- Portavoz de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos: Liz Throssell
- Lugar: Ginebra
- Tema: Ecuador
Ante las preocupantes noticias provenientes de Ecuador, de que decenas de reclusos fallecieron en una prisión este lunes, reiteramos nuestra profunda alarma por la recurrente violencia carcelaria en el país.
Según las autoridades, al menos 44 personas murieron y más de una decena resultaron heridas luego de que se desataran disturbios en una prisión de la ciudad de Santo Domingo, al norte del país. Según la policía, los disturbios fueron provocados por el traslado de un preso conocido como ‘Anchundia’, vinculado a la banda R7, desde el penal de La Roca, en el suroeste, al penal de Santo Domingo.
La violencia que estalló el lunes es la más reciente en las cárceles del país. Enfrentamientos entre presos de distintas bandas dejaron el pasado 25 de abril 15 heridos en el penal El Inca de Quito. Tres días antes, el 22 de abril, disturbios en el penal N° 2 de Esmeraldas, en la costa norte, dejaron 12 reclusos heridos.
Estos preocupantes incidentes ponen de manifiesto una vez más la necesidad urgente de una reforma integral del sistema de justicia penal, incluido el sistema penitenciario, para hacer frente a lo que ha sido una prolongada crisis en el país. Desde diciembre de 2020 hasta mayo de 2022, al menos 390 personas han sido asesinadas en las cárceles de Ecuador, incluidos unas 20 personas privadas de libertad en el sur del país el 3 de abril.
Hacemos hincapié en que la responsabilidad del Estado por la seguridad de todas las personas bajo su custodia crea una presunción de su responsabilidad por estas muertes y llamamos a una investigación completa de estos incidentes.
En febrero, el presidente Lasso lanzó una política pública de rehabilitación social de las personas privadas de libertad. La nueva política, como señalamos en ese momento, se desarrolló con un importante apoyo técnico de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y en amplia consulta con un grupo representativo de la sociedad ecuatoriana, incluidas las propias personas privadas de libertad y sus familias. Alentamos al Estado a tomar pasos concretos y proporcionar los recursos adecuados para implementar esta política.
Además, hacemos un llamado al gobierno para que examine detenidamente las recomendaciones prácticas destinadas a reducir la violencia, las muertes y las lesiones graves en detención, contenidas en el informe de 2019 de la Alta Comisionada sobre derechos humanos en la administración de justicia (A/HRC/42/20). El gobierno también debería considerar una hoja de ruta propuesta por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) para garantizar la seguridad en las cárceles, mejorar las condiciones de privación de libertad y garantizar una mejor gestión penitenciaria, incluyendo la lucha contra la corrupción. La hoja de ruta también recomienda cambios en las políticas penales para reducir el uso excesivo del encarcelamiento.
ONU Derechos Humanos continuará colaborando con otras agencias de las Naciones Unidas, como parte de nuestro compromiso de apoyar a Ecuador en este desafío urgente, con base en los derechos humanos y en línea con las normas y estándares internacionales.
- Fuente: ONU Derechos Humanos
- Traducción: ONU Derechos Humanos América del Sur
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