El marco internacional de protección de los derechos humanos vigente otorga a las personas de todo el mundo, incluidas las más marginadas y desfavorecidas, la facultad de reclamar sus derechos y obtener reparación. Desde 1948 ha definido la relación entre los Gobiernos como garantes de derechos y los individuos como titulares de tales derechos, configurando así las responsabilidades de los Estados de respetar y proteger los derechos humanos de quienes están bajo su jurisdicción.
Este marco sigue evolucionando, con nuevos tratados y nuevos mecanismos de supervisión, lo que es positivo, ya que fortalece y protege los derechos humanos individuales y aumenta las vías disponibles para que los titulares de derechos obtengan reparación.
Para los Estados, la presentación de informes y la colaboración con los mecanismos internacionales de derechos humanos ofrecen una oportunidad única para la autoevaluación de la situación sobre el terreno, entre otras cosas mediante la recopilación y el análisis de datos, y para el examen de la legislación y las políticas.
Sin embargo, debido a la ampliación considerable del sistema, los Estados se enfrentan a un aumento de los requisitos para la aplicación de las obligaciones derivadas de los tratados, la presentación de informes a los sistemas internacionales y regionales de derechos humanos y el seguimiento de las recomendaciones o decisiones que emanan de ellos. Para cumplir esos requisitos, muchos Estados han adoptado enfoques cada vez más amplios, eficientes y sostenibles de la presentación de informes, la colaboración y el seguimiento mediante el establecimiento de un nuevo tipo de estructura gubernamental, denominada mecanismo nacional de presentación de informes y seguimiento. Los Estados también han contraído públicamente el compromiso de establecer tales mecanismos, especialmente en el contexto del examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos.
La presente Guía Práctica y el Estudio sobre la Colaboración de los Estados con los Mecanismos Internacionales de Derechos Humanos que la acompaña tienen por objeto definir los elementos clave para que un mecanismo nacional de presentación de informes y seguimiento sea eficiente y funcione bien, sobre la base de las diversas prácticas de los Estados, aunque sin llegar a proponer una solución única.
Los mecanismos nacionales para la presentación de informes y el seguimiento son, en potencia, uno de los componentes clave del sistema nacional de protección de los derechos humanos, ya que se incorporarían directamente al contexto nacional las normas y las prácticas internacionales y regionales de derechos humanos. La esencia del proceso de presentación de informes recibe impulso desde el nivel nacional. Los mecanismos nacionales de presentación de informes y seguimiento fomentan la implicación nacional, y además empoderan a los ministerios competentes, mejoran de manera sostenible los conocimientos especializados en derechos humanos, estimulan el diálogo nacional, facilitan la comunicación dentro del Gobierno, y permiten una comunicación estructurada y formalizada con el parlamento, el poder judicial, las instituciones nacionales de derechos humanos y la sociedad civil. Gracias a esa comunicación institucionalizada, también se escucharán cada vez más las opiniones de las víctimas y sus representantes. Por último, los mecanismos nacionales de presentación de informes y seguimiento aumentarían la coherencia y la influencia de la diplomacia de los derechos humanos de cada Estado.
