Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias – Misión a Ecuador

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GE.11-13108 (S) 230511 250511

Consejo de Derechos Humanos

17º período de sesiones

Tema 3 de la agenda

Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo

Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Philip Alston

Adición

Misión al Ecuador* **

Resumen

El Gobierno del Ecuador, bajo la Presidencia de Rafael Correa, ha emprendido reformas de largo alcance para mejorar la protección de los derechos humanos, como la renovación constitucional, la reforma de las prisiones, un aumento del gasto en el sector judicial y en la protección de testigos, e iniciativas sociales y económicas para mejorar la situación de los ciudadanos más desfavorecidos. Muchos ministros están firmemente comprometidos con la causa de los derechos humanos. Sin embargo, el Ecuador tiene grandes problemas en lo que respecta a las ejecuciones extrajudiciales. La tasa de homicidios se ha disparado en los últimos veinte años. El Gobierno ha adoptado medidas importantes para comenzar a abordar el problema de los sicarios, pero es necesario poner fin con urgencia a la práctica por la cual la policía y los fiscales se abstienen con frecuencia de investigar seriamente los casos en que la víctima tiene antecedentes policiales. * El resumen del presente informe se distribuye en todos los idiomas oficiales. El informe, que figura en el anexo del resumen, se distribuye únicamente en el idioma en que se presentó y en español. El apéndice II del anexo se reproduce como se recibió, en el idioma en que se presentó únicamente. ** Documento presentado con retraso. Naciones Unidas A/HRC/17/28/Add.2 Asamblea General Distr. general 9 de mayo de 2011 Español Original: inglés A/HRC/17/28/Add.2 2 GE.11-13108 En el norte, el conflicto de Colombia se ha desbordado ahora hacia el Ecuador. El número de grupos armados ilegales que operan en la frontera ha aumentado considerablemente. Esos grupos han cometido actos de maltrato físico y homicidios de civiles. Las fuerzas armadas del Ecuador han tenido dificultades para reprimir a estos grupos, y en algunas zonas parecen no poder o no querer hacerlo. Por otra parte, también ha habido casos de malos tratos de civiles a manos del ejército. Se ha dado gran cobertura a homicidios que, según los medios de comunicación y según funcionarios públicos, se han debido a la aplicación de la justicia indígena. Sin embargo, el Relator Especial no encontró prueba alguna de la comisión de ese tipo de homicidios en los últimos años. Los informes que indican lo contrario confunden la justicia formal aplicada con arreglo a las tradiciones indígenas, con los linchamientos, que son ataques arbitrarios y vengativos contra un sospechoso de haber cometido un delito. El linchamiento, la limpieza social y los abusos perpetrados por las juntas rurales constituyen problemas graves en algunas partes del país, pero estos son fenómenos sobre los que se informa poco y que no se han estudiado suficientemente. La impunidad es una causa importante y un factor agravante de todos estos tipos de homicidios. La policía y los fiscales no cuentan, en muchos casos, con la formación y los recursos que necesitarían tener. Los testigos a menudo desconocen el programa de protección de testigos, o desconfían de él. Los tribunales son lentos. La corrupción y las amenazas son comunes en el sistema de justicia penal, y distorsionan la «justicia», en favor de los violentos, los ricos y los poderosos. La Comisión de la Verdad del Gobierno, que examinó las violaciones cometidas entre 1984 y 2008, constituye un importante golpe a la impunidad. Aunque algunos han cuestionado su composición y su independencia, la Comisión acumuló una cantidad inestimable de información sobre las violaciones perpetradas. Ahora es fundamental que se adopten las medidas correspondientes. Para muchos de los que se ocupan de los derechos humanos a nivel internacional, el Ecuador es en gran medida terreno desconocido. A causa de ello, este país recibe escasa asistencia humanitaria, y son pocas las actividades de vigilancia y promoción que se realizan en él. En las reuniones con altos funcionarios celebradas al término de su misión, el Relator Especial encontró gran receptividad a sus recomendaciones y conclusiones preliminares. En vista del compromiso general del Gobierno con la promoción de los derechos humanos, el Relator Especial confía en que las reformas recomendadas en el presente informe serán objeto de una atenta consideración. A/HRC/17/28/Add.2 GE.11-13108 3 Anexo Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Philip Alston, acerca de su misión al Ecuador (5 a 15 de julio de 2010) Índice Párrafos Página I. Homicidios en la frontera entre el Ecuador y Colombia ………………………………….. 1–18 5 A. Aumento de la violencia de los grupos armados ilegales …………………………. 2–12 5 B. Violaciones cometidas por las fuerzas armadas ……………………………………… 13–18 8 II. Homicidios y sicarios…………………………………………………………………………………. 19–33 9 III. Homicidios cometidos por la policía…………………………………………………………….. 34–38 12 IV. Limpieza social …………………………………………………………………………………………. 39–42 13 V. Juntas rurales…………………………………………………………………………………………….. 43–51 14 VI. Confusión entre la justicia indígena y los casos de linchamiento ……………………… 52–59 16 A. Linchamientos …………………………………………………………………………………… 53–55 16 B. Justicia indígena ………………………………………………………………………………… 56–59 16 VII. Amenazas a los defensores de los derechos humanos……………………………………… 60–64 17 VIII. Impunidad ………………………………………………………………………………………………… 65–90 18 A. Investigaciones policiales y servicios forenses……………………………………….. 66–70 18 B. La fiscalía …………………………………………………………………………………………. 71–75 19 C. Los tribunales y el poder judicial………………………………………………………….. 76–77 20 D. La protección de los testigos ……………………………………………………………….. 78–82 20 E. Los defensores del pueblo …………………………………………………………………… 83–84 21 F. La Comisión de la Verdad…………………………………………………………………… 85–90 21 IX. Recomendaciones ……………………………………………………………………………………… 91–111 22 A. Policía nacional …………………………………………………………………………………. 91–94 22 B. Sicarios …………………………………………………………………………………………….. 95 23 C. Protección de testigos …………………………………………………………………………. 96–98 24 D. Abusos en la frontera norte………………………………………………………………….. 99–103 24 E. Comisión de la Verdad ……………………………………………………………………….. 104–105 24 F. Linchamientos y justicia indígena ………………………………………………………… 106–108 25 G. Juntas rurales …………………………………………………………………………………….. 109–110 25 H. Comunidad internacional…………………………………………………………………….. 111 25 A/HRC/17/28/Add.2 4 GE.11-13108 Apéndices I. Programa de la visita………………………………………………………………………………………………………… 26 II. Observaciones del Gobierno del Ecuador sobre la versión anticipada, sin editar, del informe…….. 27 A/HRC/17/28/Add.2 GE.11-13108 5 I. Homicidios en la frontera entre el Ecuador y Colombia 1. El alcance de la delincuencia organizada, la guerrilla y la violencia estatal en la frontera norte del Ecuador es poco conocido. Al otro lado de la frontera, en Colombia, estas cuestiones suscitan gran atención nacional e internacional. Aunque el grado de violencia es mucho mayor en ese país, el conflicto se ha desbordado claramente hacia el Ecuador, con consecuencias sumamente negativas para quienes viven en las provincias de Sucumbíos y Esmeraldas. Los civiles son objeto de hostigamiento, del cobro de impuestos ilegales y de robos y violencia por parte de una serie de agentes no estatales, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ex paramilitares y narcotraficantes. Los civiles también sufren violencia a manos de las fuerzas del Estado. El Relator Especial agradece las observaciones sobre el presente informe recibidas del Gobierno del Ecuador en abril de 2011. Los cambios propuestos en los datos se han efectuado, y el texto íntegro de las observaciones se ha incluido como apéndice II. A. Aumento de la violencia de los grupos armados ilegales 2. La provincia fronteriza norte de Sucumbíos está infiltrada por las FARC desde hace mucho tiempo, pero hasta hace poco tenía una escasa presencia del Estado o de otros grupos armados ilegales. El control de las FARC se traducía en graves violaciones de los derechos de los civiles, como se describe a continuación. Pero la existencia de un único grupo armado tenía, por lo menos, un efecto positivo: la escasa competencia entre agentes armados por el control de los recursos, lo que reducía al mínimo los costos que esa competencia normalmente entraña para los civiles. 3. Desde comienzos de 2008, sin embargo, la presencia de agentes armados ha aumentado y se ha diversificado, la dinámica del control se ha vuelto inestable y la seguridad de los civiles se ha deteriorado. A medida que los esfuerzos de Colombia por combatir los grupos armados ilegales han arrinconado a estos en las zonas marginales de Colombia, el cruce al Ecuador se ha vuelto cada vez más frecuente. Además, tras un ataque aéreo de Colombia a una base de las FARC en Sucumbíos realizado en marzo de 2008, la presencia militar del Ecuador en la zona aumentó considerablemente. Esta presencia fue acogida favorablemente por muchos civiles, cansados de la falta de seguridad. Sin embargo, uno de los efectos de la mayor presencia del Estado ha sido la dispersión de los campamentos de las FARC y el aumento de los miembros de estas que han optado por vivir entre los civiles a fin de ocultar su presencia a los militares. Esto ha incrementado las oportunidades de las FARC de cometer violaciones y ha complicado el papel de los civiles en la estrategia de lucha contra las FARC que aplica el ejército. 4. Testigos, funcionarios del Gobierno e interlocutores que trabajan en estrecho contacto con las poblaciones afectadas describieron las diferentes causas por las que los nuevos grupos delictivos entran al Ecuador. Esos grupos cruzan las fronteras para obtener bienes, traficar con drogas y armas, o escapar por un tiempo a la intensidad del conflicto en Colombia. Los grupos armados ilegales tienen bases en el Ecuador, donde los militares han encontrado armas y explosivos. La provincia de Sucumbíos, en particular, resulta muy atractiva para esos grupos debido a la facilidad con que se puede cruzar la frontera, la existencia a lo largo de ella de numerosas aldeas que constituyen una fuente constante de alimentos, información y trabajo forzoso, la presencia de carreteras importantes que cruzan la provincia, así como de un aeropuerto grande para aviones de pasajeros y de mercancías, y la existencia de una gran ciudad que proporciona suministros, atención de salud y la posibilidad de esconderse fácilmente. A/HRC/17/28/Add.2 6 GE.11-13108 5. El aumento del número de grupos armados ilegales en el Ecuador ha traído aparejada, inevitablemente, la competencia por esos recursos. Las consecuencias para los civiles han sido desastrosas. Los grupos obligan a los civiles a «cooperar» con ellos: deben pagar impuestos, proporcionarles comida y albergue, esconder armas, fabricar uniformes y facilitarles información sobre las actividades de otros grupos armados y agentes estatales. En algunos casos, los grupos también reclutan forzosamente a civiles, incluidos menores de edad, para el combate. Los grupos consiguen el control simplemente por ser la única presencia armada en la zona, o bien, cuando no existe una presencia estatal, obtienen también cierto apoyo de la comunidad por ser el único grupo capaz de mantener un nivel básico de orden y seguridad. Los grupos recurren asimismo a la amenaza para asegurarse la cooperación de los civiles, y castigan con malos tratos a quienes se niegan a cumplir con sus exigencias. 6. La violencia ha afectado de manera particular a los ecuatorianos de las zonas rurales, los grupos indígenas y los colombianos desplazados. Una mujer residente en una zona rural explicó que las FARC, que tenían el control de hecho en su zona, forzaban a los residentes a pagar «impuestos» sobre el maíz que vendían, castigaban los delitos comunes (como el robo) y obligaban a su familia a proporcionar alimentos a la guerrilla. También declaró que los dos hijos de sus vecinos habían sido secuestrados por las FARC como combatientes. Interlocutores que trabajan con la población de refugiados colombianos en Sucumbíos señalaron que la población de esa provincia había crecido considerablemente en los últimos años, pasando de un promedio de 2 nuevos solicitantes de asilo por día en 2007-2008 a entre 50 y 60 por día en 2010, y que esas personas eran un blanco fácil para los abusos cometidos por los grupos armados ilegales y por el Estado1 . Además, grupos indígenas residentes a lo largo de la frontera han sido mantenidos en cautiverio, expulsados de sus tierras o utilizados para el trabajo forzoso2 . 7. Cuando los grupos armados compiten entre sí por la influencia sobre la población civil, se vuelve cada vez más difícil para los civiles satisfacer los intereses de los diversos grupos. El hostigamiento de que son objeto aumenta rápidamente con los intentos de cada grupo de hacerse con el control. Los abusos se han visto también agravados por los casos de civiles que han utilizado la violencia de los grupos armados para sus fines personales. Así, algunos interlocutores señalaron que uno podía deshacerse de un enemigo personal (por ejemplo de un vecino con el que tuviera una controversia por tierras) acusándolo ante el grupo paramilitar local de apoyar a la guerrilla. 8. Para poder realizar sus actividades ilegales, los grupos armados tienen que controlar la población y las rutas de transporte, lo que a su vez ha conducido a actos de «limpieza social» y altas tasas de homicidio en algunas ciudades fronterizas. En algunas ciudades, la tasa de homicidios es superior a 100 por 100.000 habitantes, lo que sitúa a estas zonas entre las más peligrosas del mundo3 . Numerosos interlocutores citaron el macabro ejemplo de Puerto del Carmen, un pueblo de unos 4.000 habitantes que en los últimos dos años ha 1 Me preocupó, en particular, la información de que una lista preparada por las fuerzas armadas ecuatorianas en que se daban los nombres de unos 430 colombianos residentes en la zona fronteriza norte que supuestamente apoyaban a grupos armados ilegales o colaboraban con ellos era de dominio público. La publicación de esta lista hace que sea enormemente fácil que los agentes armados se ceben en esas personas. Según una fuente fidedigna, varios de los que figuraban en la lista eran refugiados colombianos injustamente acusados de actividades ilegales. Algunos habían tenido que ser trasladados urgentemente a otras zonas. 2 La Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa de Sucumbíos proporcionó información detallada sobre el desplazamiento interno de indígenas. En varias ciudades fronterizas el número de familias indígenas había disminuido drásticamente entre 2000 y 2008. Por ejemplo, en Puerto Mestanza la población había pasado de 86 a 4 familias. 3 Entre los países que han notificado las tasas de homicidios más altas se cuentan Colombia (61 en 2002), Sudáfrica (49,6 en 2002) y el Brasil (30,4 en 2002). A/HRC/17/28/Add.2 GE.11-13108 7 tenido de 1 a 3 asesinatos por semana. Los interlocutores no entienden cómo ha podido reinar por tanto tiempo esa inseguridad extrema, siendo así que en las cercanías hay un batallón del ejército, una comisaría y una presencia naval. Aunque es sin duda difícil poner freno a esa violencia, parece haber, de parte de las autoridades, una total falta de voluntad de combatir la delincuencia en el pueblo. 9. De hecho, en toda la región norte fue difícil hacerse una idea clara de la eficacia de la respuesta de la policía y el ejército ecuatorianos a los grupos armados ilegales. Las estadísticas facilitadas por oficiales militares no son fáciles de conciliar entre sí. Por un lado, entre 2007 y 2009 el número de efectivos en la región se cuadruplicó. El número de operaciones militares se incrementó sustancialmente, pasando de apenas 22 en 2007 a 248 en 2009. La información proporcionada por el ejército también indica un rápido aumento de las «instalaciones clandestinas» de grupos armados descubiertas: 12 en 2005, 47 en 2007 y 156 en 2009. 10. Por otra parte, muy pocos miembros de esos grupos han sido detenidos o muertos. Oficiales militares de Sucumbíos facilitaron información sobre tan solo cuatro incidentes en que habían muerto miembros de esos grupos4 . Se me informó también de la muerte de cinco miembros del ejército ecuatoriano durante el mismo período5 . Los oficiales me dijeron que en 2010 habían capturado a solo tres miembros de grupos armados. Cuando pregunté a los jueces por los casos de tráfico de drogas, me respondieron que, aunque estimaban que el 30% de las causas que veían en Sucumbíos se relacionaban con drogas, los cargos solían ser solo por posesión de pequeñas cantidades. Rara vez ocurría que se enjuiciara a un narcotraficante importante. 11. La reducida tasa de bajas de los grupos armados resulta sorprendente en vista de la importante presencia militar que intenta reprimir a los grupos delictivos violentos. Podría considerarse una indicación positiva de que los militares están combatiendo esa violencia sin recurrir a los tipos de homicidios ilegales que se ven en otros países. Pero esta explicación no se sostiene realmente, ante la bajísima tasa de muertes de militares, los pocos casos de arresto de miembros de los grupos armados ilegales a pesar de la extensa actividad de esos grupos, la mayor presencia del ejército, el gran número de instalaciones encontradas y la necesidad urgente de proteger a los civiles en la región. Los oficiales no dieron una explicación satisfactoria de por qué la tasa de arrestos era tan baja. Algunos interlocutores señalaron que en parte se debía a los elevados niveles de infiltración de los grupos armados en las comunidades, que les permitían esconderse y eludir la captura obteniendo información sobre los movimientos de las tropas. Otros interlocutores, algunos de ellos oficiales de la policía, indicaron que en algunas zonas las fuerzas de seguridad simplemente cerraban los ojos ante la actividad de los grupos armados, por miedo o porque eran sobornados, y que a veces incluso participaban en el narcotráfico. 12. La impunidad por los diversos delitos de los grupos armados se describió como un fenómeno «generalizado». Los testigos tenían normalmente demasiado miedo a las represalias para presentar una denuncia oficial. Además, por lo general no creían que la policía pudiera o quisiera adoptar realmente alguna medida al respecto. 4 Esas muertes (que me fueron notificadas como «muertes en combate») se produjeron el 10 de octubre de 2008, el 13 de marzo de 2009, el 18 de enero de 2010 (tres personas) y el 18 de abril de 2010 (dos personas). 5 El 30 de enero de 2008 (dos personas), el 3 de febrero de 2009 (una persona) y el 25 de marzo de 2009 (dos personas muertas durante una operación de rescate). A/HRC/17/28/Add.2 8 GE.11-13108 B. Violaciones cometidas por las fuerzas armadas 13. Las violaciones más comunes de las normas de derechos humanos cometidas presuntamente por las fuerzas armadas caen fuera del alcance de mi mandato. Comprenden el allanamiento de morada, robos y actos de humillación pública (como el hecho de forzar a las personas a desnudarse en público). Estos abusos parecen ser comunes y quedan impunes. Fui informado también de varios casos graves de tortura y violencia sexual, incluidos casos de violaciones y de aplicación de ají en el cuerpo de las víctimas. 14. También recibí información sobre varios homicidios cometidos por el ejército. Un caso emblemático ilustra los problemas que existen. Se trató de la muerte de un ecuatoriano y dos colombianos, ocurrida el 18 de enero de 2010. El incidente comenzó cuando el ejército se encontró con tres hombres que viajaban en una piragua. Los militares sostuvieron inicialmente que los hombres vestían el uniforme de las FARC, pero más tarde la historia cambió y se dijo que llevaban ropa oscura o de camuflaje. El ejército sostiene que cuando les ordenaron detenerse, abrieron fuego en su contra. Los soldados respondieron disparando a su vez. Los oficiales declararon que después de eso la piragua se había alejado. Posteriormente se supo que dos de los hombres habían muerto en el acto, y el tercero había sucumbido a las heridas mientras era transportado río abajo por algunos civiles, que intentaban ayudarlo. 15. Varios elementos de este caso hacen que la versión del ejército resulte sospechosa. En parte, cuesta comprender por qué tres guerrilleros se habrían encontrado en un bote, a plena luz del día, en un río que se sabía que estaba patrullado (interlocutores informados observaron que eso habría sido excepcionalmente raro); por qué los militares no persiguieron la piragua; cómo pudo una sencilla embarcación fluvial alejarse así de una patrulla militar, o por qué los militares no recuperaron los cuerpos. El testimonio de los testigos civiles, si es exacto, explica muchas de estas anomalías. Los testigos indicaron que los hombres eran civiles, no uniformados, que no estaban realizando ninguna actividad sospechosa y que no abrieron fuego contra los militares. Cuando realicé mi visita, estaba en curso la investigación del incidente. Sin embargo, los testigos y los familiares de los muertos estaba siendo objeto de presiones para que no testimoniaran. Una testigo me dijo que había recibido una llamada en que se le había advertido de que si llevaba adelante la causa acabaría muerta. Al parecer, algunos de los responsables de la investigación también han recibido amenazas. Esas amenazas parecen ser comunes cuando hay oficiales involucrados: en otros casos similares de graves violaciones presuntas de los que fui informado, testigos, familiares y organizaciones no gubernamentales (ONG) habían recibido ofertas de dinero y amenazas para que abandonaran las causas. 16. Los informes de violaciones cometidas por las fuerzas de seguridad en Sucumbíos han aumentado considerablemente desde mediados de 2009. Algunos interlocutores sugirieron varias razones que podrían explicar este aumento. Por una parte, se dijo que podía deberse a la rápida militarización de la región y al mayor número de soldados que patrullaban la zona, lo que, de por sí, aumentaba las oportunidades de cometer abusos. Algunos expertos también señalaron que las fuerzas militares no siempre estaban bien preparadas y no tenían gran experiencia en el combate, la contrainsurgencia u otras tareas sobre el terreno. No sabían cuál era el mejor modo de proteger o incluso de tratar a los civiles en ese complejo entorno en que había múltiples agentes armados. Eso explicaba en parte los casos en que, por ejemplo, víctimas que habían sido forzadas por las FARC a proporcionar alimentos a los guerrilleros habían sido luego interrogadas por el ejército, acusadas de ser seguidoras de las FARC, y hostigadas o golpeadas. 17. Un elemento importante es que algunos interlocutores afirmaron que una de las causas del aumento de las violaciones notificadas había sido un cambio ocurrido en los más altos mandos del ejército en la región. Antes, las relaciones del ejército con las A/HRC/17/28/Add.2 GE.11-13108 9 comunidades eran en su mayor parte positivas y los oficiales se preocupaban de inspirar confianza. Ahora, sin embargo, los militares dedicaban, al parecer, mucho menos tiempo a compartir con miembros de la comunidad y se habían vuelto más antagonistas y agresivos. La confianza de la comunidad había disminuido, lo que había privado al ejército de la información que antes obtenía de los civiles y reducido así su capacidad de disponer de importante información de inteligencia. A fin de compensar esta pérdida, los militares empleaban tácticas abusivas para obligar a los civiles a proporcionar información. 18. Las relaciones del ejército con la sociedad civil y los agentes humanitarios también se han deteriorado con el cambio en los altos mandos. El apoyo a la sociedad civil ha mermado y hay casos de obstrucción en los puestos de control del ejército, acoso de activistas y redadas de los locales de ONG. La cooperación se ha deteriorado aún más tras los intentos de la sociedad civil de obtener justicia para las víctimas de los abusos del ejército dando publicidad a los incidentes y abogando por el enjuiciamiento de los soldados. II. Homicidios y sicarios 19. La tasa de homicidios en el país se ha disparado en los últimos veinte años, llegando casi a duplicarse al pasar de 10,3 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1990 a 18,7 en 2009. Se prevé que en 2010 esa tasa será aún mayor; en los cinco primeros meses del año se registró un aumento del 7,39% respecto del mismo período en 20096 . Ese incremento se atribuye a diversos factores, entre otros una mayor actividad de la delincuencia organizada, el aumento del tráfico de drogas, las elevadas tasas de uso indebido de drogas y alcohol y la inseguridad económica. La ineficacia de la policía, la situación de inseguridad pública y las deficiencias del sistema de justicia penal han hecho que los particulares recurran al asesinato con casi total impunidad. 20. El uso de sicarios para llevar a cabo asesinatos ha suscitado mucha atención en los medios de comunicación y es un fenómeno que tiene atemorizada a la población. Estos asesinatos suelen ser cometidos por hombres enmascarados que trabajan solos o en pequeños grupos y disparan a sus víctimas desde una motocicleta en marcha. Los asesinos rara vez son identificados y casi nunca capturados. 21. Me reuní con muchos funcionarios, expertos y testigos para tratar de comprender la dinámica y las causas de este fenómeno. Los asesinatos contratados no son nuevos en el Ecuador; en los años ochenta y noventa se produjeron numerosos casos por motivos políticos. Sin embargo, el alcance y la naturaleza del problema han cambiado significativamente en los últimos años. Aunque el sensacionalismo de los medios ha exagerado la escala del problema, es evidente que el número de asesinatos contratados ha aumentado notablemente. Se recurre cada vez más a estos para «resolver» asuntos personales y profesionales, así como problemas relacionados con el narcotráfico y la delincuencia organizada7 . Se estima que entre el 11% y el 14% de los homicidios ocurridos en 2010 fueron asesinatos contratados, lo que supone alrededor de 450 asesinatos por año. Ello ha contribuido significativamente a aumentar la tasa de homicidios. 22. Al analizar el problema, es importante distinguir entre asesinos a sueldo «profesionales» y no profesionales. Estos últimos están poco entrenados, son relativamente baratos y por lo general se utilizan en los conflictos intrafamiliares o entre vecinos. Esos conflictos por motivos personales son actualmente una de las principales causas de la 6 De 1.136 homicidios entre enero y mayo de 2009 a 1.220 en los mismos meses de 2010. En algunas provincias las tasas son significativamente más altas. En 2009, las provincias con tasas de homicidio más elevadas fueron Esmeraldas (62,40), Sucumbíos (44,39) y Santo Domingo (38,5). 7 La delincuencia organizada es un problema cada vez más grave en el Ecuador. Según la información recibida, hay más de 700 bandas, muchas de las cuales operan desde Guayas y Pichincha. A/HRC/17/28/Add.2 10 GE.11-13108 contratación de asesinatos. Las deficiencias del sistema de justicia contribuyen de manera importante a que se contrate a sicarios en esas circunstancias. Las personas creen que tomarse la justicia por su propia mano resulta más eficaz que recurrir a la policía y los tribunales para «resolver» un conflicto. Ello se ve propiciado por la alarmante facilidad con la que un particular puede encontrar a un asesino. En muchas ciudades hay lugares (por ejemplo algunos bares) en que se sabe que pueden contratarse fácilmente. También hay asesinos que publicitan abiertamente sus servicios en Internet. Pueden ser relativamente baratos: según las estimaciones de la policía, su sueldo oscila entre 200 y 10.000 dólares, dependiendo de la víctima, de la «habilidad» y la reputación del asesino y de lo complicado que sea el asesinato. Otras fuentes señalaron que en algunas zonas se podía contratar a asesinos por tan solo 20 dólares. Según fuentes policiales, los asesinos son en su mayoría hombres sin instrucción y sin empleo (incluso, en algunos casos, menores de edad). Pueden ser contratados por organizaciones delictivas, asociarse en pequeños grupos informales o actuar de manera independiente. Dada la impunidad casi absoluta con que operan, hacerse sicario ha llegado a ser una opción de carrera atractiva para algunas personas que de otro modo serían pobres y desempleadas, lo que ha impulsado el aumento del número de asesinos disponibles y baratos. 23. Los sicarios más profesionales y por lo tanto más caros son contratados con frecuencia por un «autor intelectual» que paga a un intermediario para que organice el golpe. Los sicarios y los intermediarios suelen estar asociados a grupos de delincuencia organizada y a veces cometen asesinatos políticos. Antes, muchos asesinos profesionales eran extranjeros, pero ahora se recurre cada vez más a asesinos locales. También me llegaron pruebas de que algunos policías y ex policías han trabajado como sicarios. Dada la naturaleza del «negocio» de los asesinatos profesionales, es especialmente importante que las investigaciones no se centren exclusivamente en cada sicario, sino que examinen el contexto más amplio y las distintas partes implicadas. 24. Los «chulqueros» (usureros) también suelen estar implicados en la contratación de asesinatos. Dada la dificultad de obtener préstamos bancarios, muchos de los ecuatorianos más pobres tienen que recurrir al sector informal, y se sabe que los chulqueros, que cobran tipos de interés exorbitantes (al parecer hasta un 10% diario) utilizan sicarios para castigar a quienes no pueden pagar sus préstamos o para intimidar a los familiares a fin de que paguen. 1. Respuesta del Gobierno 25. El Gobierno reconoce ahora la gravedad del problema y en 2010 comenzó a tomar medidas enérgicas para hacerle frente. 26. Se ha traído a asesores expertos de Colombia y Francia para que presten asistencia a nivel normativo y se ha creado un equipo policial interinstitucional para coordinar la respuesta de la policía. Otra iniciativa importante es que se ha establecido un grupo especializado de inteligencia de la policía (Unidad de la Lucha Contra el Crimen Organizado o ULCO) para luchar contra la delincuencia organizada, en particular mediante la investigación de los métodos empleados por los sicarios y de las causas de los asesinatos. Se está reforzando el programa de protección de testigos y se ofrecerán recompensas a cambio de información sobre las actividades de los grupos de delincuencia organizada. 27. En algunas ciudades se han adoptado medidas más enérgicas para determinar la distribución geográfica de los actos delictivos a fin de aumentar la presencia de patrullas policiales en las zonas especialmente afectadas y se ha prestado más atención al problema de los chulqueros. La policía también indicó que se dedicarían más esfuerzos a investigar los anuncios en línea publicados por aspirantes a asesinos a sueldo. En Guayas, las motocicletas debían ahora mostrar los detalles de la matriculación, lo que había reducido A/HRC/17/28/Add.2 GE.11-13108 11 levemente el número de asesinatos. También se habían establecido controles del consumo de alcohol y se estaba tratando de cerrar los locales carentes de licencia. 2. Ajustes de cuentas 28. Las medidas adoptadas hasta la fecha por el Gobierno son importantes y deben continuar y reforzarse. Sin embargo, mis investigaciones indicaron claramente que un elemento significativo del próspero negocio de los asesinatos contratados es la impunidad casi absoluta de que gozan los sicarios. En parte, ello se debe a factores que el Gobierno difícilmente puede controlar, como la reticencia de los familiares supervivientes a denunciar los asesinatos y la ausencia de testigos o el miedo de estos. 29. No obstante, la impunidad también se debe a la falta de voluntad de la policía y los fiscales de investigar a fondo todos los asesinatos contratados. En mis entrevistas con agentes de policía y funcionarios de la fiscalía quedó claro que consideraban que muchos casos de asesinatos contratados correspondían a lo que calificaron de «ajustes de cuentas». Si bien es conveniente clasificar los diferentes tipos de asesinatos para aclarar sus motivos y causas, la forma en que se utiliza actualmente la categoría del «ajuste de cuentas» resulta muy problemática y dificulta seriamente los esfuerzos por reducir el número de asesinatos contratados. 30. En primer lugar, la categoría está mal definida y no arroja luz sobre el problema ni facilita su resolución. Pregunté a numerosos funcionarios qué significaba para ellos la expresión y recibí respuestas muy diferentes. Entre las distintas interpretaciones propuestas se mencionaron los casos de asesinato por venganza y de violencia entre pandillas o delincuentes y los asesinatos en que la víctima tenía antecedentes penales o en que se creía que tanto la víctima como el asesino tenían antecedentes. Algunos utilizaban la expresión simplemente cuando la víctima tenía antecedentes policiales, lo que podía deberse a múltiples tipos de contacto con la policía, más allá de la comisión de un delito. En la policía de Guayas me dijeron que, según sus estimaciones, un 40% de las víctimas de sicarios tenía antecedentes policiales, por lo que suponían que muchos de esos asesinatos estaban relacionados con una actividad delictiva más amplia. A menudo simplemente se asumía que los asesinatos eran parte de la rivalidad existente entre los grupos de delincuencia organizada, suposición que, curiosamente, reducía el interés de la policía en profundizar en la investigación en lugar de lo contrario, como cabría razonablemente esperar. 31. En segundo lugar, la expresión concede una importancia injustificada a los antecedentes penales o policiales de la víctima. No tiene mucho sentido considerar automáticamente que todos los casos en que la víctima tiene antecedentes policiales son casos de violencia entre pandillas. Menos sentido tiene suponer que se trata de un ajuste de cuentas sin saber si el sicario o la persona que ordenó el asesinato tienen antecedentes penales. 32. En tercer lugar, a pesar de los desmentidos oficiales, es evidente que los casos de ajuste de cuentas se investigan menos rigurosamente que los demás casos. He recibido pruebas fidedignas de diversas fuentes, incluidos funcionarios, de que los casos en que las víctimas tienen antecedentes policiales no suelen investigarse a fondo. Quedó claro, especialmente en Guayaquil, que si se determinaba que se trataba de un ajuste de cuentas, la policía y la fiscalía rara vez realizaban una investigación exhaustiva, bien porque se consideraba que esos casos eran demasiado difíciles y no merecían la misma atención que los casos con víctimas «inocentes», o bien porque era relativamente fácil no investigarlos debido a que los familiares tenían demasiado miedo para insistir en ello. Esta política es equivocada y enormemente contraproducente. Deniega la justicia a la familia de la víctima, deja al culpable libre de volver a matar y transmite el mensaje de que es fácil quedar impune en caso de asesinato. También impide que la policía obtenga información sobre las A/HRC/17/28/Add.2 12 GE.11-13108 redes delictivas, dificultando así un enjuiciamiento más efectivo de los grupos de delincuencia organizada. 33. En cuarto lugar, la categoría proporciona una conveniente excusa para no perseguir los asesinatos en los que haya policías y otros funcionarios implicados. Una vez que un caso se califica de ajuste de cuentas, la probabilidad de que se investigue a fondo disminuye drásticamente, por lo que esa categoría es ideal para encubrir delitos. III. Homicidios cometidos por la policía 34. Si bien recibí información sobre algunos casos graves de ejecuciones ilegales por la policía, nada permite concluir que se trate de un fenómeno generalizado o contemplado en la política oficial. Las muertes a manos de la policía pueden clasificarse del siguiente modo: a) Muertes relacionadas con la labor policial. Incluyen la muerte de personas torturadas durante supuestos interrogatorios y de presuntos delincuentes que podrían y deberían haber sido detenidos. b) Implicación de la policía en asesinatos contratados. Podría deberse a conexiones de la policía con la delincuencia organizada, o a la búsqueda de una segunda fuente de ingresos por los agentes involucrados. Me llegaron denuncias de la implicación de la policía en asesinatos contratados en Los Ríos, así como en el homicidio de un hombre de 23 años en Lago Agrio cometido el 8 de marzo de 2010. c) Participación de la policía en grupos de limpieza social. Policías de todo el país negaron cualquier participación en actividades de limpieza social. Sin embargo, no cabe duda de que sí han participado, como lo demuestra el ahora tristemente célebre caso de «JRG», muerto a tiros por la policía el 20 de febrero de 2010. Más tarde se descubrió que el propio JRG era agente de policía y había participado en ejecuciones (sobre todo de presuntos delincuentes) en Los Ríos. d) Muertes relacionadas con conflictos personales (por ejemplo, familiares o vecinales). 35. Las estimaciones del número de personas asesinadas por la policía variaron según la fuente. Las estadísticas son difíciles de comparar, porque abarcan períodos diferentes. Una ONG señaló que entre 2000 y 2006 se habían producido 164 ejecuciones extrajudiciales a manos de la policía. Según la información proporcionada por el Ministerio de Gobierno, 27 personas habían muerto a manos de la policía entre 2000 y 2009. La oficina del Inspector General de Policía señaló que la policía había sido responsable de 90 incidentes (104 muertes) entre 2005 y 2010. Sin embargo, no recibí suficiente información concreta sobre las circunstancias de esos casos para poder determinar de manera fiable la legalidad de las muertes. Los funcionarios se limitaron a recordar dos casos de homicidio intencional y premeditado por la policía en el último año. Según las estadísticas facilitadas por el comandante de policía, entre 2005 y 2010 hubo 83 casos de muertes causadas por la policía, de las cuales 36 ocurrieron durante operaciones policiales y 47 fueron accidentes, casos de conflictos familiares o personales o casos relacionados con el abuso del alcohol. Al parecer las 36 muertes ocurridas durante operaciones policiales se produjeron en intercambios con los delincuentes. Guayas tenía, con mucho, el mayor índice de muertes ocurridas durante operaciones policiales (47%). 36. Mis investigaciones pusieron de manifiesto dos importantes problemas en la forma en que el Gobierno hace frente a estos casos. 37. En primer lugar, la información con que cuenta el Gobierno sobre las muertes a manos de la policía es de mala calidad. La información oficial que me facilitaron era de A/HRC/17/28/Add.2 GE.11-13108 13 carácter muy general y no permitía determinar el alcance, la naturaleza o las causas de los homicidios perpetrados por la policía. Ninguna institución parecía llevar un registro completo de las denuncias presentadas contra la policía ni de los procesos disciplinarios y penales y sus resultados. Por ello, fue imposible determinar qué proporción de las muertes a manos de la policía podían constituir ejecuciones extrajudiciales, y qué proporción de ellas había sido debidamente castigada. Hasta hace poco, las denuncias contra la policía ni siquiera tenían un seguimiento a nivel nacional: cada comisaría de policía mantenía su propio registro y, aunque se suponía que los casos «más importantes» debían señalarse a la atención del Inspector General, muchos simplemente se mantenían en las distintas comisarías. El desastroso estado de las estadísticas policiales impide a los funcionarios hacerse realmente una idea de la magnitud de los abusos policiales, de cuáles son los aspectos concretos que plantean problemas o de la evolución de la conducta de la policía a lo largo del tiempo. Por ejemplo, las estadísticas que me facilitó la oficina del Inspector General muestran un aumento drástico del número de muertes causadas por la policía entre 2005 y 2010. Los homicidios registrados fueron 3 en 2005, 7 en 2006, 21 en 2007, 15 en 2008, 28 en 2009 y 16 al mes de junio de 2010. Los funcionarios no sabían, sin embargo, si el número real de muertes había aumentado un 900%, o si ese aumento se debía simplemente a que habían mejorado los registros. 38. En segundo lugar, todas las pruebas parecen indicar que la dependencia de asuntos internos del Departamento de Policía no puede, pese a la existencia de procedimientos razonablemente sofisticados, investigar de manera eficaz o independiente las denuncias de mala conducta policial. No existe ningún mecanismo externo de supervisión de la labor de la policía para compensar esta carencia. Altos funcionarios de la policía señalaron que, en los casos excepcionales de muertes ocurridas a manos de la policía, no había encubrimiento y el presunto autor era sometido tanto a procedimientos disciplinarios internos como a procedimientos penales. Sin embargo, los funcionarios de la oficina del Inspector General reconocieron abiertamente que el control de la fuerza policial era insuficiente y que no se otorgaba la importancia necesaria a las dependencias de asuntos internos. Los funcionarios eran conscientes de la necesidad de una reforma y ya se estaban introduciendo algunos cambios, como la creación de una base de datos centralizada de denuncias contra la policía y la capacitación de los inspectores. Si bien se trata de pasos en la dirección adecuada, sigue haciendo falta una reforma de largo alcance. IV. Limpieza social 39. Pruebas procedentes de todo el país indican que los homicidios cometidos por motivos de limpieza social son frecuentes, pero no está claro si el Gobierno está haciendo algo concreto para abordar el problema. Esto se debe principalmente a la persistente política oficial de negar la existencia de esas muertes, a pesar de los claros indicios en contrario. 40. Algunos de los homicidios son cometidos por grupos armados ilegales, a menudo en el marco de sus operaciones de tráfico de drogas. Por ejemplo, se sabe que hay frecuentes robos en los autobuses públicos que transitan por una carretera principal de Putumayo, en Sucumbíos. La carretera es también una importante ruta de transporte de drogas y armas, y las FARC y otros grupos armados pelean por su control. En el mes, o poco más, que había precedido a mi visita se habían encontrado unos 30 cadáveres a lo largo de la carretera, todos con signos de haber sido torturados. Aunque la investigación seguía abierta en el momento de la visita, mis interlocutores señalaron que las pruebas indicaban claramente que los homicidios habían sido cometidos por traficantes con la intención de: a) hacer que la ruta fuera más segura para el narcotráfico; b) obtener el apoyo de los residentes locales, A/HRC/17/28/Add.2 14 GE.11-13108 que estaban hartos de los robos; y c) atemorizar a la población para que aceptara el control de los traficantes sobre la zona. 41. En otros casos, los homicidios parecen enmarcarse en el intento de un grupo de hacerse con el control de una zona, supuestamente imponiendo «el orden público» y castigando a los «indeseables». Se me entregaron copias de avisos de limpieza social en Sucumbíos en que los grupos afirmaban que habían tomado la decisión irrevocable de atacar la violencia con violencia y amenazaban con matar a los trabajadores y trabajadoras sexuales y a los «narcotraficantes, ladrones, asaltantes, secuestradores y jóvenes adictos a las drogas». También afirmaban que el grupo ya tenía su «primera lista de limpieza» y comenzaría pronto a matar. Pedían a la comunidad que colaborara distribuyendo ampliamente los panfletos. 42. Supe que se habían distribuido octavillas similares en La Concordia, Manabí y Guayaquil. Todos los panfletos anunciaban la eliminación de los «delincuentes» y de «quienes tuvieran relación con esas personas». En Guayas, activistas de grupos de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales también habían recibido esos avisos. V. Juntas rurales 43. Las juntas rurales (Juntas de Defensa del Campesinado) fueron inicialmente creadas por los residentes de las distintas localidades para promover el desarrollo y prevenir el robo de ganado y otros delitos comunes. Su existencia se debe en gran medida a la escasa presencia del Estado en muchas zonas rurales del Ecuador y a la consiguiente necesidad de contar con una autoridad que lo sustituya. Sin embargo, recibí información detallada sobre graves abusos cometidos por algunas juntas contra las comunidades que en principio tendrían que haber protegido. 44. Las juntas rurales son particularmente poderosas en las provincias de la sierra de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Bolívar, y también en algunas zonas de Los Ríos. No hay estadísticas seguras sobre su tamaño, pero la mayoría de las estimaciones indican la existencia de al menos 500 juntas locales, con entre 20.000 y 80.000 miembros en total. Las juntas están organizadas por parroquias y cuentan con un presidente para cada localidad, elegido por los residentes. Las juntas locales pertenecen a una federación de juntas nacional. 45. Fue muy difícil obtener información sobre las juntas de parte de los funcionarios. Las autoridades dieron respuestas muy diversas a mis preguntas sobre el papel que desempeñan, y muchos funcionarios se mostraron renuentes a hablar de ellas con más detenimiento. Uno afirmó que las juntas eran simplemente grupos «políticos» y que no cometían abusos contra los residentes. Otro funcionario señaló que antes las juntas imponían el orden público a su manera, pero que ahora trabajaban con la policía y habían recibido capacitación en derechos humanos. Otro afirmó que eran «organizaciones de desarrollo rural o socioeconómico» y que no tenían ninguna relación con la policía. Un funcionario dijo que eran brigadas civiles organizadas que a veces realizaban patrullas y proporcionaban información a la policía. Afirmó que sus miembros no iban armados, aunque a veces participaban en actividades de mantenimiento de la seguridad rural, y en algunas ocasiones la policía les había proporcionado uniformes. Dijo que la policía no permitía que esos grupos administraran la justicia y que si las juntas detenían a un delincuente sospechoso lo entregaban a la policía. Un oficial de inteligencia de la policía declaró que las juntas rurales estaban bien organizadas para garantizar su propia seguridad y que había habido actos de violencia contra residentes. Un funcionario recordó un caso en Los Ríos en el que se habían investigado supuestos «excesos» cometidos por una junta. A/HRC/17/28/Add.2 GE.11-13108 15 Abusos cometidos por las juntas 46. No obstante, mis entrevistas con representantes de ONG, testigos y víctimas arrojaron un panorama mucho más preocupante. Si bien algunos residentes apoyan a las juntas porque proporcionan seguridad cuando el Estado no está presente o facilitan la prestación de servicios básicos, otros viven atemorizados por esos grupos. Describieron amenazas, secuestros, torturas o muertes de personas a manos de las juntas. Por lo general los casos de abusos podían clasificarse en alguna de las cuatro categorías que se enumeran a continuación. 1. Animadversión personal 47. Muchos de los casos de abuso parecían estar motivados por una animadversión personal y se llevaban a cabo con el respaldo del poder colectivo de la junta. Había habido un caso de alguien acusado de robar y agredir a una persona que tenía estrechos vínculos con la junta y sus familiares habían sido amenazados y expulsados de sus tierras por miembros de la junta. En otra ocasión, las víctimas habían sido maltratadas y secuestradas por la junta local a raíz de un conflicto privado con un miembro de la junta por el uso de unas tierras. 2. Mantenimiento del orden público por las juntas 48. Algunos casos parecen ser el resultado de la imposición del «orden público» por la junta local. Según algunos testigos y defensores locales de los derechos humanos, esos grupos castigan y golpean a quienes desobedecen sus reglas. Intervienen en los casos de supuesta actividad delictiva, así como en asuntos domésticos; por ejemplo, si alguien se queja ante la junta de que un vecino le ha robado ganado o de que su esposa lo ha abandonado, la junta interviene para «resolver» el asunto. En algunas zonas, las juntas imponen estrictos toques de queda y patrullan las calles por la noche. Hablé con personas que nunca abandonaban sus hogares por la noche por temor a ser golpeadas por violar el toque de queda. 3. Control de la población local 49. Otros abusos se inscriben en los intentos de las juntas de asegurar y mantener el control sobre una zona. La falta de apoyo de la comunidad tiene efectos políticos y económicos en las juntas; estas cobran por sus servicios, por lo que necesitan ese apoyo para existir. Las juntas han amenazado con represalias (por ejemplo, con privar del suministro de agua a una familia) a miembros de la comunidad por no prestarles apoyo. 4. Evasión de responsabilidades 50. Según el testimonio de ONG, las juntas han utilizado la fuerza para controlar el sistema de justicia penal. Si un miembro de una junta está envuelto en un litigio, otros miembros pueden amenazar o secuestrar a los abogados de la parte contraria, los jueces u otros funcionarios que no compartan los intereses de la junta. Los defensores locales de los derechos humanos que investigan a las juntas también han recibido amenazas, en particular el consejo de que «quien toca a las juntas sale mal parado». 51. Testigos y ONG me informaron de que los funcionarios rara vez respondían con eficacia a sus denuncias sobre las actividades de las juntas. Esto se vio corroborado por el hecho de que en general los funcionarios no quisieron o no pudieron responder a las preguntas sobre los abusos cometidos por las juntas, y mucho menos reconocieron la necesidad de investigarlas. A/HRC/17/28/Add.2 16 GE.11-13108 VI. Confusión entre la justicia indígena y los casos de linchamiento 52. Los medios de comunicación y los funcionarios confunden con demasiada frecuencia la cuestión de los linchamientos (denominada también justicia privada o popular) con la justicia indígena. En algunos casos, esa confusión es fruto de la ignorancia, y en otros parece haber una mezcla deliberada de esas dos cuestiones, que son muy distintas. La frecuente confusión dificulta la realización de un análisis adecuado de dichas cuestiones, impide al Gobierno llevar a cabo reformas apropiadas y refuerza los estereotipos negativos de los indígenas ecuatorianos. A. Linchamientos 53. Los linchamientos constituyen un problema importante en el Ecuador y merecen considerablemente más atención del Gobierno de la que reciben en la actualidad. Según un informe, entre 1994 y 2008 al menos 153 personas murieron y 165 resultaron gravemente heridas en actos de justicia popular. Una ONG informó sobre 33 casos de linchamiento ocurridos en 2009. Es probable que esas cifras sean inferiores al número real de linchamientos, ya que es muy posible que los incidentes que se producen en zonas aisladas no se denuncien. 54. Por lo general, los linchamientos son ataques de miembros de la comunidad, que a menudo actúan en grupo, a personas acusadas de delitos como robos, actos de violencia o asesinatos. Muchos linchamientos se producen poco después de la comisión del supuesto delito y parecen reflejar una explosión de ira relativamente espontánea contra el comportamiento del presunto delincuente. Recibí informaciones sobre personas golpeadas hasta quedar inconscientes y en algunos casos morir, o quemadas vivas, apuñaladas o mutiladas. Por ejemplo, el 18 de marzo de 2009, un hombre de 35 años fue golpeado y quemado en Quito supuestamente por haber robado un toro. El 17 de mayo de 2009, en Los Ríos, dos jóvenes de 16 y 24 años acusados de matar a un joven de 17 años fueron sacados de una celda policial por una multitud y luego golpeados y quemados vivos. 55. En otros países en que hay linchamientos, estos obedecen principalmente a la ausencia de toda intervención de la policía (o a su ineficacia) y a las deficiencias del sistema de justicia penal, que llevan a las personas a creer que la única manera de combatir la delincuencia es tomándose la justicia por su mano8 . La falta de presencia del Estado hace que esta respuesta escape a todo control y se produzca prácticamente sin miedo a recibir un castigo. Dado el deficiente funcionamiento del sistema de justicia penal del Ecuador, y sabiendo que los linchamientos ocurren principalmente en las zonas pobres, rurales e indígenas con poca presencia del Estado, la experiencia hace pensar que esos son también los factores que propician los homicidios en el Ecuador. No obstante, este fenómeno ha sido poco estudiado y hay que dedicar muchos más esfuerzos a abordar las causas profundas de la violencia en el contexto específico del Ecuador. B. Justicia indígena 56. La «justicia indígena» es la justicia administrada con arreglo a las tradiciones indígenas. En marcado contraste con los casos de linchamiento, no implica la realización de actos de violencia arbitrarios o vengativos. La justicia indígena tiene por objetivo reintegrar 8 Véase el documento A/64/187. A/HRC/17/28/Add.2 GE.11-13108 17 a los delincuentes en la comunidad y es un proceso formal dirigido por líderes indígenas y miembros de la comunidad. 57. El artículo 171 de la Constitución reconoce los sistemas de justicia indígena en la medida en que no sean contrarios a la Constitución o a los derechos humanos, y el Ecuador ha ratificado el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (Nº 169) de la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, algunos funcionarios gubernamentales de alto nivel han atacado la justicia indígena calificándola de «salvaje» e «intolerable» y se ha elaborado nueva legislación sin apenas consultar a los grupos indígenas. 58. Las declaraciones oficiales y la información publicada en los medios de comunicación a menudo dan la impresión de que en la justicia indígena abundan los asesinatos y las palizas, lo que es simplemente falso. De hecho, al ser presionados, mis interlocutores —académicos, funcionarios y ONG— solo pudieron mencionar un caso de condena a muerte dictada en un proceso formal de justicia indígena, y esa pena de hecho no se aplicó. Funcionarios que conocen la cuestión señalaron que en realidad no habían tenido conocimiento de ninguna muerte relacionada con la justicia indígena desde hacía muchos años y que cualquier indicación en contrario era producto de la confusión entre los linchamientos y la justicia indígena. 59. Esa confusión refleja una incapacidad de enfrentarse a la realidad de los linchamientos. En lugar de atender a las peticiones de que se minimice, restrinja o suprima la justicia indígena, podría ser de hecho conveniente reforzarla en las situaciones en que los linchamientos se deben a la ausencia del Estado. La confusión entre linchamientos y justicia indígena refuerza los estereotipos racistas y aviva el sentimiento antiindígena. Muchos expresaron la opinión de que buena parte de la retórica oficial pretendía desacreditar a los movimientos indígenas y debilitar su poder político, en particular en vista de que las preocupaciones sobre la justicia indígena coincidían con una fuerte oposición indígena a las posiciones del Gobierno con respecto a cuestiones tales como la minería y el agua. VII. Amenazas a los defensores de los derechos humanos 60. En el Ecuador no se han producido asesinatos masivos de defensores de los derechos humanos. Sin embargo, me llegaron muchos informes de amenazas contra las personas que desempeñan esa labor, así como contra agentes humanitarios, activistas sindicales, movimientos sociales y líderes indígenas. En algunos casos se ha intentado sobornar a los activistas para que interrumpan su trabajo. En otros, personas de grupos que trabajan en favor de los derechos de la mujer en la frontera norte recibieron amenazas de que serían quemadas vivas si proseguían su labor. En Guayas, algunos activistas de grupos de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales han recibido advertencias de que se procederá a la limpieza social y algunas de las personas que trabajan para documentar los presuntos abusos de las juntas han sido objeto de amenazas. Una ONG recibió una carta en la que se amenazaba con matar a sus miembros por haber hablado conmigo acerca de un caso. 61. Las personas que trabajan en la industria extractiva reciben frecuentes amenazas. Aunque en el Ecuador la minería ha consistido tradicionalmente en explotaciones familiares y en pequeña escala, desde el año 2000 el Gobierno promueve la minería a gran escala. Ello ha intensificado la oposición de los activistas y conducido a numerosos ataques y amenazas de muerte que se han denunciado. Entre ellos cabe mencionar los siguientes: • Junio de 2010: presunta amenaza de muerte contra Santiago Escobar, un testigo que declaró que un contratista de Chevron había manipulado las pruebas en un juicio contra las actividades de esa empresa en la región amazónica. A/HRC/17/28/Add.2 18 GE.11-13108 • Abril de 2010: tres indígenas de Sarayaku, cuya comunidad se opone a las prospecciones petroleras en la provincia de Pastaza, fueron atacados con dinamita y armas de fuego. • Mayo de 2009: Joel Vicente Zhunio Samaniego, que protestó durante una reunión entre funcionarios, representantes locales y representantes de una empresa minera, fue amenazado en público por los funcionarios. • Abril de 2009: Etelvina de Jesús Misacango Chuñir fue amenazada y agredida por oponerse a la explotación minera de Azuay. 62. Respecto de muchos casos como estos, se señaló que la respuesta oficial había sido insuficiente: no se habían investigado las amenazas ni se había proporcionado una protección adecuada. 63. Otros activistas han sido asesinados. Iván Muela, un reconocido abogado especializado en sindicalismo y derechos de los trabajadores, recibió cuatro impactos de bala el 21 de enero de 2010, disparados por dos sicarios en motocicleta. En el momento de mi visita no se había identificado a los asesinos, pero el Sr. Muela llevaba mucho tiempo recibiendo amenazas. 64. El 6 de julio de 2010, durante mi misión, Germán Antonio Ramírez Herrera fue secuestrado y asesinado. Todavía no se ha encontrado a los asesinos. El Sr. Ramírez trabajaba como médico legista y estaba especializado en la investigación de las denuncias de tortura. Había documentado las lesiones sufridas por los reclusos tras una redada policial en la cárcel de Quevedo (Los Ríos). Había recibido amenazas, especialmente en relación con sus declaraciones de que tenía la intención de testimoniar acerca de los abusos cometidos contra los presos. Se me informó de que el Dr. Ramírez quería hablar de esos abusos conmigo, pero lo mataron antes de que pudiéramos reunirnos. Observé que el temor generado por este asesinato se había difundido entre los médicos y los activistas del país. Algunas de las personas que tenían información no se atrevieron a hablar abiertamente por temor a correr la misma suerte. VIII. Impunidad 65. La impunidad por cada una de las formas de ejecución extrajudicial analizadas en el presente informe está prácticamente garantizada. Algunos funcionarios criticaron abiertamente el sistema judicial, que describieron como «precario» y con un «nivel de efectividad sumamente bajo». De hecho, el Ecuador tiene una de las tasas más bajas de condenas por muerte que he encontrado en los países que he visitado. Las autoridades calculan que solo se condena a entre el 1% y 3% de los autores de muertes denunciadas. Según las estimaciones de los servicios de inteligencia, la policía de Sucumbíos solo recibe denuncias de 1 de cada 3 o 4 homicidios que se comenten en la provincia, por lo que la tasa total de condenas sería probablemente inferior al 1%. La corrupción, el miedo a las represalias, la ineficiencia, la falta de voluntad y la insuficiencia de la formación y los recursos en cada etapa del sistema de justicia penal hacen que la mayoría de los autores de delitos queden sin castigo. A. Investigaciones policiales y servicios forenses 66. La calidad y la eficacia de las investigaciones policiales fueron criticadas abiertamente por los jueces, los fiscales, los defensores del pueblo y los agentes de derechos humanos. A/HRC/17/28/Add.2 GE.11-13108 19 67. Los problemas son evidentes desde las primeras etapas. En la práctica, la policía ni siquiera comienza a investigar un asesinato hasta que la familia de la víctima lo denuncia. Numerosos testigos y familiares declararon que tenían mucho miedo de que los mataran si lo hacían. Como consecuencia de ello, muchos casos no llegan siquiera a la fase de investigación. A veces, la policía informa a los denunciantes de que solo se puede iniciar una investigación si la familia del fallecido sufraga los gastos de los vehículos y otros gastos de desplazamiento. 68. Interlocutores que examinan regularmente los informes policiales (como los fiscales, los jueces y los defensores del pueblo) señalaron que muchos agentes de policía carecían de las competencias necesarias para afrontar la complejidad de los casos de asesinato. Algunos policías reconocieron la necesidad de recibir una mejor formación. Los jueces calificaron las investigaciones policiales de «primitivas» y muchas veces contraproducentes. Un fiscal con más de 40 años de experiencia describió la práctica actual de investigación de la policía como «casi igual a la de los años setenta». Los fiscales de Guayas señalaron que en muchas comisarías ni siquiera se disponía de computadoras y tecnología de la información básica. Los defensores del pueblo de algunas zonas señalaron que la policía suele recurrir a la intimidación y la fuerza para obtener información. 69. La capacidad forense es insuficiente. Si bien el laboratorio forense central dispone ahora de gran parte de la capacidad básica necesaria (por ejemplo, en balística y toxicología) y tenía previsto adquirir equipos para realizar análisis de ADN antes de finales de 2010, la capacidad regional es mucho menor. Los agentes de policía de Sucumbíos admitieron que las autopsias no se llevaban a cabo bien debido a las deficiencias de las instalaciones. Fiscales y jueces de todo el país lamentaron la escasa calidad de los informes forenses y señalaron que ello dificultaba el enjuiciamiento. Algunos informes forenses son falsos y los análisis de la escena del delito suelen ser muy deficientes. En las ciudades más pequeñas puede haber solo un médico legista, por lo que resulta difícil llevar a cabo análisis rápidos y completos. En algunas zonas, como Sucumbíos, los médicos legistas cobran honorarios a los familiares de las víctimas por sus servicios. El costo (por ejemplo, 40 dólares de los Estados Unidos por un examen forense y 180 dólares por análisis de sangre) resulta prohibitivo para la mayoría de las familias. Si bien algunos funcionarios negaron que las familias tuvieran que sufragar los servicios forenses, recibí abundantes pruebas de que en algunas partes se cobran esos servicios. 70. Los laboratorios forenses forman parte de la estructura de la policía judicial, lo que induce a pensar que no siempre funcionan con la independencia necesaria. Esto reviste especial importancia en los casos en que la policía está implicada en los abusos o en que los autores de los delitos han amenazado o sobornado a agentes de policía. Funcionarios que trabajan en este sector, incluidos expertos legistas y agentes de policía, declararon que sería importante crear un organismo independiente de medicina legal para corregir ese sesgo percibido. B. La fiscalía 71. Si bien en el Ecuador muchos fiscales son personas dedicadas, algunos interlocutores señalaron su «total falta de confianza» en la fiscalía en su conjunto, por su «ineficiencia», por la corrupción generalizada y porque la contratación se basa más en los contactos que en el mérito propio. Me dijeron que los expedientes «pueden desaparecer por 200 dólares». Los defensores del pueblo me señalaron que escribían continuamente a los fiscales interesándose por la evolución de los casos, pero casi nunca recibían respuesta a sus cartas. A/HRC/17/28/Add.2 20 GE.11-13108 72. Los jueces señalaron que las investigaciones de los homicidios solían adolecer de graves defectos y que las exposiciones de las causas eran tan poco convincentes que resultaba imposible dictar una condena. Un juez describió la labor de los fiscales como «un verdadero espanto». Otro señaló que para condenar a los acusados no tenía más remedio que relajar la aplicación de las normas sobre las pruebas; en caso contrario, las ínfimas tasas de condena serían aún más bajas. 73. La situación de Sucumbíos es especialmente preocupante. Se criticó severamente al fiscal por no llevar a cabo sus funciones. Los interlocutores señalaron que era difícil convencerle incluso de que registrara las denuncias en algunas circunstancias, por ejemplo cuando los presuntos autores eran militares. En algunos casos, se requería la constante labor de promoción de ONG locales e internacionales para conseguir que se registraran las denuncias, y lograr una investigación efectiva de los casos delicados era una tarea de titanes. 74. Los fiscales suelen desatender los casos si no son constantemente presionados por la familia del fallecido. Una familia fue aconsejada por un agente de policía de que no incoase una causa por asesinato debido a que la información sobre las pruebas podía filtrarse y resultaría fácil sobornar a la policía, los fiscales y los jueces. Así pues, el enjuiciamiento entrañaría un gran riesgo personal, con pocas probabilidades de éxito. 75. En Guayas, la escasa cooperación entre la policía y los fiscales ha sido un problema importante. Recientemente, la policía y la fiscalía crearon una unidad especializada para luchar contra la delincuencia organizada y mejorar la cooperación y la eficacia en esos casos. Todavía es muy pronto para evaluar los resultados de esta reforma tan necesaria. C. Los tribunales y el poder judicial 76. También se criticó mucho al poder judicial por su susceptibilidad al soborno y a otros tipos de influencia ilícita, en particular en los casos relacionados con la delincuencia organizada y con funcionarios. Los tribunales también fueron muy criticados por su lentitud. Un caso denunciado en 2001 no se había juzgado hasta 2010. Algunos retrasos se deben a la penuria de jueces en muchas zonas, lo que genera una cantidad de causas atrasadas que es difícil de gestionar. También se deben a que no se piden cuentas de la tramitación de las causas. Los fiscales señalaron que los retrasos eran mayores en la Corte Nacional de Justicia. A este respecto, cabe felicitar al Gobierno y al Presidente de la Corte por las recientes reformas orientadas a aumentar la eficiencia. 77. Muchos jueces reciben amenazas y algunos reconocen el riesgo que implica entender de los casos delicados. Los jueces, especialmente los que trabajan en zonas remotas, son vulnerables a la intimidación por parte de los acusados adinerados o violentos y se requieren medidas más sistemáticas para protegerlos. D. La protección de los testigos 78. La inseguridad de los testigos es enorme. En vista del aumento y el poder de la delincuencia organizada y de la utilización de sicarios, es absolutamente necesario contar con un programa eficaz de protección de testigos para luchar contra la impunidad. Cuando realicé mi misión, había 3.625 personas sometidas a algún tipo de protección. El programa puede ofrecer una protección completa a los testigos, además de asistencia médica, social y psicológica. Está presente en cada una de las 24 provincias y ofrece varios niveles de protección. A/HRC/17/28/Add.2 GE.11-13108 21 79. Sin embargo, muchos testigos no llegan a beneficiarse del programa. La mayoría de aquellos con los que hablé no lo conocían o no confiaban en él. Muchos trataban por todos los medios de evitar darse a conocer y, por lo tanto, no presentaban denuncias a la policía o los fiscales ni se comunicaban con las ONG o los medios de comunicación. Básicamente, pensaban que tenían que elegir entre la seguridad personal y la justicia. 80. Para recibir protección, las víctimas o los testigos deben presentar una denuncia ante el fiscal. Pero en muchos casos los testigos consideran que los fiscales son parte del problema. Tienen la impresión de que son fáciles de corromper, están demasiado conectados con los autores de los delitos o simplemente son ineficaces. 81. Los testigos son también reacios a confiar en el programa porque su seguridad depende de la policía nacional y piensan que la policía encargada de la protección de los testigos colabora con las demás unidades del servicio. De hecho, se trata de una unidad separada y especializada, pero la idea de que hay vínculos estrechos persiste y debe combatirse con mayor energía. 82. En su favor cabe decir que los funcionarios del programa reconocieron que había que hacer más para darlo a conocer entre la población. El programa tenía previsto crear un número 1-800 y poner en marcha una campaña de difusión. Aunque el Gobierno había aumentado considerablemente la financiación del programa en 2011, elevándola de 90.000 dólares a 1 millón de dólares (de los 5 millones solicitados por el programa), se necesitaban nuevos aumentos. E. Los defensores del pueblo 83. En general, los defensores del pueblo son considerados independientes y de fiar; además, constituyen un foro digno de confianza al que las víctimas pueden dirigir sus quejas. Por ello, reciben numerosas denuncias y son también una importante fuente de información sobre el funcionamiento del sistema de justicia en general. 84. Sin embargo, la Oficina del Defensor del Pueblo no tiene capacidad para exigir medidas oficiales o imponer sus decisiones. Ni siquiera puede forzar a las autoridades a facilitarle información. F. La Comisión de la Verdad 85. La Comisión de la Verdad fue una importante iniciativa del Gobierno para hacer frente a la impunidad endémica. Entró en funcionamiento en enero de 2008 y publicó su informe final, de unas 2.400 páginas, el 7 de junio de 2010. Investigó presuntos delitos cometidos entre 1984 y 2008, tomó declaración a más de 600 testigos y examinó más de 300.000 páginas de documentos desclasificados de la policía y el ejército. En su informe final se nombra a más de 450 presuntos autores de delitos contra los que la Comisión considera que existen pruebas fundadas. La mayor parte del informe se refiere a las violaciones cometidas entre 1984 y 1988, durante el Gobierno del Presidente León Febres Cordero. La Comisión llegó a la conclusión de que el Gobierno del Sr. Cordero había respondido a los grupos subversivos con una serie de medidas ilegales, como desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual y ejecuciones. 86. En el informe se recogen los casos de 68 víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Muchas de ellas eran miembros, o presuntos miembros, de los grupos clandestinos de izquierdas «¡Alfaro Vive, Carajo!» y M-19. Otras eran presuntos delincuentes o transeúntes inocentes, como en el conocido caso Fybeca, de 2003, en el que ocho personas fueron A/HRC/17/28/Add.2 22 GE.11-13108 muertas por la policía a raíz de un atraco. Algunas de las víctimas habían muerto durante marchas callejeras. 87. Algunas de las personas con las que me reuní, en particular miembros de la policía y personalidades de la oposición política, no consideraban que la Comisión hubiera sido lo suficientemente independiente para garantizar la credibilidad de sus conclusiones. Pensaban que algunos miembros de la Comisión estaban demasiado vinculados con las presuntas víctimas, que la composición del Comité de Soporte de la Comisión (que incluía a familiares de las víctimas) había socavado su independencia y que la Comisión había experimentado una influencia indebida a causa de la presión del Gobierno. Varios agentes de policía y oficiales del ejército me señalaron que el informe solo presentaba una cara de los hechos, sobre todo en relación con los intentos de combatir a los grupos clandestinos en los años ochenta. Algunos funcionarios indicaron que se había presionado a la Comisión para que se centrase en las violaciones perpetradas entre 1984 y 1988 (y no en las cometidas durante el Gobierno actual). Otros, que apoyaban firmemente las conclusiones de la Comisión sobre el período en que gobernó el Sr. Cordero, temían, sin embargo, que la Comisión hubiera minimizado los abusos recientes, especialmente los ocurridos en Sucumbíos. 88. En cambio, muchas otras personas consideraron que la Comisión había cumplido un propósito muy importante al reconocer el sufrimiento de las víctimas y sus familiares y poner en marcha el proceso de rendición de cuentas. En su opinión, la composición del Comité de Soporte y la estructura de la Comisión habían permitido romper el silencio sobre los abusos del Gobierno y habían hecho partícipes a las víctimas en las iniciativas de justicia que las afectaban. Algunos interlocutores opinaron que las personas que criticaban a la Comisión eran «grupos de delincuentes» que serían siempre contrarios a todo intento de reparar actos ilícitos del pasado. 89. Las personas que han criticado a la Comisión han planteado preocupaciones importantes y destacado la necesidad de que las investigaciones sean independientes y objetivas y se perciban como tales. Personalmente, también tengo inquietudes relacionadas con las garantías procesales y con cuestiones de seguridad debido al hecho de que al final del informe se citan los nombres de los presuntos autores. Sin embargo, la información amplia y detallada que aporta el informe constituye un gran logro, sobre todo por el ingente volumen de material oficial desclasificado y los centenares de testimonios de testigos y víctimas recopilados. 90. El desafío que se plantea ahora es asegurarse de que esa información se archive de modo seguro y dé lugar a actuaciones penales en los casos en que proceda. A ese respecto, la respuesta del Gobierno a la Comisión ha sido, hasta la fecha, muy positiva. El Ministro de Justicia me señaló que se estaba planeando reabrir algunos casos mencionados en el informe. La Fiscalía ha establecido recientemente una unidad especial, integrada por 20 fiscales, para llevar a cabo las investigaciones relacionadas con el informe de la Comisión y se está planteando establecer centros regionales de justicia. El Gobierno deberá velar por que se preste asistencia a las familias durante ese proceso, se llegue hasta las víctimas y se brinde protección en los casos necesarios. IX. Recomendaciones A. Policía nacional 91. El Gobierno debería crear una comisión de expertos de alto nivel para evaluar el desempeño de las fuerzas de policía. Tal comisión debería: A/HRC/17/28/Add.2 GE.11-13108 23 a) Estudiar la eficacia de las investigaciones policiales, las causas de las deficiencias y la responsabilidad de las fuerzas de policía en la persistencia de las altas tasas de impunidad; b) Proponer reformas estructurales y operacionales a fin de mejorar la capacidad de las fuerzas de policía para responder eficazmente al aumento de las tasas de delitos graves, incluidas las ejecuciones extrajudiciales; c) Considerar si es necesario crear una unidad forense independiente; d) Examinar el modo de garantizar una mayor supervisión de la policía por un ente civil, incluida la posibilidad de crear un Ministerio de la Policía aparte. 92. El Gobierno debería crear un nuevo ente facultado para recibir e investigar las denuncias de abusos policiales que disponga de los recursos, la autoridad y la independencia necesarios para investigar los presuntos abusos policiales de manera creíble, objetiva y eficaz. 93. Deberían mejorarse considerablemente los registros de la policía, en especial por lo que respecta a las denuncias de abusos policiales. El Inspector General debería asegurarse de que se lleven registros completos de todas las denuncias realizadas y de que se haga un seguimiento de las investigaciones, las medidas disciplinarias, los juicios y los resultados. Las estadísticas deberían hacerse públicas periódicamente. 94. Debería cesar de inmediato la práctica de pedir a los civiles que sufraguen los gastos de los servicios forenses necesarios. B. Sicarios 95. El Gobierno debería complementar sus iniciativas recientes para hacer frente al problema de los sicarios adoptando una estrategia nacional de lucha contra este fenómeno que va en aumento. Deberían tomarse medidas para: a) Estudiar las causas del aumento de los asesinatos por sicarios, con un análisis del modo en que se llevan a cabo y de los motivos que los provocan; b) Ampliar la información sobre la distribución geográfica de los homicidios y adaptar las actividades de patrullaje en consecuencia; c) Fomentar una mayor cooperación entre las fuerzas de policía y los fiscales; d) Promover estrategias de investigación y enjuiciamiento orientadas no solo a los sicarios, sino también a los autores intelectuales de los delitos, los intermediarios y otras personas involucradas; e) Abordar el problema de los chulqueros y su papel en los asesinatos cometidos por sicarios, y estudiar reformas del sector oficial de préstamos para que más ciudadanos puedan obtener préstamos legales; f) Pedir a la policía que investigue a fondo todos los casos de asesinatos cometidos por sicarios, independientemente de que los familiares hayan presentado una denuncia oficial o de que el fallecido tuviera antecedentes policiales; g) Dejar de utilizar la categoría imprecisa de «ajustes de cuentas» que aplican la policía y los fiscales. A/HRC/17/28/Add.2 24 GE.11-13108 C. Protección de testigos 96. El programa de protección de testigos debería mejorarse mediante un aumento de la financiación y la capacidad, así como una difusión mucho mayor a nivel comunitario. 97. El programa debería administrarse independientemente de las fuerzas de policía y de la fiscalía. 98. Debería examinarse la posibilidad de crear un programa especializado o directrices para proteger a los defensores de los derechos humanos. D. Abusos en la frontera norte 99. A fin de abordar las denuncias de los abusos cometidos por las fuerzas armadas que operan a lo largo de la frontera norte del Ecuador, los soldados deberían recibir un adiestramiento más amplio, que incluya: a) Instrucción sobre el modo de colaborar de manera constructiva con la población civil y la sociedad civil; b) El modo de aplicar los derechos humanos y las normas del derecho internacional humanitario y de distinguir entre ambos; c) El modo de tratar con humanidad a los desplazados y refugiados; d) Una mejor formación sobre la manera de combatir los grupos armados ilegales y el narcotráfico. 100. Los altos mandos deberían dejar en claro que no se tolerará ningún tipo de abuso contra los civiles. Estos deberían recibir información sobre el modo de presentar una denuncia y la instancia a la que deben dirigirse en relación con la conducta de las fuerzas armadas. Debería garantizarse también la confidencialidad de las denuncias. 101. Deberían adoptarse más medidas para enjuiciar a los miembros de los grupos armados ilegales, especialmente los que cometan violaciones contra civiles. 102. Deberían realizarse investigaciones independientes de las denuncias de connivencia entre el ejército o la policía y los grupos armados ilegales en el norte, especialmente en las ciudades fronterizas que tienen niveles muy elevados de narcotráfico y de violencia por grupos armados ilegales. 103. Debería realizarse una evaluación independiente del desempeño de los fiscales locales. En los casos delicados, como las denuncias contra funcionarios públicos, debería considerarse la posibilidad de autorizar a los fiscales nacionales para enjuiciar a los presuntos autores. E. Comisión de la Verdad 104. El Gobierno y la Asamblea Nacional deberían dar seguimiento a la labor de la Comisión de la Verdad, y para ello: a) Garantizar que se reabran los casos pertinentes y se realicen investigaciones penales; A/HRC/17/28/Add.2 GE.11-13108 25 b) Asegurarse de que las víctimas y los familiares puedan obtener fácilmente información sobre la evolución de las investigaciones y reciban asistencia letrada cuando se requiera; c) Otorgar indemnizaciones adecuadas a las víctimas y los familiares; d) Crear un archivo con la documentación de la Comisión; e) Cerciorarse de que los testigos tengan acceso a la protección de testigos. 105. La Comisión de la Verdad debería publicar y divulgar ampliamente una versión resumida de su informe, pensada para un público general y traducida a los idiomas que proceda. F. Linchamientos y justicia indígena 106. A pesar de las afirmaciones oficiales y populares en contrario, básicamente no hay casos de justicia indígena en el Ecuador que caigan dentro del ámbito de mi mandato (en otras palabras, hay pocos o ningún caso de muerte por un proceso de justicia indígena). Los medios de comunicación y los funcionarios deberían tener cuidado de distinguir claramente entre los linchamientos y la justicia indígena. 107. La justicia indígena está reconocida en la Constitución y es una parte importante del sistema jurídico del país. No deberían introducirse reformas sin haber consultado previamente con los grupos indígenas. 108. El Gobierno debería elaborar una estrategia para afrontar el problema de los linchamientos en consulta con los expertos, la sociedad civil y las organizaciones indígenas y rurales. Dicha estrategia debería incluir la presentación de informes sobre los lugares donde se producen linchamientos y la naturaleza de los incidentes, el examen de sus causas y el enjuiciamiento de los autores. G. Juntas rurales 109. El Gobierno debería designar a un experto para que le informe, e informe a la Asamblea Nacional, de la composición y las actividades actuales de las juntas rurales. Debería prestarse especial atención a documentar cualquier actividad ilegal, como el «castigo» de residentes o las injerencias en el sistema de justicia penal. Deberían adoptarse las medidas necesarias para poner fin a esas prácticas. 110. La policía y fiscalía nacional deberían establecer un equipo conjunto de especialistas encargado de investigar las denuncias de abusos cometidos por las juntas y juzgar a los autores de los delitos cuando sea el caso. H. Comunidad internacional 111. La comunidad internacional debería seguir supervisando las cuestiones de derechos humanos en el Ecuador, brindando el asesoramiento adecuado y cooperando con los grupos locales. A/HRC/17/28/Add.2 26 GE.11-13108 Apéndice I Programa de la visita Visité el Ecuador del 5 al 15 de julio de 2010. Estuve en Quito (Pichincha), Lago Agrio (Sucumbíos) y Guayaquil (Guayas). Me reuní con funcionarios de todos los niveles, como el Ministro y el Viceministro de Relaciones Exteriores, el Ministro de Justicia, el Ministro Coordinador de Seguridad Interna y Externa, el Ministro de Gobierno, Policía y Cultos y el Viceministro de Defensa Nacional. Me entrevisté con los alcaldes de Guayaquil y Lago Agrio y con el Gobernador de Guayas. También me reuní con el Fiscal General, algunos miembros de la Fiscalía General del Estado, varios miembros de la Corte Constitucional y la Corte Nacional de Justicia y jueces penales provinciales, el Presidente y miembros de la Asamblea Nacional, el Jefe de Policía y miembros de las fuerzas de policía de todo el país, el Inspector General de Policía, el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y altos mandos en Sucumbíos, el Defensor del Pueblo y sus representantes regionales, así como con miembros de la Comisión de la Verdad. También me reuní con numerosas ONG y organizaciones humanitarias, y con miembros del equipo de las Naciones Unidas en el país, miembros de la comunidad diplomática, líderes religiosos, representantes de asociaciones de policías, estudiosos y otros expertos independientes. Asimismo, me entrevisté con un gran número de testigos y víctimas, que en muchos casos viajaron desde lejos para encontrarse conmigo a costa de su seguridad personal. Deseo expresar mi profundo agradecimiento al Asesor en Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Quito y su extraordinaria plantilla por la asistencia y el asesoramiento que me brindaron en la preparación de mi misión. A/HRC/17/28/Add.2 GE.11-13108 27 Apéndice II Observaciones del Gobierno del Ecuador sobre la versión anticipada, sin editar, del informe A. Aumento de la violencia de los grupos armados ilegales 9. De hecho, en toda la región norte fue difícil hacerse una idea clara de la eficacia de la respuesta de la policía y el ejército ecuatorianos a los grupos armados ilegales. Las estadísticas facilitadas por oficiales militares no son fáciles de conciliar entre sí. Por un lado, entre 2007 y 2009 el número de efectivos en la región se cuadruplicó. El número de operaciones militares se incrementó sustancialmente, pasando de apenas 22 en 2007 a 250 en 2009. La información proporcionada por el ejército también indica un rápido aumento de las «instalaciones clandestinas» de grupos armados descubiertas: 18 en 2005, 53 en 2007 y 183 en 2009. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ha informado que las operaciones en el año 2009 fueron de 248. Las instalaciones clandestinas desarticuladas por las Fuerzas Armadas en el año 2005 fueron 12; 2007 fueron 47; 2009 fueron 156, por lo que es necesario que los datos sean rectificados. B. Violaciones cometidas por las fuerzas armadas 13. Las violaciones más comunes de las normas de derechos humanos cometidas presuntamente por las fuerzas armadas caen fuera del alcance de mi mandato. Comprenden el allanamiento de morada, robos y actos de humillación pública (como el hecho de forzar a las personas a desnudarse en público). Estos abusos parecen ser comunes y quedan impunes. Fui informado también de varios casos graves de tortura y violencia sexual, incluidos casos de violaciones y de aplicación de ají en el cuerpo de las víctimas. El Ministerio de Defensa Nacional tiene conocimiento de algunas denuncias presentadas contra miembros de Fuerzas Armadas en frontera norte, sobre las cuales se solicitó al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, se remita la información sobre el estado de la causa dentro del proceso judicial, considerando que es potestad de esta Secretaría de Estado dar el respectivo seguimiento a cada denuncia: • Denuncia presentada por la señora Lourdes Catalina Pin Días.- Habitante del sector El Palmar, de la Parroquia Santa Elena, el 30 de julio de 2008, a las 11H00 comparece ante el señor Comisario Nacional de Policía del Cantón Putumayo y denuncia un supuesto allanamiento por parte de personal militar, mismo que supuestamente ingresó a su domicilio, sin ninguna autorización, interrogando a sus habitantes. La recurrente no ha efectuado hasta el momento el reconocimiento de su denuncia ante la autoridad competente. • Denuncia presentada por el señor Jorge Antonio Becerra Carvajal Carnet de Refugio. 97.425.17, en la Fiscalía No. 4 de la Provincia de Sucumbíos, consta la Indagación Previa No. 512-08 a cargo del señor Dr. Olver Jaramillo, iniciada por presunto abuso de autoridad por parte de una patrulla militar ecuatoriana, la misma que el día 4 de septiembre de 2008, a la altura del estero denominado el Danto, supuestamente procedió a decomisar una moto sierra marca Huqsuarno No. 228 XP, serie 965820500 de color tomate, una cartuchera y un machete, el día 15 de A/HRC/17/28/Add.2 28 GE.11-13108 Diciembre de 2008. El fiscal encargado del proceso dispuso la práctica de las siguientes diligencias: 1) recibir versiones del denunciante y de posibles testigos; 2) el reconocimiento del lugar de los hechos; y 3) que se realicen exhaustivas investigaciones. Sin embargo, conforme consta de fojas 11 a la 15 la Policía Judicial ha puesto en conocimiento del Fiscal, la imposibilidad de efectuar dichas diligencias por falta de colaboración del denunciante. • Denuncia presentada por el señor Nilson Aragón Sinistierra C.C 76.278.012.- con fecha 4 de noviembre de 2008, presenta la denuncia por abuso de autoridad en contra de personal militar por cuanto al efectuar el aterrizaje un helicóptero militar ocasionó la muerte de alrededor de 300 pollos, causándole un perjuicio económico de aproximadamente de USD $2.050. Esta denuncia fue puesta a conocimiento del señor Fiscal No. 5 Felipe Villota. Sin embargo, el denunciante jamás compareció. • Denuncia presentada por Ariel Silva Rodríguez C.C. 1.123.207.143, en la Fiscalía No. 3 de Sucumbíos, a cargo del Dr. Beltrán, consta la denuncia presentada el 4 de noviembre del 2008, por supuestos abusos de autoridad y detención ilegal en contra de los miembros de la armada ecuatoriana, mismos que le detuvieron conjuntamente con una poma de diesel de aproximadamente 20 galones, para luego supuestamente golpearlo y entregarlo a la Policía de Nueva Loja. En el presente caso el denunciante no compareció a realizar el reconocimiento de la denuncia, razón por la cual no se ha dado trámite alguno. • Denuncia presentada por la señora Paula Henao contra Cabo Franklin Grefa por presunta violación a su hija menor de edad. Se informó mediante Ofc. DDH-2009- 0031-OF al ACNUR que el imputado no se encontraba en actos del servicio, y que éste presentó una denuncia a la recurrente por acusaciones falsas y amenaza con arma de fuego, la recurrente salió del país el 10 de junio de 2010 a Canadá en cumplimiento a los programas de reasentamiento para refugiados de ACNUR. • Denuncia por maltrato físico, psicológico e intento de asesinato, presentada por Brenda Goyes Cortez en contra de la Policía Nacional y el Ejército Nacional. La acción fue presentada ante la Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia «Lago Agrio», la cual se encuentra signada con el expediente 041- 2009 de 17 de agosto de 2009. El día 15 de agosto de 2009, personal militar se encontraba en el sector Fuerzas Unidas del Recinto Puerto Nuevo, parroquia Pacayacu, cantón Lago Agrio, realizando operaciones conjuntas con personal policial y el señor Ab. Felipe Villota, Fiscal Distrital de Sucumbíos. El personal que asistió al operativo, realizó varios allanamientos, amparados en la orden judicial emitida por el Juzgado Tercero de Garantías Penales de Sucumbíos. Conforme a lo estipulado en el Art. 194 numeral 3 del Código de Procedimiento Penal, procedieron a revisar viviendas y a entrevistar a varias personas entre ellas, los señores Segundo Isidro, Claudia María Palma Cedeño y Brenda Jakeline Goyes Cortéz. En estas operaciones el señor Fiscal verificó que no existió abuso, maltrato o tortura a ningún ciudadano del sector; en una de las viviendas que no estaba habitada como resultado del operativo se encontró municiones, pólvora, tíñer y una alimentadora que se puso a órdenes del señor Fiscal por intermedio de la Policía, material que fue destruido por seguridad, consta en actas que reposan en la Fiscalía Distrital de Sucumbíos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 201 del mismo cuerpo legal. • Se recepta la acusación de la intervención abusiva de tropas militares ecuatorianas en la propiedad privada de una de las organizaciones de la Federación de Mujeres de Sucumbíos, en la zona el Progreso. A respecto, el personal militar del BS-55 «PUTUMAYO», realizando actividades de patrullaje en el sector el Palmar hasta COEMBI, el 02 de enero del 2010, realiza el reconocimiento de una vivienda nueva deshabitada a la que llega una representante de la Federación de mujeres de A/HRC/17/28/Add.2 GE.11-13108 29 Sucumbíos «UNIDAS POR LA PAZ», quien indica que es la encargada de la vivienda, sin exhibir documento que acredite su aseveración, motivo por el cual se le sugiere que realice los trámites de legalización del predio. • En el caso de la presunta violación a la señorita. Perea Saavedra Aura, por personal militar perteneciente a la BS-56 «TUNGURAHUA», se abrió la Indagación Previa Nº. 116-2010, dirigida por el Dr. José Beltrán, Agente Fiscal que realiza el procedimiento respectivo, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 160 de nuestra Constitución que dispone que los miembros de las Fuerzas Armadas serán juzgados por los órganos de la Función Judicial, en razón de que la presunta infracción penal habría tenido lugar cuando el personal militar realizaba actividades particulares, en horarios distintos a los laborales. Es necesario observar que la Constitución de la República del Ecuador determina en el Capítulo Tercero de la Función Ejecutiva, Sección Tercera, Fuerzas Armadas y Policía Nacional Art. 160 […] «los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional serán juzgados por los órganos de la Función Judicial; en el caso de delitos cometidos dentro de su misión específica serán juzgados por salas especializadas en materia militar y policial». Bajo esta consideración, las Fuerzas Armadas Ecuatorianas no poseen tribunales u órganos de justicia propios que juzguen los posibles actos ilegales, evitando de esta manera cualquier tipo de injerencia en la justicia. Es derecho de todas y todos los ecuatorianos de acuerdo a la norma constitucional, el acceso a la justicia y su efectivo ejercicio, a través de una participación constante en el proceso, para evitar de esta manera la impunidad y consecuentemente determinar autores cómplices y encubridores respecto del cometimiento de un delito. Se debe considerar que el procedimiento de investigación, sobre cualquier denuncia, es competencia privativa de la Fiscalía, Capítulo cuarto Función Judicial y justicia indígena, sección séptima, Fiscalía General del Estado artículo 192 «La Fiscalía dirigirá la investigación preprocesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas». 14. También recibí información sobre varios homicidios cometidos por el ejército. Un caso emblemático ilustra los problemas que existen. Se trató de la muerte de un ecuatoriano y dos colombianos, ocurrida el 18 de enero de 2010. El incidente comenzó cuando el ejército se encontró con tres hombres que viajaban en una piragua. Los militares sostuvieron inicialmente que los hombres vestían el uniforme de las FARC, pero más tarde la historia cambió y se dijo que llevaban ropa oscura o de camuflaje. El ejército sostiene que cuando les ordenaron detenerse, abrieron fuego en su contra. Los soldados respondieron disparando a su vez. Los oficiales declararon que después de eso la piragua se había alejado. Posteriormente se supo que dos de los hombres habían muerto en el acto, y el tercero había sucumbido a las heridas mientras era transportado río abajo por algunos civiles, que intentaban ayudarlo. Las Fuerzas Armadas ecuatorianas actualmente, no han recibido sentencias emitidas por juez competente que determinen la responsabilidad penal de miembros de Fuerzas Armadas, respecto de delitos de homicidio, considerado en el informe como un hecho verificado. 15. Varios elementos de este caso hacen que la versión del ejército resulte sospechosa. En parte, cuesta comprender por qué tres guerrilleros se habrían encontrado en un bote, a plena luz del día, en un río que se sabía que estaba patrullado (interlocutores informados observaron que eso habría sido excepcionalmente raro); por qué los militares no persiguieron la piragua; cómo pudo una sencilla embarcación fluvial alejarse así de una patrulla militar, o por qué los militares no recuperaron los cuerpos. El testimonio de los A/HRC/17/28/Add.2 30 GE.11-13108 testigos civiles, si es exacto, explica muchas de estas anomalías. Los testigos indicaron que los hombres eran civiles, no uniformados, que no estaban realizando ninguna actividad sospechosa y que no abrieron fuego contra los militares. Cuando realicé mi visita, estaba en curso la investigación del incidente. Sin embargo, los testigos y los familiares de los muertos estaba siendo objeto de presiones para que no testimoniaran. Una testigo me dijo que había recibido una llamada en que se le había advertido de que si llevaba adelante la causa acabaría muerta. Al parecer, algunos de los responsables de la investigación también han recibido amenazas. Esas amenazas parecen ser comunes cuando hay oficiales involucrados: en otros casos similares de graves violaciones presuntas de los que fui informado, testigos, familiares y organizaciones no gubernamentales (ONG) habían recibido ofertas de dinero y amenazas para que abandonaran las causas. El caso detallado en los numerales l4 y 15 del informe, suscitado el 18 de enero de 2010, ha llegado a conocimiento del señor Fiscal de Sucumbíos, con el expediente Nº. 037-2010, en el cual se encuentran sindicados oficiales y un señor General, lo que evidencia que Fuerzas Armadas no ejerce presiones o intimidaciones para evitar que se inicien acciones legales. Respecto del mencionado caso suscitado el 18 de enero de 2010, esta Secretaría de Estado no puede determinar aspectos de hecho o de derecho sobre un proceso de investigación instaurado ante la instancia competente. Sin embargo, si resultado de este proceso se determinan responsabilidades por acción u omisión y se emite una resolución judicial, ésta será cumplida a cabalidad por las Fuerzas Armadas. Además, se debe observar que la descripción de los hechos en el informe no incluye la versión entregada a la fiscalía por parte de Fuerzas Armadas, actualmente no existe sentencia ejecutoriada, contra el personal militar sindicado. Es necesario establecer que el compromiso de Fuerzas Armadas con la sociedad civil, es estructural, y en este contexto se han tomado medidas de prevención como los procedimientos a seguir en caso de una presunta violación a los derechos humanos, emitidos por el Comandante General de la Fuerza Terrestre en el año 2011. 16. Los informes de violaciones cometidas por las fuerzas de seguridad en Sucumbíos han aumentado considerablemente desde mediados de 2009. Algunos interlocutores sugirieron varias razones que podrían explicar este aumento. Por una parte, se dijo que podía deberse a la rápida militarización de la región y al mayor número de soldados que patrullaban la zona, lo que, de por sí, aumentaba las oportunidades de cometer abusos. Algunos expertos también señalaron que las fuerzas militares no siempre estaban bien preparadas y no tenían gran experiencia en el combate, la contrainsurgencia u otras tareas sobre el terreno. No sabían cuál era el mejor modo de proteger o incluso de tratar a los civiles en ese complejo entorno en que había múltiples agentes armados. Eso explicaba en parte los casos en que, por ejemplo, víctimas que habían sido forzadas por las FARC a proporcionar alimentos a los guerrilleros habían sido luego interrogadas por el ejército, acusadas de ser seguidoras de las FARC, y hostigadas o golpeadas. En la normativa de las Fuerzas Armadas ecuatorianas se encuentran reglas de conducta apegadas a los derechos humanos, mismas que son transversalizadas en las disposiciones operativas, cualquier hecho de agresión a la ciudadanía es sancionado administrativamente, de ser el caso será puesto a conocimiento de las autoridades competentes. 17. Un elemento importante es que algunos interlocutores afirmaron que una de las causas del aumento de las violaciones notificadas había sido un cambio ocurrido en los más altos mandos del ejército en la región. Antes, las relaciones del ejército con las comunidades eran en su mayor parte positivas y los oficiales se preocupaban de inspirar confianza. Ahora, sin embargo, los militares dedicaban, al parecer, mucho menos tiempo a compartir con miembros de la comunidad y se habían vuelto más antagonistas y agresivos. La confianza de la comunidad había disminuido, lo que había privado al ejército de la A/HRC/17/28/Add.2 GE.11-13108 31 información que antes obtenía de los civiles y reducido así su capacidad de disponer de importante información de inteligencia. A fin de compensar esta pérdida, los militares empleaban tácticas abusivas para obligar a los civiles a proporcionar información. La confianza de la comunidad había disminuido, lo que había privado al ejército de la información que antes obtenía de los civiles y reducido así su capacidad de disponer de importante información de inteligencia. A fin de compensar esta pérdida, los militares empleaban tácticas abusivas para obligar a los civiles a proporcionar información. 18. Las relaciones del ejército con la sociedad civil y los agentes humanitarios también se han deteriorado con el cambio en los altos mandos. El apoyo a la sociedad civil ha mermado y hay casos de obstrucción en los puestos de control del ejército, acoso de activistas y redadas de los locales de ONG. La cooperación se ha deteriorado aún más tras los intentos de la sociedad civil de obtener justicia para las víctimas de los abusos del ejército dando publicidad a los incidentes y abogando por el enjuiciamiento de los soldados. Como se señala en el informe, efectivamente se ha incrementado personal militar en frontera norte. De conformidad con el artículo 158 de la Constitución de la República «las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial», de ello se desprende que Fuerzas Armadas deben desplegar operaciones para garantizar condiciones de seguridad que permitan a las personas que habitan en la frontera norte el ejercicio de sus derechos. Por consiguiente, el incremento del personal militar, es un esfuerzo del Estado por precautelar el derecho a la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas de la frontera norte; y, la incomodidad de la población por el aumento del personal militar, es una reacción lógica a las actividades de mayor control, pero no se puede catalogar como un hecho concreto que ha desencadenado presuntas violaciones masivas a los derechos humanos.