Para 2050, el 75% de la población mundial estará concentrada en ciudades. Buena parte de esta población vivirá comprimida en barrios marginales, sin condiciones mínimas de vida. El desafío, hoy, es construir centros urbanos donde convivamos sin discriminación.
La 3° Cumbre de Vivienda y Urbanismo de la ONU “Habitat III” -a realizarse en octubre en Quito- es la última oportunidad para definir la agenda urbana global. Porque si bien en la cumbre anterior de Estambul 1996 se planteó una visión de ciudades sostenibles, esta fracasó al no integrar una perspectiva de derechos humanos, y los compromisos entonces asumidos quedaron en letra muerta.
Veinte años después, frente a una desigualdad rampante, los derechos humanos vuelven a la discusión. Y esta vez los Estados tienen la responsabilidad histórica de mostrar su compromiso en la materia.
Para lograrlo, Habitat III debe anclarse en las normas de derechos humanos y los principios de participación, transparencia y rendición de cuentas, así como en la no discriminación y el respeto a la diversidad. Solo así podremos planificar espacios donde las personas gocen del derecho a vivir sin discriminación, sean hombres, mujeres, niñas o niños, jóvenes, adultos mayores, migrantes, indígenas, afro descendientes, LGTBI, o con discapacidad, entre otras.
Habitat III es también un escenario idóneo para asegurar el derecho a una vivienda adecuada, con acceso a servicios básicos, salud y educación incluso en asentamientos informales, y para frenar los desalojos forzosos, desplazamientos y la segregación por especulación inmobiliaria o por la realización de mega eventos deportivos.
Es más: la cumbre debe proyectar ciudades seguras, donde el orden público y la seguridad ciudadana convivan con la libertad de expresión y manifestación pacífica; donde podamos converger en actividades sociales y culturales sin ser sospechosos ni susceptibles de políticas de limpieza social o mano dura.
Habitat III debe comprometernos a producir y consumir en armonía con el medio ambiente, respondiendo a la necesidad de un entorno libre de contaminación y al desafío de los asentamientos en zonas de riesgo de desastres, donde el Estado debe actuar considerando a las personas con todas sus características.
A diferencia de Estambul 1996, felizmente, los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París sobre Cambio Climático sí sientan sus bases en las obligaciones en derechos humanos de los Estados. Además, existen nuevas relaciones público-privadas que deben desarrollarse según los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, entre otros estándares.
Aprovechando este impulso, los gobiernos de América del Sur tienen la posibilidad de plasmar en Hábitat III su compromiso de construir las ciudades del futuro, donde sus pueblos vivan libres de penurias y donde ejerzamos nuestros derechos en igualdad de condiciones. Solo así haremos realidad el mayor objetivo de la Agenda 2030: que nadie quede atrás.
*Amerigo Incalcaterra es Representante Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos – ACNUDH (www.acnudh.org). Twitter: @ONU_derechos.
NOTA: versiones de este artículo de opinión han sido publicados en los periódicos Télam (Argentina); O Globo (Brasil); Diario Financiero (Chile); El Comercio (Ecuador); y Semanario Búsqueda (Uruguay).
Información relacionada
– ONU Derechos Humanos en Habitat III: https://acnudh.org/onu-derechos-humanos-en-habitat-iii/
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