El hecho de que los Estados empleen cada vez más a empresas de seguridad privadas en funciones tales como la vigilancia durante las manifestaciones o la gestión de las cárceles, exige directrices más nítidas en materia de responsabilidad y seguimiento, afirmó un experto de las Naciones Unidas.
“La tendencia creciente a la privatización de las prestaciones de seguridad plantea interrogantes acerca de la función, la responsabilidad y, en última instancia, la rendición de cuentas en lo tocante a abusos y violaciones de derechos humanos”, señaló el Sr. Christof Heyns, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. “Los Estados no deberían tener la posibilidad de eludir la responsabilidad de los abusos más graves mediante un simple cambio de contratista”.
El Sr. Heyns presentó esta semana su último informe al Consejo de Derechos Humanos. En su intervención, esbozó el contexto de la obra e informó a este órgano acerca de sus últimas misiones y actividades.
En el informe, el Relator Especial pone de relieve los distintos dispositivos de rendición de cuentas existentes que podrían proporcionar investigaciones menos exhaustivas sobre abusos de derechos humanos cometidos por empresas de seguridad privadas e insistió en que hay una urgente necesidad de transparencia.
“Habida cuenta de los riesgos inherentes de violación de derechos humanos que implica la labor de seguridad, debería prestarse una atención más exhaustiva al umbral que pueda desencadenar una asunción de responsabilidad”, dijo el Relator Especial. “Las leyes no deberían otorgar a una empresa el derecho a eludir la responsabilidad en caso de que el uso deliberado o muy negligente de fuerza excesiva cause la muerte o lesiones graves a una persona. Si no hay criterios que definan estrictamente el umbral que puede desencadenar una asunción de responsabilidad, la mayoría de las víctimas no podrá interponer recursos eficaces, ya que a menudo el empleado que comete el delito no dispone de medios para hacer frente a la reparación”.
El Sr. Heyns recomendó también que se vigile mejor el uso de la fuerza por parte de estos contratistas. El informe contiene un conjunto de recomendaciones, entre otras, que los Estados lleven un registro de las empresas de seguridad privadas que operan en su territorio y les extiendan permisos de funcionamiento; que aclaren las responsabilidades de dichas empresas en materia de derechos humanos cuando operan en el país y en el extranjero; y que se ponga en vigor un sistema de presentación obligatoria de informes en casos de muerte, tanto si están involucrados agentes estatales encargados de hacer cumplir la ley como si se trata de personal de seguridad privado.
27 de junio de 2016
Fuente: ACNUDH
*Consulte el informe del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, aquí: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/32/39
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