11 de marzo de 2021 – En su actualización ante el Consejo de Derechos Humanos, la Alta Comisionada aseguró que su oficina ha documentado al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición, incluidos los miembros electos de la Asamblea Nacional de 2015 y sus familiares.
“Al día de hoy, cinco activistas siguen con cargos relacionados con terrorismo y blanqueo de dinero por haber prestado asistencia humanitaria como parte del Plan de Respuesta Humanitaria de Naciones Unidas”.
Bachelet además dijo que han recibido denuncias que individuos que han colaborado con su oficina y con la Misión Independiente han sufrido represalias. “Estamos investigando también estas alegaciones muy graves y en cualquier caso pedimos que cesen inmediatamente y que los responsables sean sancionados”.
Todo esto se produce en un momento en el que la asistencia humanitaria es “esencial”. La Alta Comisionada dijo salario medio en Venezuela estaría por debajo de un dólar al mes, mientras que el precio de la canasta de alimentos ha aumentado un 1.800 % en el último año. Un tercio de los venezolanos estaría en situación de inseguridad alimentaria.
Bachelet también pidió nuevamente que se levanten las sanciones económicas internacionales contra Venezuela y que se facilite el acceso de este país a las vacunas contra el COVID-19.
- Lee la nota completa en el portal de noticias de la ONU en español: https://news.un.org/es/story/2021/03/1489392
Discurso completo ante el Consejo de Derechos Humanos:
Señora Presidenta,
En mi reciente presentación sobre Venezuela ante este Consejo, reconocí las medidas positivas adoptadas por el Gobierno. Seguiremos prestando asistencia técnica.
Continuamos recibiendo denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operaciones de seguridad. A principios de enero, al menos 14 personas habrían muerto durante una operación en el barrio caraqueño de La Vega. Recordando los anuncios de reformas policiales, pido que se realicen investigaciones rápidas e independientes para garantizar la rendición de cuentas, prevenir sucesos similares y poner fin a esta práctica.
Desde septiembre, el acceso a los servicios básicos, como la asistencia médica, el agua, el gas, los alimentos y la gasolina, ya escaseando, se ha visto aún más limitado por el efecto de la pandemia. Esto ha generado protestas sociales y ha agravado la situación humanitaria.
Según algunas organizaciones el salario medio estaría por debajo de 1 dólar estadounidense al mes, mientras se estima que el precio de la canasta de alimentos ha aumentado un 1.800% en el último año. Alrededor de un tercio de los venezolanos estaría en situación de inseguridad alimentaria.
La muerte trágica de al menos 28 migrantes venezolanos en el mar Caribe en diciembre de 2020 fue un recordatorio de las decisiones que algunos se ven forzados a tomar, así como su vulnerabilidad ante las redes de tráfico y trata de migrantes. El Fiscal General denunció prácticas de soborno, corrupción e intimidación a las víctimas.
Saludo las soluciones ad hoc adoptadas para reducir los retrasos judiciales y el hacinamiento en centros de detención. Un país es juzgado por cómo trata a sus más vulnerables, incluidos sus detenidos. Me preocupan los informes sobre muertes en detención a causa de la tuberculosis, desnutrición y otras enfermedades. Garantizar una alimentación y una atención sanitaria adecuadas es crucial para evitar más muertes trágicas como la de Salvador Franco. Reitero mi llamado a la liberación incondicional de todos aquellos detenidos arbitrariamente, y acojo el nuevo acceso de mi Oficina a los centros de detención policial.
En este contexto, la asistencia humanitaria es aún más esencial. Me preocupan las recientes iniciativas para imponer restricciones indebidas a la capacidad de actuación de las ONGs, incluida la congelación de activos. Pido que se reanuden los proyectos suspendidos.
Me inquietan los crecientes signos de reducción del espacio cívico. Desde Septiembre, mi Oficina ha documentado al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición, incluidos los miembros electos de la Asamblea Nacional de 2015 y sus familiares.
Al día de hoy, cinco activistas siguen con cargos relacionados con el terrorismo y el blanqueo de dinero por haber prestado asistencia humanitaria como parte del Plan de Respuesta Humanitaria de Naciones Unidas. Más ONGs siguen siendo investigadas por motivos similares.
Tan solo en el mes de enero se ejecutaron al menos 3 operaciones de registro e incautación en los locales de medios de comunicación. En distintos grados, se incautó equipamiento, se cerraron oficinas, se intimidó al personal y se suspendieron emisiones.
Esto no contribuye a apaciguar las tensiones, sino todo lo contrario. La sola amenaza de detención tiene un efecto paralizante para quienes realizan actividades legítimas y esenciales.
En la jornada electoral de diciembre, mi Oficina documentó al menos 15 casos de intimidación y acoso a periodistas, y se documentaron declaraciones que condicionaban el acceso a los programas sociales al ejercicio del voto. De cara al próximo ciclo electoral, recuerdo a las autoridades su obligación de proteger las libertades fundamentales y garantizar las condiciones para una participación significativa en la vida pública, incluyendo las voces disidentes. El nombramiento del próximo Consejo Electoral Nacional es una prueba para la credibilidad de las próximas elecciones.
Apoyo un diálogo inclusivo para abordar las causas profundas de los retos actuales. Una amplia participación dará fe de su autenticidad y será garante de su éxito.
Gracias.
Fuente: ONU Derechos Humanos
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