3 de enero de 2025 – El Estado ecuatoriano debe investigar lo ocurrido con los cuatro niños víctimas de presunta desaparición forzada tras su detención por parte de miembros de las fuerzas armadas en Guayaquil, enjuiciar a todos los responsables y tomar medidas para garantizar la no repetición de situaciones como esta, que representan una grave violación a los derechos humanos, expresó el Representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab.
Al igual que la sociedad en su conjunto, ONU Derechos Humanos recibió con consternación la noticia de la identificación de los cuerpos de los menores de edad y, al mismo tiempo que solidariza con las familias, condenó enfáticamente los hechos ocurridos. La Oficina recuerda que el Estado tiene un deber reforzado de protección de los niños, niñas y adolescentes, de su vida, su integridad y libertad personal, conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño.
La información conocida hasta ahora por la Oficina coincide con lo dispuesto por la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Por tanto, la actuación de los victimarios debe ser perseguida, investigada y sancionada con celeridad por las autoridades correspondientes. La Oficina recuerda que el delito de la desaparición forzada no se extingue por haberse encontrado los cuerpos.
“La investigación de este delito tan grave debe ser independiente, sin presiones políticas y exhaustiva, abordando las eventuales responsabilidades del mando. Al mismo tiempo, se debe evitar en todo momento la revictimización de las familias”, enfatizó el Representante de ONU Derechos Humanos.
Jarab subrayó además la urgencia de abordar otras denuncias de desaparición forzada que surgieron en el contexto de la visibilidad mediática de este caso, así como de adoptar todas las medidas necesarias para la no repetición.
“Este fatal hecho debe marcar un punto de inflexión en la forma de conducir la política de seguridad pública en el país”, añadió.
Finalmente, la Oficina ratificó su compromiso de apoyar a las familias de las víctimas y a la sociedad ecuatoriana, reiterando su disposición para brindar cooperación técnica al Estado en el cumplimiento de sus obligaciones de rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos cometidas. Asimismo, se compromete a promover la justicia racial en el actuar de los agentes del orden y a impulsar la prevención mediante la capacitación en derechos humanos.
FIN
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