(28 de agosto de 2025) – ONU Derechos Humanos en América del Sur organizó un encuentro con expertos internacionales y representantes de la sociedad civil de la región para intercambiar experiencias e identificar desafíos en la investigación de desapariciones forzada.
La actividad, que se desarrolló en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas que se conmemora el 30 de agosto, contó con más de 70 asistentes y se dividió en tres diferentes paneles.
En palabras de bienvenida al encuentro, que se llevó a cabo de manera virtual el 27 de agosto, Ana Lorena Delgadillo, integrante del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas, destacó la necesidad de que los países desarrollen políticas de búsqueda efectivas y abordó el vínculo entre estas y la persecución penal.
En el primer panel, sobre la búsqueda de personas detenidas desaparecidas en dictadura como política de Estado, Alan García, oficial de la Oficina de ONU Derechos Humanos en México, resaltó que la búsqueda representa una obligación permanente del Estado, mientras que la Relatora sobre Memoria, Verdad y Justica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Andrea Pochak, resaltó que la búsqueda es no solo una obligación de los Estados, sino también un derecho de las familias y que incluye el derecho a la protección de las personas buscadoras.
En el segundo panel, dedicado a la gestión de la información, Luciano Hazan, coordinador del Programa contra la violencia institucional de la Defensoría de Argentina y ex miembro del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas, se refirió a la falta de acceso a los archivos – particularmente de inteligencia – bajo pretextos que no deberían aplicar en casos de graves violaciones de los derechos humanos, por ejemplo, por supuestos riesgos para la seguridad nacional. En tanto, la directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de Uruguay, Alejandra Casablanca, abordó los retos de la digitalización de la información existente para avanzar en la resolución de casos.
Falta de voluntad política y silencio institucional
En el último panel, Natalia Chanfreau, de la agrupación H.I.J.O.S., comentó sobre los impactos intergeneracionales de la desaparición forzada, con los padres hasta los hijos de las víctimas en los procesos de búsqueda, y destacó que las familias no pueden estar satisfechas con pequeños avances, siendo que, en Chile, por ejemplo, tuvieron que esperar 35 años desde el retorno a la democracia para que se anunciara una política pública en la materia.
Varias contribuciones de los panelistas se enfocaron en la necesidad de desarrollar la experticia, incluso en forma de equipos multidisciplinarios. Sin embargo, en la discusión, Luis Fondebrider, ex jefe del Equipo argentino de Antropología Forense, alertó que el problema de fondo y que la solución no es tecnológica, sino que sigue siendo la falta de cooperación de las fuerzas armadas y otras instituciones, así como de voluntad política.
En palabras al cierre, el Representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab, resaltó el vínculo con otros pilares de la justicia transicional, como la justicia, la memoria y las garantías de no repetición, y expresó preocupación sobre el impacto del paradigma militar en la seguridad pública y las desapariciones forzadas. Asimismo, hizo referencia a la importancia de la participación efectiva de las familias y sus organizaciones.
Finalmente, reiteró que la Oficina del Alto Comisionado seguirá estimulando el intercambio de experiencias, la visibilización, la abogacía pública en este tema de máxima relevancia en la región.
FIN
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