(26 de diciembre de 2024) – El Representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab, se reunió con el Defensor del Pueblo del Ecuador, César Córdova, para abordar el caso de los cuatro menores de edad desaparecidos en Guayaquil desde el 8 de diciembre.
En el encuentro, que se realizó de manera virtual, participaron también los equipos técnicos de la Defensoría, incluida la directora del Mecanismo Nacional de protección de personas desaparecidas y reparación a víctimas, Alba Jalón.
Durante la reunión se trabajó en la cooperación entre las instituciones en diferentes dimensiones del caso, específicamente en materia de apoyo a familiares de los niños desaparecidos, el fortalecimiento de los mecanismos de búsqueda, la rendición de cuentas y futuras iniciativas de capacitación en derechos humanos dirigidas a las Fuerzas Armadas (FFAA) para la garantía de no repetición.
El Representante de ONU Derechos Humanos expresó su preocupación por la falta de respuesta de las FFAA a las solicitudes de información remitidas por la Defensoría del Pueblo, subrayando la importancia de un acceso ágil y transparente como parte del derecho a la verdad y la justicia de las familias.
Por su parte, el Defensor del Pueblo agradeció la disposición de la Oficina de colaborar en estas materias, especialmente a través de asistencia técnica para la implementación de estándares internacionales de acuerdo con la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, destacando la importancia de estas herramientas para fortalecer las capacidades nacionales.
Ambas instituciones reafirmaron su compromiso de dar seguimiento al caso de los cuatro menores de edad desaparecidos en Guayaquil, al tiempo que se resaltó la existencia de otros similares que incluyen niños y que podrían constituir desapariciones forzadas. En estos casos aún no se han identificado responsables, lo que evidencia la necesidad de redoblar los esfuerzos para garantizar justicia y reparación a las víctimas y sus familias.
En el marco de este compromiso, ONU Derechos Humanos en América del Sur y la Defensoría del Pueblo ratificaron su intención de fortalecer las capacidades estatales para responder de manera eficaz a estas problemáticas, mediante un enfoque basado en derechos humanos.
FIN
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