(28 de febrero de 2024) – En el marco del 189 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina de ONU Derechos Humanos en América del Sur participó en la audiencia pública sobre el Derecho a la justicia indígena en Ecuador.
La audiencia, solicitada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), contó también con la participación de representantes del Estado.
En el espacio, el Representante Regional de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab, expuso -de forma virtual- sobre los avances y retos para garantizar el derecho de los pueblos y nacionalidades en Ecuador de mantener, desarrollar y reforzar sus propios sistemas jurídicos, en el marco de una adecuada interacción con el sistema de justicia ordinario.
El Representante Regional de ONU Derechos Humanos, los representantes del Estado de Ecuador y la propia CIDH destacaron los hallazgos resultantes del Diálogo de las Américas sobre Pueblos Indígenas y el Acceso a la Justicia, organizado por la Oficina a fines del 2023 en Santiago de Chile, en el contexto de la conmemoración del 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Jan Jarab resaltó el valor de los sistemas de justicia indígena, diversos y dinámicos, en el acceso igual y efectivo a la justicia para todos. “Es muy relevante considerando la situación donde los Pueblos Indígenas, que, entre otros, enfrentan desafìos como la discriminación estructural, incluso en el acceso a la justicia ordinaria, así como el despojo de tierras y ataques contra personas defensoras de los derechos humanos”, señaló.
Al tiempo de reconocer los avances de Ecuador en esta materia, el Representante citó las preocupaciones expresadas por los mecanismos internacionales de derechos humanos y por los y las participantes del mencionado Diálogo Regional. Entre ellos, mencionó la limitada interacción entre los sistemas de justicia ordinario e indígena, la existencia de actitudes discriminatorias y la falta de reconocimiento de la contribución de los sistemas jurídicos indígenas al acceso a la justicia en condiciones de igualdad.
Además, relató las indebidas limitaciones que enfrenta la administración de justicia indígena, así como la falta de recursos necesarios para el ejercicio efectivo de su jurisdicción y la existencia de casos de criminalización. La criminalización de las autoridades de la justicia indígena también fue objeto de particular preocupación y crítica, comentó Jarab.
El Representante finalizó su intervención refiriendo que, en el caso de Ecuador, “garantizar el derecho a la administración de justicia de los pueblos y nacionalidades, en coordinación equitativa con la justicia ordinaria, será un paso seguro en la construcción del Estado intercultural y plurinacional establecido en la Constitución y puede contribuir a derribar las barreras que hoy impiden a los Pueblos Indígenas acceder a la justicia”.
FIN
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