“Crecí con un profundo respeto por la naturaleza, aprendí desde pequeño a valorar los recursos naturales y la biodiversidad”, dijo Marcos Uzquiano Howard, guardaparques boliviano y defensor de la Amazonía.
Criado entre saberes ancestrales y la selva viva del norte de Bolivia, Uzquiano convirtió ese legado en una forma de vida: proteger el territorio, la biodiversidad y los pueblos que lo habitan.
“Mi mamá y mi abuela me educaron en ese respeto, diciéndonos que, si íbamos a utilizar algo de la naturaleza, debíamos pedir permiso, porque los árboles son seres vivientes”, recordó Uzquiano.
Sin embargo, su vocación lo convirtió en un blanco de acoso institucional, despido arbitrario y amenazas.
“La biodiversidad amazónica es muy rica, pero también está en peligro debido a la minería ilegal y otras amenazas”, explicó Uzquiano.
El defensor había denunciado las amenazas contra la biodiversidad amazónica en su región, como la minería ilegal, los incendios forestales y la deforestación. Ello, dijo, le generó conflictos con actores externos, así como persecución en la institución donde trabaja, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia (SERNAP), misma que, según la opinión de Uzquiano, debería ser su respaldo.
Aunque Uzquiano después logró una sentencia favorable que ordenó su restitución laboral, aún espera que se materialicen las medidas de protección necesarias para continuar con su labor.
El 23 de abril de 2025 se celebró en Bolivia la primera audiencia pública ambiental bajo el Acuerdo de Escazú. Convocada por el Tribunal Agroambiental, abordó la protección del jaguar y su hábitat, e incluyó medidas de resguardo para personas defensoras como Uzquiano. La audiencia marcó un precedente histórico en el acceso a la justicia ambiental y en la aplicación efectiva del Acuerdo de Escazú en el país.
Haciendo una diferencia
Mediante su trabajo en Bolivia, la oficina de ONU Derechos Humanos para América del Sur realiza un seguimiento constante a la situación de personas defensoras de derechos humanos, particularmente aquellas que trabajan en temas ambientales y en territorios indígenas.
En este marco, la Oficina ha mantenido contacto con Uzquiano, cuyo caso se ha podido conocer en mayor profundidad gracias a organizaciones de la sociedad civil aliadas como el Centro de Documentación e Información Bolivia y la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia.
“Lo que más me llena es despertar y observar el paisaje y la belleza escénica de la selva, el verde tan intenso de los árboles, la biodiversidad, la flora, la fauna, el canto de las aves”. — Marcos Uzquiano Howard, defensor boliviano del medio ambiente.
ONU Derechos Humanos, a través de sus presencias en América Latina, trabaja en la implementación del Acuerdo de Escazú, un instrumento único en su tipo en tanto que es un acuerdo regional que no solamente se ocupa de la protección del medio ambiente sino de la protección de quienes defienden el medio ambiente.
“El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe que garantiza tres derechos fundamentales: el acceso a la información ambiental, la participación en decisiones que afectan al medio ambiente y el acceso a la justicia en asuntos ambientales”, dijo Sara Nuero, coordinadora del proyecto de ONU Derechos Humanos sobre estrategias regionales de derechos humanos para América Latina y el Caribe financiado por Suecia, basada en la oficina de ONU Derechos Humanos para América Central.
El artículo 9 del Acuerdo es particularmente relevante pues establece directrices para la protección de defensores ambientales y permite que reciban protección a nivel internacional.
“En el caso del señor Uzquiano, tanto instituciones del Estado como la sociedad civil están utilizando el Acuerdo de Escazú y su interpretación para fortalecer procesos de resistencia, incidencia y para lograr decisiones importantes en el ámbito constitucional, con potencial para generar jurisprudencia”, dijo Jan Jarab, Representante de la oficina regional de ONU Derechos Humanos para América del Sur.
La Oficina brinda asistencia técnica a los Estados para que implementen el Acuerdo de Escazú desde un enfoque de derechos humanos.
“La Oficina también ha impulsado la participación activa de personas defensoras del medio ambiente en los procesos nacionales y regionales de implementación”, dijo Nuero. “Entre las alianzas destacadas se encuentra la colaboración con organizaciones de la sociedad civil, mecanismos regionales y agencias de cooperación para fortalecer capacidades y generar espacios de diálogo y protección”.
Uno de estos representantes de la sociedad civil es César Artiga, activista desde los 18 años, impulsor de cultura de paz y hoy representante electo del público ante el Acuerdo de Escazú.
Para Artiga el Acuerdo de Escazú es un hito en materia ambiental.
“América Latina y el Caribe es la región más peligrosa del mundo para ejercer la labor de defensa del medio ambiente”, dijo Artiga. “El Acuerdo de Escazú no sólo protege a personas en la primera línea, también incluye a periodistas, investigadores y todos aquellos que defienden el medio ambiente en cualquier capacidad”.
Artiga participó recientemente en el Tercer Foro sobre Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, celebrado en San Cristóbal y Nieves, organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y que contó con ONU Derechos Humanos como coorganizador.
Desde su visión regional, Artiga ve una amenaza creciente, un preocupante momento de retrocesos y debilitamiento institucional, pero también, dijo, de mucha autogestión y lucha desde los territorios. Estas experiencias fueron compartidas ampliamente durante el Foro.
“Hay resiliencia comunitaria porque no queda de otra: es supervivencia”, dijo Artiga.
Retos pendientes
Hasta ahora, 17 países de América Latina y el Caribe han ratificado el Acuerdo y aunque el avance es significativo, los retos persisten.
Por ello, una implementación efectiva del Acuerdo de Escazú es urgente. Según ONU Derechos Humanos, uno de los mayores desafíos para la implementación es lograr que los compromisos adquiridos se traduzcan en acciones concretas que respondan a los contextos y necesidades locales.
“Uno de los principales desafíos en la implementación del Acuerdo de Escazú es traducir los compromisos regionales en acciones concretas a nivel nacional que realmente fortalezcan la protección de las personas defensoras del medio ambiente”, dijo Nuero. “Acompañar este proceso requiere voluntad política, recursos y una participación activa de la sociedad civil”.
Para Jarab, es clave el desarrollo de indicadores regionales para la implementación adecuada del Acuerdo.
“Es necesario recabar información de cada país que ha ratificado el Acuerdo para contribuir con la ejecución de sus respectivos planes nacionales”, subrayó Jarab.
Para Uzquiano, la atención internacional ha sido fundamental para su defensa.
“La intervención de ONU Derechos Humanos me ha dado una sensación de esperanza, de que no estamos solos”, dijo Uzquiano. “Su respaldo y el de la Defensoría del Pueblo de Bolivia me dio la confianza para continuar con mi trabajo, a pesar de las amenazas y la persecución”.
El 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente