El amanecer del 15 de junio de 2012 encontró a la comunidad campesina de Curuguaty, departamento de Canindeyú, Paraguay, en un estado de tensión acumulada por un conflicto por la tierra. Un operativo policial resultó en una tragedia que marcaría la historia de este país sudamericano.
El caso de “Marina Kue” o masacre de Curuguaty se refiere al choque en el que 17 personas fueron asesinadas: 11 campesinos y 6 policías. La policía entró al territorio con una orden de allanamiento, pero intentó llevar a cabo un desalojo forzado, lo cual llevó a la confrontación.
Hugo Valiente, abogado y defensor de derechos humanos e integrante de organizaciones que acompañaron el caso de la masacre de Curuguaty, dijo que el caso escaló en una semana al ámbito político.
Esto eventualmente condujo a la destitución del presidente Fernando Lugo, contra quien el caso fue instrumentalizado.
Darío Acosta, campesino de la zona y defensor de derechos humanos presenció la masacre.
“El día de la masacre estuve presente con mi familia y con todos los familiares fallecidos y presos de Curuguaty. Y desde entonces formo parte de una comisión para enfrentar este lamentable suceso”, dijo.
Entre las personas fallecidas, había dos hermanos de Martina Paredes, para quien la masacre no solo arrebató vidas, sino que marcó el rumbo de su propia existencia. A Paredes esta injusticia la empuja y le exige continuar con la lucha por justicia.
Desde un inicio, la justicia se inclinó hacia un solo lado.
“Ningún policía fue investigado. Las muertes de los campesinos no fueron investigadas, se asumió que habían sido muertes en ejercicio legítimo de la fuerza”, dijo Hugo Valiente, abogado de derechos humanos.
“Horas después de la masacre ya había una narrativa de una emboscada y el Ministerio Público ajustó las pruebas, incluso en violación del debido proceso, para sostener esa narrativa”, añadió Valiente.
Paredes dijo que muchos compañeros fueron presos a raíz de la lucha por la tierra.
Años más tarde, la presión social y jurídica abrió una rendija de justicia para los campesinos criminalizados por la masacre.
“El juicio fue finalmente anulado por la Corte Suprema de Justicia, los campesinos fueron absueltos y fueron liberados”, dijo Valiente.
La noticia devolvió esperanza a las familias.
“Conseguimos la libertad de los presos y las presas en el caso Curuguaty. Sin culpa y pena. Eso es lo más importante, tener la libertad de estar con la familia”, dijo Paredes.
Pero esto no fue el final de la historia. La absolución tuvo consecuencias.
“Los magistrados que absolvieron a los campesinos fueron objeto de enjuiciamiento. Uno de los magistrados se vio obligado a renunciar y otro recibió una sanción”, dijo Valiente.
La lucha por la tierra y contra la impunidad
“La tierra contaba una historia, que es una radiografía de la historia del Paraguay y de injusticias articuladas alrededor de la desigualdad en la distribución de la riqueza”, dijo Valiente.
La masacre de Curuguaty ocurrió en el marco de un conflicto histórico por la tierra en Paraguay, uno de los países con mayor desigualdad en su distribución. “Marina Kue”, ahora renombrada “San Oscar Romero”, era una finca cuyas tierras originalmente eran propiedad del Estado y destinadas a la reforma agraria.
“El caso Curuguaty es simbólico de muchos otros conflictos por la tierra en Paraguay, en los que campesinos y comunidades indígenas pobres enfrentan el poder conjunto de las empresas agrícolas y el Estado”, dijo Jan Jarab, Representante de la Oficina Regional para América del Sur de ONU Derechos Humanos.
Jarab añadió que estos conflictos a menudo terminan en desalojos forzados de comunidades enteras — una tendencia que se ha incrementado en los últimos años.
“Paraguay es un país latifundista, es uno de los países con la distribución de tierra más desigual que hay en el mundo”, dijo Valiente. “La dictadura [de Stroessner] se apropió y repartió ilegalmente entre sus aliados económicos unos 11 millones de hectáreas de superficie, tamaño similar al de Panamá”.
Al no cumplirse la reforma agraria, muchos campesinos, al verse desposeídos, ocuparon tierras para sobrevivir.
Acosta dijo que defienden la tierra porque para los campesinos y pequeños agricultores la tierra es fundamental.
“Para nosotros la tierra significa pan, significa vida, porque de eso sacamos todo para nuestra vivencia diario“
Darío Acosta, campesino paraguayo y defensor de derechos humanos.
Paredes concuerda.
“Tener tierra quiere decir que tenemos comida, que tenemos techo y que tenemos una comunidad. Eso significa nuestra dignidad, nuestra personalidad y el sustento de cada día de la familia”, dijo Jan Jarab, Representante de la Oficina Regional para América del Sur de ONU Derechos Humanos.
La lucha campesina no terminó en los tribunales. La tierra, raíz de la masacre, seguía siendo el centro de la disputa, pero una década después, ha habido resultados.
“El ochenta por ciento de la tierra ya está legalizado a favor de los ocupantes, a más de 160 personas ya se le ha adjudicado y están pagando su primera cuota para la titulación”, dijo Acosta.
Según Jarab, un hito importante fue la promulgación en 2023 de la Ley que transfiere oficialmente “Marina Kue” a favor de los campesinos.
Los avances en la obtención de tierras contrastan con la falta de justicia.
“Falta todavía también que se investigue quién mató a los campesinos. No sabemos cómo murieron nuestros familiares”, dijo Paredes.
Según Valiente, la esperanza que tienen los familiares de las víctimas es que el caso progrese en el sistema interamericano de derechos humanos.
La perspectiva internacional
La Oficina tuvo un papel relevante al establecer contacto directo con la comunidad, incrementar su visibilidad, y establecer puentes con instituciones estatales clave, tales como el Ministerio de Defensa Pública.
Jarab dijo que esto contribuyó a que finalmente se retiraran los procesos penales contra varios campesinos y a que el problema de fondo de la tierra quedara en gran medida resuelto.
“A través de la ONU se puede también viralizar a nivel mundial nuestro caso. La visita del Representante de ONU Derechos Humanos a nuestra comunidad fue muy importante“
Darío Acosta, campesino paraguayo y defensor de derechos humanos.
Para Valiente, los pronunciamientos de ONU Derechos Humanos sobre el caso y la existencia de instancias internacionales de derechos humanos les permiten romper el cerco y vencer la adversidad ante la falta de justicia a nivel local.
“Solamente unidos podemos lograr nuestros derechos”, dijo Acosta.
FIN
Fuente: OHCHR
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