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La creación del cargo de Alto Comisionado para los Derechos Humanos en 1993 ha permitido una voz independiente, con autoridad para hablar a favor de los derechos humanos en todo el mundo.

La Oficina del Alto Comisionado responde a las crisis, apoya los defensores de derechos humanos, los derechos humanos y trae más cerca de la gente. A través de actividades de promoción, supervisión y formación, contribuye a las reformas legislativas y políticas para aumentar la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos y la promoción de los derechos humanos.

Muchos retos por delante en la lucha por promover y mejorar la dignidad, la libertad y los derechos de todos los seres humanos. En las últimas dos décadas, sin embargo, se han logrado avances significativos.

  • Los siguientes son 20 de los logros más importantes alcanzados desde 1993:

1. Los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos y el derecho al desarrollo se reconocen como universales, indivisibles y se refuerzan mutuamente los derechos de todos los seres humanos, sin distinción alguna.

El disfrute de los derechos humanos está interrelacionado. El disfrute de un derecho contribuye a la promoción de las otras. Del mismo modo, la privación de un derecho afecta negativamente a los demás. Por ejemplo, a menudo es difícil para las personas que no saben leer y escribir para encontrar trabajo, a participar en actividades políticas o de ejercer su libertad de expresión.

Los derechos económicos, sociales y culturales incluyen el derecho a una alimentación adecuada, a una vivienda adecuada, a la educación, a la salud, a la seguridad social, para tomar parte en la vida cultural, al agua y al saneamiento, y para trabajar. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales entró en vigor en 1976, mientras que su Protocolo Facultativo en 2013. El Comité que supervisa la aplicación del Pacto fue establecido en 1985. Un relator especial en la esfera de los derechos culturales también fue nombrado en 2009.

Los derechos civiles y políticos incluyen el derecho a la vida, a la libertad ya la seguridad personal, la libertad de la esclavitud, la tortura y la detención arbitraria, así como el derecho a un juicio justo, la libertad de expresión y la libre circulación y la privacidad. El Comité de Derechos Humanos supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que entró en vigor en 1976. Hay dos protocolos facultativos, el primero que entró en vigor en 1976, mientras que el Segundo Protocolo Facultativo, que aborda la cuestión de la abolición de la pena de muerte, entró en vigor en 1991.

El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable: toda persona tiene derecho a participar, a contribuir a ese desarrollo ya disfrutar económico, social, cultural y política. Se adoptó una Declaración sobre el Derecho al Desarrollo en 1986. También hay un grupo intergubernamental de composición abierta, de Trabajo sobre el Derecho al Desarrollo, que se estableció en 1998.

2. Los derechos humanos se han convertido en el centro de la conversación global sobre la paz, la seguridad y el desarrollo.

La paz y la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos son los tres pilares de las Naciones Unidas.

La integración de los derechos humanos en el mantenimiento de la paz ha mejorado significativamente la preparación para las misiones de paz de las Naciones Unidas para prevenir y responder a las violaciones de derechos humanos. Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por ejemplo, han dado cada vez más fuertes mandatos de derechos humanos a las operaciones de mantenimiento de la paz.

La capacidad de las operaciones de paz de las Naciones Unidas a fin de proteger a las poblaciones locales de los incidentes a gran escala de violaciones graves de los derechos humanos se ha convertido cada vez más el criterio por el cual es analizado el rendimiento y el éxito misiones.

En junio de 2013, hay 15 componentes de derechos humanos en las misiones de paz de la ONU.

3. Nuevas normas de derechos humanos se han basado en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y la aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos se ha mejorado significativamente.

Los órganos de tratados de derechos humanos son comités de expertos independientes que supervisan la aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos. Cada Estado parte en un tratado tiene la obligación de garantizar que todas las personas en el Estado puede disfrutar de los derechos establecidos en el tratado.

El sistema de órganos de tratados se ha visto un crecimiento gradual en los últimos años, con la adopción por los Estados de los nuevos instrumentos de derechos humanos y la creación de nuevos órganos de tratados. Todas las partes se benefician de su trabajo: las víctimas llegar a los órganos de tratados de resarcimiento y reparación a través del sistema de denuncias individuales y gobiernos dependen de ellos para una mayor comprensión de sus obligaciones en virtud del derecho internacional de derechos humanos. Todo el mundo se beneficia de tener la información de dominio público sobre la situación de derechos humanos en todos los países.

4. Protecciones explícitas adicionales en el derecho internacional existen ahora cubre, entre otros, los niños, las mujeres, las víctimas de tortura, las personas con discapacidad, y las instituciones regionales. Cuando hay denuncias de violaciones, las personas pueden presentar denuncias a los órganos de tratados de derechos humanos internacionales.

Cada año, más de 7, 500 personas de todo el mundo traen quejas de derechos humanos a la atención de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en relación con los procedimientos de reclamación de los órganos de tratados.

Los casos señalados a la atención de los respectivos Comités han alcanzado repercusión nacional e internacional en algunos casos. Han mejorado y aliviar la situación de las personas en países de todo el mundo los derechos humanos, y han contribuido a evitar la ocurrencia de violaciones similares en el futuro.

5. Los derechos de las mujeres son ahora reconocidos como derechos humanos fundamentales. La discriminación y los actos de violencia contra las mujeres están a la vanguardia del discurso de los derechos humanos.

La Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993 reconoció los derechos de las mujeres como derechos humanos.

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) entró en vigor en 1981 y su Comité fue establecido en 1982. La Convención, a menudo descrito como una declaración internacional de derechos para la mujer, casi se ha logrado la ratificación universal. El Protocolo Facultativo de la Convención fue adoptado en 1999.

Un Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra la mujer en la ley y en la práctica, fue nombrado en 2011. El establecimiento del Grupo de Trabajo es el último hito en el largo camino hacia la igualdad de las mujeres con los hombres.

La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, adoptada en diciembre de 1993, establece las medidas que los Estados y los organismos internacionales deben tomar para garantizar la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer, tanto en el ámbito público o privado;

La primera Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer fue nombrada en 1994.

6. Existe un consenso global que violaciones graves de los derechos humanos no deben quedar impunes. Las víctimas tienen el derecho a reclamar justicia, incluida dentro de los procesos para restaurar el imperio de la ley después de los conflictos. La Corte Penal Internacional aporta los autores de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad ante la justicia.

El 7 de agosto de 2012, la Corte Penal Internacional (CPI), establecida en 2002, publicó su primera decisión histórica de reparaciones para las víctimas, en el caso contra Thomas Lubanga, la primera persona condenada por la Corte Penal Internacional.

La decisión establece los principios importantes de reparación ante la CPI, lo que confirma que las víctimas deben recibir reparación, y que las necesidades de las víctimas vulnerables, incluidas las mujeres, los niños y las víctimas de violencia sexual y de género, deben ser tratados como una prioridad. La decisión reconoce que el derecho a la reparación es un derecho humano y bien establecido básico consagrado en tratados universales y regionales de derechos humanos y en otros instrumentos internacionales, como los Principios y directrices básicos sobre el derecho a interponer recursos y obtener reparaciones Básicos de la ONU.

7. Se ha producido un cambio de paradigma en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas con discapacidad, sobre todo y lo más importante, su derecho a la participación efectiva en todos los ámbitos de la vida en igualdad de condiciones con los demás.

Alrededor del 10 por ciento de la población mundial – unos 650 millones de personas – son personas con discapacidad.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entró en vigor en 2008, establece las normas internacionales de derechos humanos para todas las personas con discapacidad en el mundo.

La Convención marcó un cambio en cómo se ven las personas con discapacidad: ya no son vistos como objetos de caridad o tratamiento médico, sino como personas capaces de tomar sus propias decisiones y ejercer sus derechos. La Convención obliga a los Estados, el sector privado y otros para asumir la responsabilidad de respetar, proteger y cumplir los derechos de las personas con discapacidad y promueve la cooperación internacional al desarrollo y la asistencia humanitaria.

El Protocolo Facultativo de la Convención entró en vigor al mismo tiempo que el Convenio permite a las personas a presentar denuncias contra los Estados Partes.

8. En la actualidad existe un marco internacional que reconoce los desafíos que enfrentan los migrantes y sus familias, lo que garantiza sus derechos y los de los migrantes indocumentados.

Se estima que unos 214 millones de personas viven fuera de su país de origen, muchos de ellos habían movido por una variedad de motivos en la que la búsqueda de la protección y la búsqueda de oportunidades se entrelazan inextricablemente.

Los migrantes suelen trabajar en empleos que son sucios, peligrosos y degradantes. Mientras que para algunos la migración es una experiencia positiva y potenciadora, demasiados inmigrantes tienen que soportar violaciones de los derechos humanos, la discriminación y la explotación.

Mecanismos de derechos humanos, como el Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, nombrado en 1999, y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, que entró en vigor en 2003, han sido claros al señalar que si bien los países tienen el derecho soberano de determinar las condiciones de entrada y estancia en su territorio, sino que también tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción, independientemente de su nacionalidad u origen e independientemente de su estatus migratorio.

9. Los derechos de las lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero han sido colocados en la agenda internacional.

Muchas de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT) de todas las edades y en todas las regiones del mundo son objeto de violencia física de odio motivados. Muchos más son discriminados en el mercado de trabajo, en las escuelas y en los hospitales, o maltratado y repudiado por su propia familia. En al menos 76 países, tener una pareja del mismo sexo es considerado un delito penal.

En los últimos años, muchos Estados han hecho un gran esfuerzo para reforzar la protección de los derechos humanos de las personas LGBT. Una serie de nuevas leyes han sido adoptadas – incluyendo las leyes que prohíben la discriminación, penalización de crímenes de odio por homofobia, otorgar el reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo, y lo que es más fácil para las personas transexuales a obtener documentos oficiales que reflejan su género preferido.

En 2010, el secretario general de la ONU Ban Ki-moon y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Navi Pillay lanzó un llamamiento mundial para la despenalización mundial de la homosexualidad y de otras medidas para hacer frente a la violencia y la discriminación contra las personas LGBT. Se han planteado desde la emisión repetida en los discursos públicos y reuniones privadas.

En junio de 2011, el Consejo de Derechos Humanos aprobó la primera resolución de la ONU sobre orientación sexual e identidad de género. Su aprobación allanó el camino para el primer informe oficial de las Naciones Unidas sobre el tema preparado por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.

10. Los desafíos que enfrentan los pueblos indígenas y las minorías son cada vez más identificadas y tratadas por los mecanismos internacionales de derechos humanos, especialmente en relación con su derecho a la no discriminación.

En los últimos años, se han producido avances significativos en temas y derechos indígenas, incluyendo la histórica adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2007. En el mismo año, un Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas fue establecido por el Consejo de Derechos Humanos.

El Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Poblaciones Indígenas, establecido en 1985, concede a los pueblos indígenas la oportunidad de participar en las sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, establecido en 2000, el Mecanismo de Expertos, el Consejo de Derechos Humanos, incluido su mecanismo de Examen Periódico Universal y los órganos de tratados. En 2012, el mandato del Fondo se amplió para incluir el apoyo a los pueblos indígenas a participar en la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas, que se celebrará en 2014.

El Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas fue nombrado en 2001.

El segundo Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo se inició en 2005 y finalizará en el año 2014. La primera década fue de 1995 a 2004.

Derechos de las minorías están siendo reconocidos cada vez más como una parte integral de la labor de las Naciones Unidas para la promoción y protección de los derechos humanos, el desarrollo humano sostenible, la paz y la seguridad.

Un Foro sobre Cuestiones de las Minorías se estableció el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2007. Proporciona una plataforma para promover el diálogo y la cooperación en cuestiones relativas a las minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas. El Foro está dirigido por el experto independiente sobre cuestiones de las minorías, primero nombrado en 2005.

La Declaración de las Minorías de las Naciones Unidas fue adoptada en 1992.

11. El Consejo de Derechos Humanos, creado en 2006, se ha ocupado de cuestiones vitales y sensibles, y su Examen Periódico Universal, establecido en el mismo año, ha permitido a los países a evaluar los registros de los demás derechos humanos, formular recomendaciones y prestar asistencia para la mejora.

El Consejo de Derechos Humanos es responsable de fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo y para hacer frente a situaciones de violaciones de derechos humanos y hacer recomendaciones al respecto.

Desde su creación, el Consejo ha respondido a situaciones urgentes de derechos humanos, aunque las sesiones especiales, ha tomado medidas para abordar la rendición de cuentas por las graves violaciones de los derechos humanos internacionales y el derecho humanitario mediante el establecimiento de comisiones de investigación o enviando misiones de investigación, y ha adoptado aproximadamente 456 resoluciones para abordar una amplia gama de cuestiones de derechos humanos.

El Examen Periódico Universal (EPU) es un proceso único que implica una revisión de los registros de todos los Estados Miembros de la ONU sobre derechos humanos. Brinda la oportunidad a cada Estado para declarar qué acciones se han tomado para mejorar la situación de derechos humanos en sus países y para cumplir con sus obligaciones de derechos humanos. Como una de las principales funciones del Consejo, el EPU ha sido diseñado para garantizar la igualdad de trato para todos los países al evaluar su situación de derechos humanos.

El primer ciclo del EPU se completó en marzo de 2012. Todos los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas participaron en la revisión. Los debates abarcaron todos los temas de derechos humanos, de los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo.

12. Los expertos independientes de derechos humanos y organismos supervisar e investigar desde una perspectiva temática o país específico. Cubren todos los derechos de todas las regiones, produciendo contundentes informes públicos que aumentan la responsabilidad y ayudar a combatir la impunidad.

Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas son expertos independientes en derechos humanos que examinen, control y comunicación en materia de derechos humanos específicos desde una perspectiva temática o país específico. Actualmente se investigan y reportan en 36 derechos humanos mandatos específicos temáticos, como el agua y el saneamiento, la alimentación, las desapariciones involuntarias, los migrantes, la tortura y la trata de personas, y 12 mandatos relativos a los países o territorios.

Una comprensión más profunda de la situación de los derechos humanos en un país que se desarrolla se puede obtener por las misiones de evaluación. Si las circunstancias lo justifican, el Consejo de Derechos Humanos puede decidir enviar misiones de investigación, que investigan violaciones de derechos humanos y, cuando sea posible, identificar a los autores.

Los miembros de estas misiones de evaluación recopilar información mediante reuniones con funcionarios del gobierno, líderes de la oposición, defensores de derechos humanos, miembros de la sociedad civil, las víctimas de violaciones de derechos y sus familias, líderes religiosos y personas desplazadas internamente. Con frecuencia visitan las cárceles y hospitales. También recogen materiales como fotografías, vídeos, informes y otros documentos que puedan ayudar en el establecimiento de la situación de los derechos humanos.

13. Los Estados y las Naciones Unidas reconocen el papel fundamental de la sociedad civil en la promoción de los derechos humanos. La sociedad civil ha estado a la vanguardia de la promoción de los derechos humanos y la protección, detectando los problemas y proponiendo soluciones innovadoras, impulsando nuevos estándares, lo que contribuye a las políticas públicas, dando voz a los sin poder, la creación de conciencia en todo el mundo acerca de los derechos y libertades, y ayudar a crear un cambio sostenible en el suelo.

La Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993 reconoció el importante papel de las organizaciones no gubernamentales. Actores de la sociedad civil desempeñaron un papel fundamental en el establecimiento de la posición del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

El aumento de la participación de la sociedad civil, con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas impulsado el desarrollo de nuevas normas y fortaleció el sistema de derechos humanos.

En los últimos años, más los mecanismos de protección se han puesto en marcha para proteger a los actores de la sociedad civil que están en riesgo a causa de sus actividades de derechos humanos. Se adoptó una Declaración sobre los defensores de derechos humanos en 1998 y el mandato sobre la situación de los defensores de los derechos humanos se estableció en 2000.

A lo largo de los años, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha desarrollado e implementado una serie de estrategias y medidas para proteger a la sociedad civil, en particular a nivel de campo. Que van desde el seguimiento y presentación de informes sobre la situación de los defensores de los derechos humanos a la diplomacia tranquila con representantes del Estado, promoción y asesoramiento en materia de legislación afecta a la sociedad civil, el enlace con los actores que pueden brindar las medidas de protección; visitar actores de la sociedad civil en la detención o la observación de los ensayos en los que están siendo procesados.

14. Hay cada vez más conciencia y la creciente demanda por la gente en todo el mundo de una mayor transparencia y rendición de cuentas del gobierno y por el derecho a participar plenamente en la vida pública.

Millones de personas han salido a las calles en los últimos años, en los países de todo el mundo. Ellos han estado pidiendo su derecho a participar plenamente en las decisiones importantes y las políticas que afectan a su vida cotidiana, en el nivel local, nacional e internacional.

Todo ciudadano tiene el derecho y la oportunidad de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tendrá derecho a votar y ser elegido ya tener acceso a la función pública, así como a la libertad de expresión, reunión y asociación. Estos son algunos de los derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que 167 Estados son parte. Y han sido actualizados en muchos aspectos similares en otras leyes y documentos.

15. Las instituciones nacionales de derechos humanos se han vuelto más independientes y con autoridad y tienen una poderosa influencia sobre el gobierno. Más de un tercio de todos los países han establecido una o más de dichas instituciones.

Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) recibir y examinar denuncias de violaciones de derechos humanos, participan en la rendición de cuentas y los procesos de justicia de transición en los países afectados por conflictos o en transición después de un conflicto, ayudar en el desarrollo de las instituciones democráticas y organizar la creación de capacidades, especialmente en las áreas de rendición de cuentas, el estado de derecho y la democracia.

La Conferencia Mundial de 1993 sobre los Derechos Humanos de Viena supuso un punto de inflexión para las INDH. La Conferencia reafirmó el papel que desempeñan las instituciones nacionales, en particular en su capacidad para asesorar a las autoridades competentes ya su papel en la reparación de violaciones de derechos humanos, en la difusión de información sobre derechos humanos y educación en derechos humanos.

INDH han experimentado un crecimiento exponencial desde los años 1990. El número de instituciones nacionales comenzó a crecer en el continente americano a principios de 1990, en África y en Europa a mediados de la década de 1990 y en la región Asia-Pacífico a finales de 1990.

16. El Fondo de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura ha ayudado a cientos de miles de víctimas de tortura a reconstruir sus vidas. Del mismo modo, el Fondo Fiduciario de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas sobre las Formas Contemporáneas de la Esclavitud, con su enfoque único orientado a las víctimas, ha proporcionado ayuda humanitaria, jurídica y financiera a las personas cuyos derechos humanos han sido violados a través de más de 500 proyectos.

El Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura se creó en 1981 para proporcionar “ayuda humanitaria, jurídica y financiera a las personas cuyos derechos humanos hayan sido objeto de graves violaciones como resultado de la tortura”.

Los premios del Fondo de subvenciones a organizaciones no gubernamentales, asociaciones de víctimas y familiares de las víctimas, los hospitales públicos y privados, clínicas jurídicas, bufetes de abogados de interés público y abogados individuales, que – a su vez – ayudar a los sobrevivientes de tortura y sus familiares en la reconstrucción de su vidas.

A través de la cuantía de las ayudas medianamente importe de 35.000 dólares cada uno, se estima que unas 70.000 víctimas reciben ayuda cada año. Durante los últimos 30 años, el Fondo ha proporcionado asistencia financiera por valor de más de 120 millones de dólares a más de 600 organizaciones en todo el mundo.

En 1984, la Asamblea General aprobó la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que entró en vigor el 26 de junio de 1987. La Convención obliga a los Estados a tipificar la tortura como delito y enjuiciar y castigar a los culpables de ello. Los Estados Partes están obligados a informar al Comité de la ONU contra la Tortura, creado en 1987.

El Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura, primero nombrado en 1985, también juega un papel clave en la lucha internacional contra la tortura, respondiendo a las quejas de individuos y grupos.

El Fondo Fiduciario de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas sobre las Formas Contemporáneas de la Esclavitud fue establecido en 1991 con el objetivo de proporcionar “ayuda humanitaria, jurídica y financiera a las personas cuyos derechos humanos hayan sido objeto de graves violaciones como resultado de las formas contemporáneas de la esclavitud y sus familiares que tienen visto directamente afectados por el sufrimiento de la víctima”.

Formas contemporáneas de la esclavitud incluyen la esclavitud tradicional, la servidumbre, la servidumbre, el trabajo forzoso, la servidumbre por deudas, las peores formas de trabajo infantil, el matrimonio forzado y precoz, la venta de esposas y viudas heredadas, trata de personas y de órganos humanos, la esclavitud sexual, la venta de niños, la explotación sexual comercial de los niños y los niños en los conflictos armados.

En los últimos 20 años, el Fondo ha apoyado más de 500 proyectos destinados a ayudar directamente a miles de víctimas de liberarse de las formas contemporáneas de la esclavitud en más de 95 países de todas las regiones del mundo.

El primer Relator Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, sus causas y consecuencias, fue nombrado en 2008.

17. Las víctimas de la trata son ahora considerados como derecho a toda la gama de derechos humanos y que ya no se percibe como criminales.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha tenido éxito en lograr el reconocimiento de que las personas sometidas a la trata son víctimas más que los autores de delitos. Este concepto se materializa en el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, aprobada en 2000.

El enfoque penal trata eficazmente la trata de personas exclusivamente como un delito, se centra en llevar a los responsables ante la justicia, sin prestar mucha atención a la difícil situación de la víctima. El enfoque centrado en las víctimas es mucho más amplio, ya que está diseñado para hacer frente a las causas que empujan a las víctimas a caer en manos de traficantes.

En 2002, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU elaboró ​​un conjunto de principios y directrices en materia de derechos humanos y trata de personas para proporcionar orientación normativa práctica basada en los derechos sobre la prevención de la trata de personas y en la protección de las víctimas de la trata, a través de la integración de los derechos humanos perspectiva de género en las leyes contra el tráfico nacional, regional e internacional, las políticas y las intervenciones.

El Relator Especial sobre la trata de personas, especialmente de mujeres y niños fue nombrado por primera vez en 2004.

Estados han elaborado un enfoque de derechos humanos en su caja de herramientas para hacer frente a la trata de personas.

18. Un creciente consenso está surgiendo que las empresas tienen obligaciones de derechos humanos.

El alcance cada vez mayor y el impacto de las empresas comerciales han dado lugar a un debate sobre los roles y responsabilidades de esos actores en materia de derechos humanos.

Durante la última década, los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas ha estado considerando el alcance de las responsabilidades de derechos humanos de negocio “y explorar formas para que los actores corporativos a rendir cuentas por el impacto de sus actividades sobre los derechos humanos.

Como resultado de este proceso, ahora hay una mayor claridad sobre las funciones y responsabilidades de los gobiernos y las empresas en materia de protección y respeto de los derechos humanos. En 2011, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos para la implementación de las Naciones Unidas “Proteger, respetar y remediar”, ofreciendo – por primera vez – un estándar global para la prevención y atención del riesgo de efectos adversos en la salud humana los derechos vinculados a la actividad empresarial.

19. En la actualidad hay directrices para los Estados que apoyan la libertad de expresión, mientras que definir dónde discurso constituye una incitación directa al odio o la violencia.

En los últimos años, los incidentes relacionados con el discurso del odio, los estereotipos negativos en los medios de comunicación, e incluso apología del odio religioso o nacional, incluidos los funcionarios públicos y los partidos políticos han dado lugar a asesinatos de personas inocentes, los ataques contra los lugares de culto y pide represalias. Esta espiral de violencia ha hecho que sea titular a renovar la búsqueda de un equilibrio adecuado entre la libertad de expresión y la necesidad igualmente vital para proteger a las personas y comunidades de la discriminación y la violencia.

En 2013, se puso en marcha el Plan de Acción de Rabat sobre la prohibición de la apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia. Se recomienda, entre otras cosas, la adopción de legislaciones antidiscriminatorias nacionales integrales con medidas preventivas y punitivas para combatir con eficacia la incitación al odio, así como la potenciación de las minorías y los grupos vulnerables.

Entre los factores clave expuestos en el Plan de Acción de Rabat para prevenir la incitación al odio son la responsabilidad colectiva de los funcionarios públicos, líderes religiosos y comunitarios, los medios de comunicación y las personas, y la necesidad de fomentar la conciencia social, la tolerancia, el respeto mutuo y el diálogo intercultural”.

20. El cuerpo de la ley internacional de derechos humanos continúa evolucionando y expandiéndose, para hacer frente a las nuevas cuestiones de derechos humanos como los derechos de las personas mayores, el derecho a la verdad, un medio ambiente limpio, el agua y el saneamiento, y los alimentos.

Nuevas cuestiones de derechos humanos son ampliamente reconocidas en el derecho internacional. Por ejemplo:

Se prevé que el número de personas de 60 y más años de edad aumentará de los actuales 740 millones de dólares para llegar a 1000 millones en 2020. Por desgracia, el aumento en el número también ha arrojado luz sobre la falta de mecanismos adecuados de protección y sobre las lagunas existentes en las políticas y programas para hacer frente a la situación de las personas mayores.

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos se esfuerza por asegurar que los grupos de población desatendidos se les da el espacio y el peso en la agenda de derechos humanos, y que los gobiernos adopten todas las medidas necesarias para proteger y promover los derechos humanos.

El derecho a la verdad proporciona a las víctimas ya sus familiares el derecho a conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se produjeron violaciones de los derechos humanos, incluidos los que participaron en ellos. En los casos de las desapariciones forzadas y las personas desaparecidas, sino que también implica el derecho a conocer la suerte y el paradero de la víctima.

El Día Internacional para el Derecho a la Verdad fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010 y se celebra anualmente el 24 de marzo. El derecho a la verdad es reconocido en diversos tratados e instrumentos internacionales y regionales, como la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, las leyes nacionales, la jurisprudencia nacional, regional e internacional, y numerosas resoluciones y declaraciones de los órganos intergubernamentales.

En los últimos años, el reconocimiento de los vínculos entre los derechos humanos y el medio ambiente ha aumentado considerablemente. Muchos estados ahora incorporan el derecho a un medio ambiente sano en sus constituciones. Sin embargo, muchas preguntas acerca de la relación de los derechos humanos y el medio ambiente siguen siendo sin resolver y requieren un examen.

El primer experto independiente sobre las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente seguro, limpio, sano y sostenible fue nombrado en 2012. También hay un Relator Especial sobre las consecuencias para los derechos humanos de la gestión ambientalmente racional y disposición de sustancias y residuos peligrosos. La primera cita data de 1995.

El acceso al agua potable y el saneamiento es esencial para vivir una vida digna y la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, miles de millones de personas que aún no gozan de estos derechos fundamentales.

El derecho al agua y al saneamiento requiere que estos derechos están disponibles, accesibles, seguros, aceptables y asequibles para todos, sin discriminación. El primer Relator Especial sobre el derecho al agua potable y al saneamiento fue nombrado en 2008.

El derecho a la alimentación es el derecho a tener acceso regular, permanente y libre a una alimentación adecuada y suficiente para garantizar la plena y significó la vida física y mental, libre de temor.

El primer Relator Especial sobre el derecho a la alimentación fue nombrado en 2000.

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