19 de junio de 2025– En diálogo con «Búsqueda«, el jefe de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab, se refirió a la crisis carcelaria que enfrenta Uruguay y a la importancia de establecer medidas alternativas para reducir el hacinamiento extremo en los centros penitenciarios del país, entre otras temáticas de derechos humanos en el país y el mundo.
Representante de la ONU pide “racionalizar el encarcelamiento” y dice que falta una política de memoria “mucho más robusta”
Jan Jarab, representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señala que el aumento de presos “no tiene nada positivo” y que a los jóvenes con penas cortas la cárcel puede exponerlos a delincuentes “más peligrosos y a un posible reclutamiento”; plantea desarrollar las medidas alternativas.
Jan Jarab, el representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, estuvo en Montevideo durante cuatro días. Fue su primera visita desde el cambio de gobierno y tuvo el objetivo de reunirse con los nuevos interlocutores del Poder Ejecutivo y con representantes del Poder Legislativo, del Poder Judicial, de instituciones independientes y de la sociedad civil.
Entre las prioridades que debe enfrentar el Uruguay, Jarab señala su preocupación por la situación carcelaria, porque su “nivel de encarcelamiento por población es el más alto en la región”. Pide que se “racionalice el encarcelamiento” y se utilicen más las medidas alternativas, sobre todo para las personas condenadas a penas cortas.
Jarab también advierte sobre el impacto social de la pobreza infantil y las consecuencias de la institucionalización de niños y adolescentes. “Es bastante probable que, si uno pasa la infancia o adolescencia en instituciones residenciales cerradas, pueda tener problemas que en el futuro van a llevar a esa persona también a ser cliente del sistema penitenciario”, apunta.
Además, reclama “una política de memoria mucho más robusta” y reformas legislativas que garanticen reparaciones adecuadas para las víctimas del terrorismo de Estado.
Lo que sigue es una síntesis de la entrevista que Jarab concedió a Búsqueda en el marco de su visita.
—¿Qué diagnóstico hace de las reuniones que mantuvo y cuáles son las principales preocupaciones en materia de derechos humanos vinculadas a Uruguay?
—Nosotros tenemos una cooperación preexistente, que sin duda va a continuar, en el ámbito del sistema de monitoreo a las recomendaciones de los mecanismos internacionales de derechos humanos y también en el desarrollo e implementación del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. Lo que sí va más allá de la continuidad es la apertura del nuevo gobierno a temas que en los años anteriores no estaban verdaderamente avanzando tanto, sobre todo en materia de pasado reciente. Tuvimos una reunión con la señora Alejandra Casablanca, secretaria de Derechos Humanos, y vemos que hay toda una agenda mucho más ambiciosa en este ámbito, que evidentemente apoyamos.
—También se reunió con el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz.
—Tratamos también temas penitenciarios, que son una de nuestras prioridades como oficina regional, porque los países comparten el problema de sistemas excesivamente punitivos donde muchas personas jóvenes entran en el sistema penitenciario con penas cortas que deberían mejor ser abordadas por medidas alternativas y no con la privación de libertad. Uruguay es uno de ellos. A pesar de tener en algunos ámbitos mejores indicadores que otros países de la región, su nivel de encarcelamiento por población es el más alto en la región. Ahora tuvimos también una reunión con la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación donde coincidimos en el diagnóstico de los desafíos que enfrenta este sistema y nos comprometimos a continuar y fortalecer nuestra cooperación técnica.
—En materia carcelaria, además de una alta prisionización, los informes del comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit, señalan que la mayoría de los centros penitenciarios están en situaciones muy críticas y en ellos se dan tratos crueles, inhumanos y degradantes. ¿Qué medidas se deben tomar?
—Nosotros cooperamos desde hace años con el comisionado parlamentario Petit y quiero también utilizar esta oportunidad para expresar nuestra admiración y pleno apoyo por su trabajo y por los esfuerzos que hace para llegar a un consenso transversal del espectro político en estos temas. Sabemos que está en sus últimos meses de función y que tiene esta visión del pacto sobre la situación carcelaria y las soluciones, y verdaderamente la apoyamos. Es algo que tiene mucho énfasis en las penas alternativas, pero las penas alternativas también requieren decisiones políticas, requieren inversión para que no sea tan solo una ausencia de prisión. El enfoque en la salud mental y las adicciones en el sistema penitenciario nos parece igual de importante. El enfoque de género, porque es un hecho que, no solo en Uruguay, sino que en toda la región, está creciendo más el número de mujeres presas que el de hombres.
—Hubo cambios legislativos con respecto al tema del microtráfico que llevaron a que muchas mujeres y madres vayan presas a pesar de tener que hacerse cargo del cuidado de los niños. ¿Cómo ven esta situación?
—Muy problemática. Cuando se adoptaron estos cambios legislativos, yo estuve en las audiencias en ambas cámaras del Parlamento expresando nuestra preocupación sobre esta orientación punitiva que ya está trayendo consecuencias negativas no solo para las personas encarceladas, sino para sus hijos en el caso de mujeres con hijos pequeños y, finalmente, para la sociedad en su conjunto. Nosotros abogamos junto con otras agencias de la ONU para que verdaderamente se racionalice el encarcelamiento, para que la pena privativa de libertad sea más bien el último ratio y que se utilice todo el abanico de otras medidas y que se invierta para que puedan ser eficaces.
—¿Tienen una cifra de cuál debería ser el porcentaje de privados de libertad en relación con los que se encuentran con medidas alternativas?
—No tenemos una cifra, pero nos queda claro el crecimiento que ha tenido la población penitenciaria. Es un desarrollo que no tiene nada positivo y causa, como dice Petit, las condiciones en las cuales puede ser comprometida la dignidad humana. Además, no favorece la rehabilitación social. La sociedad tiene el interés de que las personas que entran en el sistema penitenciario tengan un proceso de rehabilitación social exitoso. De nada sirve mantenerlas fuera de la sociedad y después regresarlas en igual condición o peor que antes. Y es una preocupación también con las penas cortas en los jóvenes, que en vez de tener un impacto positivo en términos de rehabilitación social puede exponerlos a actores delincuenciales más peligrosos y a un posible reclutamiento. Entonces, sería muy importante revisar algunas reglas de la Justicia penal en general y apoyar el desarrollo de las medidas alternativas.
—Otra de las grandes problemáticas uruguayas es la pobreza infantil. Uno de cada tres niños son pobres. ¿Será una de las prioridades para trabajar en estos próximos años?
—Sí. Es una de las prioridades para el Sistema de Naciones Unidas en su conjunto, y Uruguay claramente tiene un desafío. Y hay un tercer tema, que tal vez no se menciona tanto como la situación carcelaria y la pobreza infantil, que es que Uruguay está entre los países de la región que tiene la más alta tasa de institucionalización de niños, cuando las experiencias internacionales muestran que estos entornos no representan una respuesta correcta a los problemas que enfrentan niños que crecen en la pobreza y que les faltan vínculos afectivos. Es un modelo que afecta su desarrollo y debería ser superado. Debería ser sustituido por políticas que apoyen a las familias o, en caso de ser necesario rescatar a un niño de un entorno familiar, hacerlo a través de formas de cuidado también familiares o que se parecen a familias y no en las instituciones, con su carácter impersonal, con la insensibilidad a las necesidades individuales. Eso tiene un vínculo con los dos problemas mencionados anteriormente. Es bastante probable que, si uno pasa la infancia o adolescencia en instituciones residenciales cerradas, pueda tener problemas que en el futuro van a llevar a esta persona también a ser cliente del sistema penitenciario, y eso también está bastante bien documentado en estadísticas internacionales.
—¿Cómo evalúa la política de Uruguay en la búsqueda de desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar?
—Sobre la búsqueda no me puedo verdaderamente pronunciar, esa fue en los años pasados una tarea ejercida por la Institución Nacional de Derechos Humanos y entendemos que eso va a seguir pero, ojalá, con más apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos del pasado reciente. Hay otras dimensiones del tema, que llamamos verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, y muchas veces añadimos el quinto pilar, que es memoria. Y exactamente en lo de la memoria aún existen pendientes. Se requiere una política de memoria mucho más robusta. Otro tema es el de las reparaciones, en el cual esta oficina ya se pronunció varias veces en los últimos años, porque el sistema que tiene hoy Uruguay no satisface a los estándares internacionales de derechos humanos. Se percibe la reparación como una pensión que es excluyente con otras pensiones, y no debería suceder. Entonces esperamos que también eso se pueda superar por cambios legislativos.
—En el plano internacional, hoy el mundo atraviesa múltiples conflictos armados, desde Ucrania hasta Gaza y Sudán. ¿Cuál es la principal preocupación de la ONU frente a estos contextos de guerra?
—Se están violando derechos humanos y se está violando también el derecho internacional humanitario, en algunos de los conflictos mencionados, de forma extremadamente preocupante. Mi rol como representante regional para América del Sur no me permite hacer comentarios sobre los conflictos en específico, pero sí está muy claro que el mundo está pasando por un período muy desafiante. El sistema multilateral lamentablemente está bajo ataque de varios actores y eso debería preocuparnos a todos, porque con todas sus imperfecciones es este sistema multilateral construido desde el año 1945, después con el desarrollo de todo el noble templo de los pactos y las convenciones sobre derechos humanos, que de cierta forma hizo la diferencia para que los países no solucionen sus diferencias con otros países por vía de invasiones, agresiones y para que los gobiernos no puedan solucionar problemas internos simplemente reprimiendo los derechos humanos. Desde el inicio de los años 90 estamos convencidos de que se llegó a un consenso básico sobre los derechos humanos como civiles, políticos y económicos sociales y culturales, se creó también la oficina que represento, del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Verdaderamente pienso que cinco años atrás no era tan evidente que algunos de estos valores fueran tan fuertemente atacados o cuestionados como ocurre hoy.
—Decía que los sistemas multilaterales están bajo ataque, ¿de quiénes?
—No voy a mencionar países en concreto porque no me corresponde, pero sí hay evidentes acciones de varios Estados que no respetan estas obligaciones y eso evidentemente puede ser un mal ejemplo para otros países y puede tener un efecto negativo en la credibilidad del sistema internacional multilateral a largo plazo.
—A escala global, en los últimos años se ha registrado un aumento de discursos de odio y discriminación contra distintos colectivos, especialmente en el marco del conflicto en Medio Oriente. ¿Qué piensa al respecto y qué mecanismos cree que se podrían tomar para prevenir estos discursos y hechos de violencia?
—Hay todo un desafío de cómo regular los medios sociales sin restringir indebidamente la libertad de expresión, porque todos estamos de acuerdo en que la libertad de expresión es uno de los derechos más importantes, que además es necesario para poder defender los otros derechos. Pero las plataformas no deberían convertirse en lugares donde sea antisemitismo, sea racismo, misoginia, homofobia, estas tendencias no deberían tener en las plataformas sus algoritmos que favorecen cuando uno busca tal cosa que va a recibir más de este tipo de información. Es un grave problema de la actualidad y los intentos de regulación hasta la fecha en varios países han sido bastante problemáticos, porque es un tema nuevo también para los defensores de derechos humanos. Existen reales desafíos y riesgos para no dar a eventuales gobiernos autoritarios un instrumento que les permita restringir la crítica, que evidentemente en cualquier sociedad democrática es necesaria.
Fuente: Búsqueda
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