El suicidio de una niña de 10 años ocurrido en Australia Occidental a principios de este año fue un dramático recordatorio del problema que afrontan las comunidades indígenas de todo el mundo, dijo la Dra. Hannah McGlade.
“Es una crisis considerable”, afirmó. “Es una epidemia que afecta a las comunidades indígenas. Y es una de las causas de muerte más frecuentes entre los pueblos indígenas. No son muchos los jóvenes que creen que existe un futuro para sus vidas. Es un tragedia absoluta y un problema sanitario”.
La Dra. McGlade, que se especializa en derechos humanos de los pueblos indígenas, dijo que estos hechos apuntan al insidioso alcance de la colonización y al fracaso de los Estados y otros agentes en la prestación de servicios médicos, que son un derecho humano de los pueblos indígenas, especialmente en lo que atañe a los jóvenes.
Esta crisis en materia de cuidados sanitarios para los pueblos indígenas fue el centro de atención de la última reunión del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (EMRIP, por sus siglas en inglés). En la reunión, que tuvo lugar en Ginebra en julio, se discutió y aprobó un informe que contiene un examen exhaustivo del derecho a la salud de los pueblos indígenas, con especial atención a los niños y los jóvenes.
La disponibilidad y el acceso a los cuidados sanitarios constituyen una cuestión de derechos humanos para los pueblos indígenas del mundo, declaró la Dra. McGlade. Cuando las personas no tienen acceso pleno a sus derechos, situación que suele repetirse en el caso de los pueblos indígenas, se producen lagunas en la atención médica. Y los servicios médicos disponibles suelen ser inadecuados desde el punto de vista cultural, porque están alejados de la medicina y los cuidados tradicionales, añadió.
En el informe del EMRIP se afirma que los pueblos indígenas ven bloqueado el acceso a los cuidados médicos a causa de prácticas discriminatorias o de la escasa disponibilidad de servicios sanitarios.
“Los Estados suelen hacerse de la vista gorda ante el racismo en el contexto de la atención médica, incluso cuando hay pruebas múltiples y continuas de que los pueblos indígenas son objeto de un trato discriminatorio”, señala el informe.
En el documento se formulan diversas recomendaciones encaminadas a mejorar el acceso y la calidad de la atención médica que reciben los pueblos indígenas. Entre dichas recomendaciones figuran la elaboración de soluciones de base comunitaria y de medidas para la prevención de conductas de alto riesgo, tales como el suicidio; la desvinculación, a cargo del Estado, de los documentos de identificación y las tarjetas de acceso a la atención médica, en particular las de los niños; y la formación, a también a cargo del Estado, de trabajadores sanitarios indígenas, así como la concesión de licencias a quienes ejercen la medicina tradicional indígena y su integración en los sistemas de atención sanitaria.
La Dra. McGlade dijo que el informe se presentará ante el Consejo de Derechos Humanos en el segundo semestre del año en curso. Además, los participantes en la conferencia de este año difundirán información acerca del informe cuando regresen a sus comunidades respectivas.
“La colaboración en un marco de derechos humanos aumenta la capacidad de promoción, los conocimientos y el compromiso (de las ONG y los Estados)”, afirmó la Dra. McGlade. “Contribuye a mostrar que los pueblos indígenas pueden ser los arquitectos de las soluciones a sus propios problemas. Si no planteáramos el asunto, pues no éste no recibiría la atención que merece”.
De vuelta a Australia Occidental, los suicidios de la niña de 10 años y de otros indígenas han provocado exámenes de conciencia y medidas gubernamentales. El gobierno ha puesto en marcha un programa experimental para facilitar asistencia médica adaptada a los valores culturales indígenas, reducir así el número de suicidios y abordar sus consecuencias en el resto de las comunidades. Asimismo, el gobierno ha asignado una partida presupuestaria de 26 millones de dólares australianos a un proyecto de prevención del suicidio de ámbito nacional. Estos hechos han suscitado un debate a escala de todo el país sobre las causas del fenómeno y, lo que es más importante aún, han generado un esfuerzo orientado a la búsqueda de soluciones.
22 de julio de 2016
Fuente: ACNUDH
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