SANTIAGO/QUITO (6 de junio de 2023) – Un equipo de ONU Derechos Humanos en América del Sur se reunió con la organización Amazon Frontlines para abordar la situación de la nacionalidad transfronteriza Siekopai, que busca recuperar su territorio ancestral para asegurar su supervivencia física y cultural.
En el encuentro, que se desarrolló de manera virtual, Amazon Frontlines aportó detalles del proceso judicial que la nacionalidad Siekopai inició en 2022 para que se garantice su derecho colectivo a mantener la posesión de su territorio ancestral y corazón espiritual Lagartococha, o Pë’këya, y a obtener su adjudicación gratuita.
El proceso judicial comenzó luego de que una solicitud formal de adjudicación presentada por la nacionalidad al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador en 2017 no prosperara por falta de una norma técnica para adjudicar territorios dentro de áreas protegidas.
Según información recibida por la Oficina, la nacionalidad Siekopai -compuesta por apenas unas 800 personas- ha enfrentado durante la historia varios episodios de importancia contra la soberanía de su territorio ancestral, que cubre unas 42.360 hectáreas.
Primero, durante la guerra entre Ecuador y Perú en la década de 1940 el área fue militarizada y los Siekopai fueron desplazados de su territorio de ambos lados de la frontera. Posteriormente, en 1979, la creación inconsulta en territorio Siekopai de la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno, y en 2008, la entrega de la posesión mediante convenios de uso y manejo a otras comunidades no ancestrales de la zona, les impidió regresar al territorio, por falta de garantías, a pesar de reiterados intentos de la nacionalidad de hacerlo.
La nacionalidad Siekopai presenta alegaciones sobre vulneraciones al derecho a la tierra y al territorio que tradicionalmente han poseído y ocupado, y a la adjudicación gratuita, así como al derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con estas tierras y el derecho a la consulta y consentimiento previo libre e informado.
La cuestión de fondo sobre la propiedad de las tierras ancestrales y su adjudicación se encuentra bajo revisión de un tribunal de segunda instancia, proceso en el que ONU Derechos Humanos en América del Sur participa como entidad observadora.
Tras documentar los antecedentes, la Oficina subrayó que el derecho internacional –incluyendo el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos indígenas– exige a los Estados parte tomar las medidas necesarias para determinar las tierras que ocupan tradicionalmente los pueblos indígenas, asegurar el reconocimiento y la protección jurídica de estas y sus recursos, así como un proceso equitativo en el que se reconozcan debidamente las leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia de la tierra para reconocer y adjudicar sus derechos, así como el derecho a la reparación por las tierras y los territorios que hayan sido tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento libre, previo e informado.
Finalmente, la Oficina señaló que, en cuanto a los Estados que han ratificado los tratados internacionales de derechos humanos, las disposiciones relativas a los derechos sobre la tierra son jurídicamente vinculantes.
FIN
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