemos visto en varios países latinoamericanos. Ante tal encrucijada, las autoridades deben tomar posición de manera responsable y con altura de miras, respaldando la independencia de jueces y fiscales a través de reformas concretas; y sin caer en la tentación de culpar colectivamente por los problemas del país a ciertos grupos marginalizados.
En este escenario de retóricas en pugna, las observaciones de la Relatora Satterthwaite -quien presentará un informe sobre su visita a Chile ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2025- ofrecen orientaciones valiosas para las autoridades chilenas, a fin de implementar una justicia efectiva y sin discriminación para todas las personas.
Artículo publicado el 16 de agosto de 2024 en CIPER Chile: https://www.ciperchile.cl/2024/08/16/cartas-justicia-desigualdad-y-retoricas-en-pugna/
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