GINEBRA/MONTEVIDEO (15 de julio de 2022) – Uruguay debe poner fin a décadas de impunidad por violaciones a los derechos humanos, intensificando los esfuerzos para buscar a las personas desaparecidas y para llevar a los perpetradores ante la justicia, dijo una delegación del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias al final de su visita oficial al país.
Al presentar sus observaciones preliminares, el Grupo de Trabajo destacó que, hasta la fecha, no se ha realizado un ejercicio exhaustivo de esclarecimiento y reconstrucción de la verdad con respecto a las violaciones de derechos humanos perpetradas.
«Es imperativo que el Estado asuma su responsabilidad, y revierta inmediatamente la escasez de avances en materia de búsqueda de las personas desaparecidas a lo largo de más de cinco décadas. Uruguay debe tomar medidas eficaces para acabar con la impunidad por los crímenes del pasado», dijeron los expertos de la ONU.
«Es urgente una política de Estado integral, coherente y participativa, que rompa el silencio y contribuya a mejorar la recolección de información tanto de fuentes humanas como documentales», señalaron.
El Grupo de Trabajo dijo que las víctimas y los familiares de las personas desaparecidas en Uruguay están comprometidos en una búsqueda incesante de la verdad, persiguiendo la preservación de la memoria histórica y exigiendo garantías de no repetición.
«Saludamos la valentía y la lucha incansable de las víctimas, sus familiares y sus representantes por encontrar a las personas desaparecidas, asegurar la justicia y luchar contra la impunidad por los crímenes cometidos durante el periodo de actuación ilegitima del Estado y dictadura, entre 1968 y 1985», dijeron los expertos de la ONU.
El Grupo de Trabajo destacó positivamente la labor de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que goza de un alto grado de credibilidad y confianza entre las víctimas. Ante el inminente proceso de elección de un nuevo Consejo Directivo de la Institución, subrayó la necesidad de un procedimiento que ofrezca garantías de idoneidad y competencia de las candidaturas y que éstas representen a actores civiles involucrados en la promoción y protección de los derechos humanos.
Las y los expertos también saludaron la incansable labor de los colectivos de víctimas y familiares en la generación de un consenso social que reconoce y rechaza los crímenes de la dictadura, así como su esfuerzo permanente en la construcción del “nunca más”. Sin embargo, lamentaron la existencia de un posible cambio de narrativa, incluyendo iniciativas tendientes a diluir la responsabilidad por los crímenes cometidos por el Estado.
En cuanto a las medidas de reparación existentes para víctimas y familiares de víctimas de desapariciones forzadas, el Grupo de Trabajo se mostró preocupado por el hecho de que los criterios establecidos para recibir reparaciones no se ajustaran a las normas internacionales. «Muchas víctimas que fueron desaparecidas forzadamente y sometidas a actos de tortura y violencia sexual durante su detención no han sido reconocidas oficialmente hasta la fecha, y por lo tanto no se beneficiarían de las medidas de reparación», dijeron los expertos. También expresaron su preocupación por el hecho de que las leyes de reparación existentes en el país no incluyan a niñas, niños y adolescentes como víctimas directas de violaciones a derechos humanos durante el periodo 1968-1985.
Refiriéndose a las desapariciones forzadas perpetradas en el marco de la Operación Cóndor, el Grupo de Trabajo instó a Uruguay a redoblar sus esfuerzos para prestar todo el auxilio judicial internacional necesario en lo que respecta a los procesos penales. «Uruguay debe cooperar proactivamente con otros Estados en el auxilio, búsqueda, y localización de personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, la exhumación, identificación y restitución de sus restos», dijeron las y los expertos.
El Grupo de Trabajo también llamó la atención sobre las desapariciones de niñas, niños y adolescentes tras su estadía en centros de protección estatales; así como las desapariciones de mujeres, posiblemente relacionadas con situaciones de explotación sexual y trata.
«Existe un clima de estigmatización y una ausencia de medidas preventivas, mecanismos de búsqueda y políticas dirigidas específicamente a este grupo de personas y a la investigación eficaz de estos casos», dijeron los expertos.
El Grupo de Trabajo presentará sus observaciones finales sobre la visita en la 54ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, en septiembre de 2023.
FIN
El Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias está compuesto por cinco expertos independientes de todas las regiones del mundo. El Presidente-relator es el Sr. Luciano Hazan (Argentina); y la Vice-Presidenta es la Sra. Aua Baldé (Guinea-Bissau); los demás miembros son la Sra. Gabriella Citroni (Italia); el Sr. Henrikas Mickevičius (Lituania); y la Sra.Angkhana Neelapaijit (Tailandia).
El Grupo de Trabajo fue establecido por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en 1980 para asistir a los familiares de personas desaparecidas en la averiguación de su paradero o la suerte que hubieren corrido. El Grupo actúa como un canal de comunicación entre las familias y los Gobiernos involucrados a fin de asegurar que los casos individuales sean investigados, con el objetivo de esclarecer el paradero de las personas que, habiendo desaparecido, se encuentran fuera de la protección de la ley. El panel de expertos continúa tratando los casos de desapariciones hasta que son resueltos. Asimismo, el Grupo de Trabajo presta asistencia a los Estados para la aplicación de la Declaración de Naciones Unidas sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Para más información sobre el Grupo de Trabajo, visite: https://www.ohchr.org/en/special-procedures/wg-disappearances
Los Grupos de Trabajo de la ONU son parte de lo que se conoce como los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos de investigación y de vigilancia independientes del Consejo que abordan tanto las situaciones de países específicos o cuestiones temáticas en todas partes del mundo. Los Expertos de los procedimientos especiales trabajan de forma voluntaria; ellos no son empleados de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Sus miembros son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.
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