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En la prensa | Perú: ONU pide investigar crímenes contra defensores ambientales

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UN Photo/Eskinder Debebe

5 de julio de 2021 – ONU Derechos Humanos alertó esta semana sobre la situación que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos y el ambiente en Perú, tras reportes de al menos ocho homicidios de activistas ambientales en lo que va de la pandemia. La declaración fue difundida por el medio de comunicación SERVINDI.

Lee la nota:

Servindi, 5 de julio, 2021.- “Las autoridades peruanas deben investigar con urgencia una serie de homicidios de defensores ambientales en el último año» declaró Jan Jarab, jefe de la ONU Derechos Humanos en América del Sur.

El alto funcionario de las Naciones Unidas también pidió a las autoridades «el acceso pronto y efectivo a la justicia y actuar con mayor énfasis en la prevención».

La declaración se efectuó luego que en la última semana se reportó el homicidio de Mario Marco López Huanca, defensor ambiental miembro del pueblo Asháninka, que se suma a otros siete ocurridos desde el inicio de la pandemia. Mario Marco López Huanca pertenecía a la comunidad nativa Shirarine, en el distrito Puerto Bermúdez, provincia de Oxapampa, departamento de Pasco.

Las personas defensoras de derechos humanos pertenecientes a pueblos indígenas y dedicadas a la protección de la naturaleza requieren de medidas urgentes para su protección.

Tal necesidad es especial en zonas donde existe limitada presencia del Estado y proliferan actividades como la minería informal e ilegal, la tala ilegal, el tráfico de especies protegidas o el narcotráfico.

Es fundamental que el acceso a la verdad y la justicia ocurra sin obstáculos, con pertinencia cultural y perspectiva de género, indica Jan Jarab.

Ello requiere una investigación fiscal y judicial que reconozca la gravedad de los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos. Sus familiares deben tener acceso a las investigaciones y ser informados sobre los avances, libres de estigmatización, amenazas, represalias y/o revictimización.

Si bien Perú ha dado pasos notables –indica Jarab– con la adopción de un marco jurídico e institucional propicio para las personas defensoras, advirtió que se necesitan acciones adicionales.

Entre las acciones positivos menciona la aprobación de un protocolo, el registro, y, recientemente, un mecanismo de protección intersectorial, así como con actuaciones a nivel ministerial.

Entre las acciones que se necesitan se encuentra el incluir en las actividades de prevención al Poder Judicial, al Ministerio Público y la policía nacional.

«El Estado en su conjunto tiene la tarea de asegurar que las personas defensoras se sientan seguras, empoderar su rol esencial para la sociedad y garantizar que ningún crimen contra sus vidas e integridad quede impune.” agregó.

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