28 de octubre de 2021 – “Esa fue la primera vez que me violó”, recuerda Ana Amorós, ahora de 72 años, sobre el día en que un coronel la llevó a su cuartel en la prisión de Uruguay después de que ella se negara a responder a sus preguntas.
Amorós forma parte de un grupo de 28 mujeres ex presas políticas que buscan justicia por las torturas y delitos sexuales perpetrados por el régimen militar que controló Uruguay entre 1973 y 1985.
ONU Derechos Humanos ha documentado numerosas violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura, muchas de las cuales fueron contra mujeres, como torturas, asesinatos y desapariciones forzadas.
Amorós fue encarcelada por pertenecer a un grupo anarquista. La dictadura uruguaya prohibió todos los partidos políticos y sindicatos, por lo que cualquier persona perteneciente a un grupo opositor podía ser detenida.
La desnudaron, la torturaron con una fusta con que azotaban a los caballos y la violaron, explica. Tenía los ojos vendados, pero recuerda que podía sentir que había hombres en la habitación.
“Siempre pensé que … que si un día eso pasaba, lo iba a morder”, dice Amorós. “Lo iba a rasguñar. Le pegaría en los genitales. Pensé que podía defenderme… pero no hice nada, nada”.
Después de la caída del régimen en 1985, las víctimas se vieron impedidas de responsabilizar a los perpetradores por estos crímenes debido a la Ley de Caducidad de 1986, que otorgó total impunidad al personal militar y policial -así como a los civiles que colaboraron- por las violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas durante la dictadura uruguaya.
Pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos derogó esta ley con un fallo emblemático en 2011, lo que significó que la Ley de Caducidad ya no podía detener las investigaciones o denuncias de delitos pasados.
Veinticinco años después, estas mujeres finalmente fueron libres de buscar justicia.
En 2011, 28 mujeres presentaron una denuncia penal ante los tribunales de Uruguay por violencia sexual y violación contra más de 100 personas. Recientemente, en marzo de 2021, presentaron su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Un momento crucial para las víctimas
“Este es el caso de 28 mujeres valientes que denuncian violaciones de derechos humanos que sufrieron por el hecho de ser mujeres”, comentó Jan Jarab, Representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur. “Este es un claro ejemplo de por qué se necesita urgentemente una perspectiva de género en la investigación de este tipo de delitos, pasados y presentes”.
Jarab explicó que ONU Derechos Humanos brindó apoyo a las mujeres en audiencias públicas y ha estado haciendo un seguimiento con las autoridades.
“Inmediatamente después de la audiencia hubo señales de progreso en el caso -las primeras señales de progreso en años-, pero es necesario mantener la atención de toda la comunidad de derechos humanos, no solo de nuestra Oficina, en los desarrollos futuros”, observó Jarab.
Para el jefe de ONU Derechos Humanos en la región, este es un punto de partida para que el gobierno aborde otros problemas que impactan a las víctimas de la dictadura. También espera que las mujeres y otras víctimas de la dictadura se sientan inspiradas para presentar sus denuncias.
Miedo y horror en la cárcel
Ivonne Klingler, una médica jubilada de 72 años, dudaba si compartir su traumática historia de tortura y violación durante sus tres años de detención, tras ocho años en la clandestinidad.
“Lo primero que me pregunté fue si podría hablar de esto”, recuerda. “¿Quién me escuchará? ¿Quién me entenderá?”
En 1973, Klinger fue perseguida por su militancia en el Partido Comunista. En enero de 1982, fue secuestrada por la policía, arrestada y torturada.
“Me metieron en la ducha y escuché a mi alrededor voces de hombres, que eran soldados hablando de lo que me iba a pasar”.
Klingler dice que jamás pensó conocer un mundo tan horrible, donde el objetivo principal era destruir a otro ser humano solo porque pensaba distinto.
“Según los torturadores, cometimos dos delitos graves: éramos mujeres y también militantes”.
El tiempo se acaba
Según Jan Jarab, este caso específico es urgente porque no ha progresado en forma significativa durante una década. Sin embargo, espera un resultado positivo para las víctimas, que incluya justicia y rendición de cuentas para los perpetradores.
Lucy Menéndez, de 67 años, espera que la rendición de cuentas prevalezca. “No podemos morir sin que la gente conozca las atrocidades que ellos nos hicieron, especialmente el abuso sexual”. Pero el tiempo se agota.
“Las víctimas están envejeciendo”, alertó Jarab. “En tales casos, la justicia demorada es justicia denegada”.
Lucía Arzuaga Gilboy, de 62 años, era una estudiante de medicina de 24 años cuando en 1983 fue arrestada por su actividad en la Unión de Juventudes Comunistas y la Asociación de Estudiantes de Medicina. Fue torturada antes de ser enviada a la prisión de Punta de Rieles, relató.
“Han pasado casi 40 años y sigo esperando que se haga justicia y que se reconozca la verdad de lo sucedido en mi país”.
Fuente: ONU Derechos Humanos
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