GINEBRA (22 de abril de 2020) – Las respuestas de muchos Gobiernos a la COVID-19 han tenido efectos devastadores en las personas en situación de pobreza, dijo el Relator Especial de la ONU sobre la pobreza extrema y derechos humanos, Philip Alston. “A pesar de los cambios de política pública, a menudo de largo alcance, y los enormes paquetes de apoyo financiero, las personas más vulnerables reciben menos de lo que deberían o están siendo excluidas.”
“Las políticas de muchos Estados reflejan una filosofía de darwinismo social que prioriza los intereses económicos de los más ricos, mientras hace poco por aquellos que trabajan duro para proveer servicios esenciales o que no pueden mantenerse a sí mismos,” dijo Alston.
La COVID-19 podría empujar a más de 500 millones de personas más bajo la línea de pobreza, advirtió. La Organización Internacional del Trabajo estima que el equivalente a casi 200 millones de trabajos de tiempo completo va a desaparecer en los meses por venir, mientras la pérdida de ingreso podría sumar 3.4 billones de dólares este año.
“Esta es una crisis que afecta de manera desproporcional a las personas en situación de pobreza, quienes son más proclives a tener complicaciones de salud, a vivir con muchas personas en un mismo espacio, a no tener los recursos necesarios para quedarse en casa por largos períodos y a laborar en trabajos que pagan poco, lo cual les fuerza a elegir entre arriesgar su salud o perder su ingreso,” dijo Alston. “En un fracaso moral de proporciones épicas, la mayoría de los Estados están haciendo demasiado poco para proteger a las personas más vulnerables en esta pandemia.”
“Los gobiernos han cerrado países enteros sin hacer el más mínimo esfuerzo para asegurar que las personas puedan sobrevivir,” dijo Alston. “Muchas personas en situación de pobreza viven al día, sin ahorros o almacenamiento de comida. Y, por supuesto, las personas que no tienen vivienda simplemente no pueden quedarse en casa.”
En China, país al que realizó una visita en 2016 y sobre la cual presentó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos, la cuarentena de 60 millones de personas de hecho detuvo los servicios sociales, orillando a las personas en situación de pobreza a valerse por sí mismas.
“Luego de empujar al encierro a millones de personas sin un plan, algunos gobiernos han respondido con violencia, gratuita y contraproducente, hacia personas de bajos ingresos forzándolas a dejar sus casas para sobrevivir,” dijo el Relator Especial.
“Mientras algunos Estados han tomado importantes iniciativas como transferencias de dinero directas, suspensión de desalojos y cobertura de salarios de empleados despedidos, en su mayoría, las medidas de apoyo han sido absolutamente inadecuadas y las poblaciones más vulnerables están siendo descuidadas. Esto es cruel, inhumano y autodestructivo, pues las fuerza a continuar trabajando en condiciones inseguras, poniendo la salud de todas las personas en riesgo.”
En Estados Unidos, país que Alston evaluó en un informe de 2018 presentado ante el Consejo de Derechos Humanos, el paquete de apoyo gubernamental temporalmente expandió los programas para el desempleo, pero excluyó a los trabajadores informales y sin documentos que pagan impuestos.
A pesar de la disponibilidad de opciones alternativas, muchos Estados continúan deteniendo a las personas vulnerables en cárceles, prisiones o centros de detención de migrantes en condiciones de hacinamiento y sin servicios adecuados de salud. Par algunas, esto será una sentencia de muerte.
La COVID-19 también ha expuesto las dramáticas desigualdades entre países. “Mientras algunos Estados ven cómo se aplana la curva de contagios, el coronavirus está por causar estragos en los países más pobres. Los Estados ricos deberían dirigir apoyos a los gobiernos que lo necesitan, suspender o cancelar deuda externa y dejar de monopolizar equipo médico y pruebas de coronavirus,” dijo Alston. “El asalto a la Organización Mundial de la Salud, en un momento en el que la cooperación multilateral es crucial, es tan injustificado como irracional, y es absolutamente autodestructivo,” añadió.
“Esta pandemia ha exhibido la bancarrota de los sistemas de apoyo social en muchos países,” dijo Alston. “Mientras algunos gobiernos han adoptado medidas de largo alcance, previamente desestimadas por supuestamente ser poco realistas, la mayoría de los programas son de corto plazo, medidas provisionales que sólo van a comprar tiempo y no atender los inmensos retos que continuarán en el futuro. Ahora es el momento de llevar a cabo reformas estructurales profundas que protejan a las poblaciones en su conjunto y que ayuden a construir resiliencia de cara a un futuro incierto,” añadió.
FIN
Philip Alston (Australia) inició funciones como Relator Especial sobre la pobreza extrema y derechos humanos en junio de 2014. Como Relator Especial, es parte de lo que se conoce como como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo. Los titulares de mandatos de los Procedimientos Especiales son expertos independientes en derechos humanos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos para abordar situaciones de países específicos o cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. No forman parte del personal de la ONU y son independientes de cualquier gobierno u organización. Actúan a título individual y no reciben un salario por su trabajo.
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