Según el Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos[1], lanzado hoy en Argentina por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en el que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) ha participado, evidencia que los Estados no han desarrollado las capacidades para responder eficazmente, mediante acciones de prevención y de represión legítimas contra el crimen y la violencia.
El Representante Regional para América del Sur del OACNUDH, Amerigo Incalcaterra, recordó que, según la OEA, América Latina es la región más violenta del mundo en términos de homicidios. Tiene apenas el 8% de la población mundial pero se comenten 40% de los homicidios y 66% de los secuestros extorsivos a nivel mundial cada año.
Incalcaterra sostuvo que: “… un gobierno democrático que tenga un claro compromiso con la gente, y que tenga la convicción de que el poder que le fue otorgado por las y los electores tiene la finalidad de servir a las personas y no a sus propios intereses, debe tener muy claro que la mejor manera de hacer efectivos esos compromisos es respetando, protegiendo y promoviendo los derechos humanos de todas las personas sin ningún tipo de discriminación”.
Asimismo el Representante Regional aclaró que: “los derechos humanos no pueden ser entendidos como obstáculos a la acción gubernamental en labores de seguridad ciudadana sino, por el contrario, deben ser entendidos como referentes que guían la acción de las autoridades y de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y como verdaderos indicadores para medir el desempeño del Estado”. Los derechos humanos hacen posible la vigencia de la seguridad ciudadana a la vez que esta hace viable el respeto a los derechos humanos. Ambos objetivos se refuerzan y nutren recíprocamente en democracia.
Frente a la utilización de militares en tareas de seguridad ciudadana, dijo: “reconozco el dilema al que se enfrentan las autoridades en el cumplimiento de su responsabilidad por proteger, en situaciones donde se desafía a la autoridad del Estado de parte de organizaciones fuertemente armadas. … Sin embargo, utilizar a los militares continúa siendo problemático, pues es fundamentalmente inapropiado en el desarrollo de funciones civiles para hacer cumplir la ley -en cuanto a la capacitación, la filosofía, el equipamiento y las perspectivas”. Por ello, “la atención debe centrarse en dedicar urgentemente los recursos necesarios para fortalecer las instituciones civiles para que trabajen con integridad y profesionalismo”, aseveró Incalcaterra.
Frente al restablecimiento del orden ante una situación de disturbio o conflicto social, sostuvo que: “las intervenciones de las fuerzas del orden han dejado una estela de abusos y atropellos inadmisibles. Es indudable que cuando el orden público es quebrantado, es debido restablecerlo. Empero, todas las medidas de restablecimiento del orden deben ser compatibles con los derechos humanos, en especial con el respeto a los derechos a la vida, a la integridad, la libertad y la seguridad personal. Importante es, además, insistir que la intervención del Estado no debe criminalizar la protesta social”.
Ante las declaraciones de estado de excepción o de emergencia, Incalcaterra recordó que “… los Estados Partes deben justificar escrupulosamente no sólo su decisión de proclamar el estado de excepción sino también las medidas concretas que adopten sobre la base de esa declaración. Si los Estados se proponen invocar el derecho a suspender obligaciones contraídas en virtud del Pacto, deben poder justificar no solamente que la situación constituye un peligro para la vida de la nación, sino también que todas las disposiciones que suspenden la aplicación de disposiciones del Pacto son estrictamente necesarias según las exigencias de la situación”.
Finalmente, recomendó a los gobiernos de la región a tomar en cuenta el Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos y en especial sus recomendaciones en la medida que estas orientan al establecimiento de una política de seguridad ciudadana en pleno respeto a los derechos humanos.
Para mayor información sobre el informe, contacte a María Isabel Rivero, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Tel. +1 202 458-3867 [email protected]).
Para la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, favor contactar a Jennifer Ross Laguna (Tel. +562 654-1037)
