(23 de diciembre de 2024) – El Representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab, se reunió con familiares de cuatro menores de edad desaparecidos hace más de dos semanas en Guayaquil, Ecuador.
En el encuentro, que se realizó de manera virtual, también participaron familiares de otros menores de edad desaparecidos previamente este año, así como el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), entidad que acompaña a las víctimas.
Las madres y los padres de los menores compartieron su dolor y angustia, enfatizando que su único deseo es que sus hijos sean hallados con vida y puedan regresar a sus casas. Los niños, de entre 11 y 15 años, se encontraban en los alrededores de un centro comercial en el sector de Las Malvinas el 8 de diciembre cuando habrían sido detenidos por miembros de las Fuerzas Armadas, quienes les obligaron a subir a un vehículo. Desde entonces se desconoce su paradero.
Jarab recibió con gran preocupación el relato de las familias y expresó su empatía y solidaridad ante la situación de temor e incertidumbre que enfrentan. El Representante de ONU Derechos Humanos también se comprometió a interactuar con las respectivas autoridades del Estado ecuatoriano para un rápido avance de la investigación.
Los miembros del CDH, en tanto, hicieron referencia a los diferentes aspectos jurídicos de este caso, que -así como otros registrados en los últimos tiempos en el país- configuraría una presunta desaparición forzada, de acuerdo a los estándares internacionales en la materia.
“Las autoridades tienen la obligación de llevar a cabo una búsqueda rápida, con el principal fin de dar con el paradero de los menores de edad desaparecidos, ese es el objetivo más urgente”, destacó Jarab. “La búsqueda debe contar con la participación de las familias, ser empática y evitar la revictimización”, agregó.
Jarab también citó la importancia de los Principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas, adoptados por el Comité contra la Desaparición Forzada en 2019, que incluyen buenas prácticas para la búsqueda efectiva de personas desaparecidas. Entre otros, estos establecen que la búsqueda de una persona desaparecida debe comenzar sin demora, debe realizarse bajo la presunción de que la persona está viva y debe ser independiente e imparcial.
De conformidad con el mandato de la Oficina, el Representante se comprometió a seguir dando seguimiento a este caso, así como a otros en los que se evidencian violaciones a los derechos humanos, incluidas las desapariciones forzadas. Este seguimiento tiene como objetivo no solo promover la verdad y la justicia, sino también garantizar que las acciones estatales estén alineadas con las normas internacionales de derechos humanos, destacó Jarab.
FIN
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