GINEBRA (13 de mayo de 2024) – Las autoridades de Ecuador deben garantizar que las consultas ambientales en relación con los proyectos mineros se ajusten a las normas de derechos humanos, en particular mediante la inclusión de todas las comunidades que potencialmente se verán afectadas por estas actividades extractivas, y respetando su derecho a las libertades de expresión y reunión, dijeron hoy expertos de la ONU*.
«Nos preocupa que el hecho de no haber convocado a todas las personas potencialmente afectadas, junto con la falta de información completa e imparcial sobre las posibles consecuencias negativas de estos proyectos, hayan exacerbado el conflicto social», afirmaron.
Para reactivar los proyectos mineros, paralizados debido a conflictos sociales, el Gobierno de Ecuador ha establecido un proceso de consulta medioambiental previo a la autorización de la reanudación de estos proyectos. Sin embargo, varios Pueblos Indígenas y comunidades potencialmente afectadas fueron excluidas y la información facilitada era incompleta. Entre ellas se encuentran las personas residentes de las parroquias de Las Pampas y Palo Quemado, en la provincia de Cotopaxi, en relación con el proyecto minero La Plata SA, y el cantón de Las Naves, provincia de Bolívar, en relación con el proyecto Curipampa- El Domo, propiedad de Salazar Resources Ltd. y Adventus Mining Corporation. Ambas son empresas de capital canadiense.
«El descontento de las comunidades se ha visto exacerbado por el despliegue temporal de decenas de policías y militares en Palo Quemado, lo que ha provocado un aumento de la violencia y los conflictos, incluyendo enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y las personas integrantes de la comunidad», señalan las y los expertos. Más de 70 personas defensoras de los derechos humanos, incluidos líderes indígenas, han sido acusadas penalmente por oponerse a estos proyectos y criticar la forma en que se están celebrando las consultas.
«Nos preocupa que las empresas responsables de los proyectos hayan presentado varias denuncias como medida de represalia contra las personas defensoras de los derechos humanos y manifestantes. Esto estaría en contradicción con su responsabilidad de respetar los derechos humanos, en consonancia con los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU», afirmaron los expertos.
«Los procesos de consulta y participación en el contexto de los proyectos mineros deben estar en consonancia con las normas internacionales, proporcionando un espacio para el diálogo con todas las partes potencialmente afectadas, que deben estar plenamente informadas antes del inicio de cualquier proyecto. Debe respetarse el consentimiento libre, previo e informado de los Pueblos Indígenas, así como los derechos de personas afrodescendientes que viven en dichas comunidades», señalaron los expertos.
Las expertas y los expertos se han comunicado anteriormente con los Gobiernos de Ecuador y Canadá y las empresas involucradas sobre estas cuestiones.
FIN
* Los expertos y expertas: Sr. Robert McCorquodale (Presidente), Sra. Fernanda Hopenhaym (Vicepresidenta), Sra. Pichamon Yeophantong Sr. Damilola Olawuyi, , y Sra. Elżbieta Karska, Grupo de Trabajo sobre derechos humanos y empresas transnacionales y otras empresas; Marcos Orellana, Relator Especial sobre sustancias tóxicas y derechos humanos; Astrid Puentes Riaño, Relatora Especial sobre el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible; Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; and José Francisco Calí Tzay, Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.
Para más información y consultas, póngase en contacto con: Alexia Ghyoot ([email protected])
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Fuente: OHCHR
