31 de marzo de 2020 – Ante la crisis del COVID-19, todos somos vulnerables. El virus ha demostrado que no discrimina, pero muchas personas refugiadas, quienes se han desplazado a la fuerza, apátridas y migrantes están en mayor riesgo.
Tres cuartas partes de los refugiados y muchos migrantes del mundo están alojados en regiones en desarrollo donde los sistemas de salud ya están sobrecargados y tienen poca capacidad. Muchos viven en campamentos, asentamientos, alojamientos improvisados o centros de recepción que ya están sobrepoblados, donde carecen de acceso adecuado a servicios de salud, agua potable y saneamiento.
La situación de las personas refugiadas y migrantes detenidas en centros de detención formales e informales, en condiciones insalubres y de hacinamiento, es particularmente preocupante. Teniendo en cuenta las consecuencias letales que tendría un brote de COVID-19, deberían ser liberadas sin demora. La niñez migrante y sus familias, y quienes se encuentren detenidos sin una base legal suficiente deben ser puestos en libertad de inmediato.
Esta enfermedad solo puede controlarse si existe un enfoque inclusivo que proteja los derechos de toda persona a la vida y la salud. Los migrantes y refugiados son desproporcionadamente vulnerables a la exclusión, el estigma y la discriminación, especialmente cuando están indocumentados. Para evitar una catástrofe, los gobiernos deben hacer todo lo posible para proteger los derechos y la salud de todos. De hecho, proteger los derechos y la salud de todas las personas ayudará a controlar la propagación del virus.
Es vital que todos, incluidos todos los migrantes y refugiados, tengan garantizado el mismo acceso a los servicios de salud y se incluyan efectivamente en las respuestas nacionales al COVID-19, incluyendo la prevención, las pruebas y el tratamiento. La inclusión ayudará no solo a proteger los derechos de las personas refugiadas y migrantes, sino que también servirá para proteger la salud pública y frenar la propagación mundial del COVID-19. Si bien muchas naciones protegen y acogen a las poblaciones de refugiados y migrantes, a menudo no están equipadas para responder a crisis como la del COVID-19. Para garantizar que los refugiados y migrantes tengan acceso adecuado a los servicios nacionales de salud, los Estados pueden necesitar apoyo financiero adicional. Aquí es donde las instituciones financieras del mundo pueden desempeñar un papel de liderazgo en la disponibilidad de fondos.
Si bien los países están cerrando sus fronteras y limitando los movimientos transfronterizos, hay formas de gestionar las restricciones fronterizas de una manera que se respeten los derechos humanos y las normas de protección de refugiados, incluido el principio de no devolución, a través de controles de cuarentena y de salud.
Ahora más que nunca, dado que el COVID-19 representa una amenaza global para nuestra humanidad colectiva, nuestro enfoque principal debería ser la preservación de la vida, independientemente del estatus de cada persona. Esta crisis exige un enfoque internacional coherente y efectivo que no deje a nadie atrás. En este momento crucial, todos debemos reunirnos en torno a un objetivo común, luchar contra este virus mortal. Muchas personas refugiadas, desplazadas, apátridas y migrantes tienen habilidades y recursos que también pueden ser parte de la solución.
No podemos permitir que el miedo o la intolerancia minen los derechos o comprometan la efectividad de las respuestas a la pandemia mundial. Todos estamos juntos en esto. Solo podemos vencer a este virus cuando todos y cada uno de nosotros estamos protegidos.
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Fuente: ACNUR
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