GINEBRA (27 de junio de 2019) — Los Estados de todo el mundo tienen la obligación de garantizar la inclusión social de las víctimas de la trata a largo plazo, declaró una experta en derechos humanos de la ONU.
En un informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Maria Grazia Giammarinaro, Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, insta a una mejor inclusión social de las víctimas y sobrevivientes. “La noción de inclusión social es la que mejor transmite la idea de un proceso, cuyo primer paso es la recuperación, y el objetivo final es la restauración total y permanente de todos los derechos que se habían violado antes y durante el ciclo de la trata, incluido el derecho a la educación y oportunidades de trabajo”, señaló la experta.
“Por lo tanto, la protección de las personas víctimas de la trata no debe limitarse a la prestación de asistencia inmediata y a corto plazo, sino que requiere que los Estados tomen medidas sólidas y efectivas que permitan a las personas víctimas de la trata vivir una vida independiente a largo plazo. Para este propósito, los Estados tienen la obligación de garantizar su acceso a recursos efectivos, incluida la compensación”.
El informe también presenta una serie de desafíos, así como prácticas prometedoras sobre la inclusión social de las personas objeto de trata, especialmente de organizaciones de la sociedad civil, basadas en un enfoque transformador, sin reiterar los roles de género tradicionales, y ofreciendo a los sobrevivientes opciones sostenibles.
“La lucha contra el estigma asociado con el tráfico ha sido identificado como uno de los principales desafíos en todos los continentes. A menudo se culpa a las víctimas de la trata, incluso por parte de miembros de la familia, de asociarse con la prostitución, la migración laboral fallida o las expectativas no cumplidas”, agregó Giammarinaro. Otros desafíos identificados incluyen políticas migratorias restrictivas, servicios sociales deficientes, prácticas discriminatorias, estereotipos de género, falta de estatus de residencia regular y falta de compensación.
“Me parece sumamente preocupante que muchos países no hayan implementado el principio de no castigo a las personas víctimas de trata por su participación en actividades ilegales como consecuencia directa de ser víctimas de la trata”, dijo Giammarinaro. En estos casos, a menudo en relación con los niños, los antecedentes penales se deben borrar, ya que causan un acceso restringido de por vida a los servicios básicos, incluso mucho después de que los sobrevivientes hayan escapado de sus traficantes.
“Aliento a los Estados, a la sociedad civil y a las organizaciones internacionales a dedicar fondos apropiados para el diseño y la implementación de modelos innovadores de inclusión social, que deben ser sensibles a las cuestiones de los niños y las niñas, diseñados y basados en las necesidades y aspiraciones de los sobrevivientes”.
FIN
Maria Grazia Giammarinaro (Italia) fue designada como Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en junio de 2014, para promover la prevención de la trata de personas en todas sus formas y alentar medidas para defender y proteger los derechos humanos de las víctimas. Giammarinaro ha sido jueza desde 1991. Se desempeñó como jueza de instrucción en el Tribunal Penal de Roma, y actualmente se desempeña como jueza en el Tribunal Civil de Roma. Fue Representante Especial y Coordinadora para Combatir la Trata de Seres Humanos de la OSCE, y se desempeñó en la Dirección General de Justicia, Libertad y Seguridad de la Comisión Europea en Bruselas, donde fue responsable de combatir la trata de personas y la explotación sexual de niños y niñas. Redactó la Directiva de la UE sobre la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos y la protección de sus víctimas.
Los Grupos de Trabajo son parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo que abordan ya sea situaciones específicas de países o temas puntuales en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales ejercen el cargo a título honorario, no forman parte del personal de las Naciones Unidas y no perciben un sueldo por el desempeño de su mandato. Son independientes de cualquier gobierno y organización y sirven a título personal.
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Fuente: ACNUDH
Traducción: ACNUDH-América
del Sur
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