GINEBRA (10 de julio de 2020) – Los gobiernos de todo el mundo deben tomar acciones para proteger y promover la libertad de expresión durante la pandemia de covid-19, de la que muchos Estados se han aprovechado para tomar medidas enérgicas contra el periodismo y silenciar las críticas, dijo hoy un experto de la ONU.
Al presentar su último informe sobre las pandemias y la libertad de opinión y de expresión ante el Consejo de Derechos Humanos, el Relator Especial de la ONU sobre Libertad de Expresión, David Kaye, expresó su profunda preocupación por las nuevas medidas que restringen y castigan el libre flujo de información.
«Personas han muerto porque los gobiernos han mentido, han ocultado información, han detenido a periodistas, han fallado en hablarle a las personas con honestidad sobre la naturaleza de la amenaza, y han criminalizado a individuos bajo el pretexto de ‘difundir información falsa’», expresó el Relator Especial. “Las personas ha sufrido porque algunos gobiernos prefieren protegerse de las críticas que permitir que las personas compartan información, conozcan el brote, y sepan qué hacen o no los funcionarios para protegerlos.
«En los últimos tres meses, numerosos gobiernos han utilizado la pandemia de covid-19 para reprimir la libertad de expresión en violación a sus obligaciones en virtud del marco jurídico de los derechos humanos», dijo Kaye. «Desde los primeros días de la pandemia, he manifestado preocupaciones sobre la represión a la libertad de expresión que tiene un impacto directo en la información de salud pública, incluyendo en países como Bielorrusia, Camboya, China, Irán, Egipto, India, Myanmar y Turquía».
El Relator Especial instó a los gobiernos a abordar cinco desafíos en particular:
• Reforzar el acceso a la información y compartir tanto como sea posible sobre el curso de la enfermedad y las herramientas que las personas deberían utilizar para protegerse a sí mismas y a sus comunidades.
• Poner fin a la práctica de los apagones de internet y otras limitaciones en el acceso a internet.
• Abstenerse de todos los ataques a los medios de comunicación y liberar a todos los periodistas detenidos, ya sea durante o antes de la pandemia, especialmente dados los riesgos para la salud que enfrentan.
• No tratar la llamada infodemia como un problema que la criminalización resolverá. Las sanciones limitan la disposición de las personas a compartir información valiosa y, a menudo, están sujetas a abusos. El gobierno debería trabajar con las empresas de redes sociales, donde se produce mucha desinformación, para garantizar que sean lo suficientemente transparentes para que los gobiernos tomen medidas significativas para promover y proteger la salud pública.
• Asegurar que las medidas de vigilancia de salud pública sean consistentes con los estándares legales fundamentales de necesidad y proporcionalidad y que sean transparentes, no discriminatorias, de duración y alcance limitadas, sujetas a supervisión, y que nunca se utilicen para criminalizar a las personas.
«Estoy más preocupado por los esfuerzos para reprimir la desinformación utilizando herramientas de derecho penal, que probablemente obstaculicen el libre flujo de información, como en Brasil y Malasia», dijo el Relator Especial.
La pandemia ha subrayado cómo la libertad de expresión refuerza las iniciativas de salud pública. Los gobiernos deben garantizar que sus leyes, políticas y prácticas cumplan con sus obligaciones a fin de promover los derechos humanos y la salud pública, dijo el Relator Especial.
FIN
David Kaye es Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.
Los Relatores Especiales son parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor grupo de expertos independientes en el sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo del Consejo que abordan situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todas partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven a título individual.
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