QUITO (9 de diciembre de 2025) – El Representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab, participó en una conferencia internacional sobre la situación en el Parque Nacional Yasuní, en Ecuador, donde se discutió respecto del proceso de cierre, desmantelamiento y reparación tras la decisión popular de poner fin a la explotación petrolera en el Bloque 43-ITT, ubicado en la parte más remota de la reserva.
El encuentro, que se realizó entre el 30 de noviembre y 4 de diciembre, contó con la presencia de liderazgos indígenas, personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente, así como de expertos nacionales e internacionales, quienes reflexionaron sobre las implicaciones y propuestas a nivel técnico, económico y de derechos humanos para dar cumplimiento a la consulta popular que puso término a la extracción de hidrocarburos en la zona del Parque Nacional donde viven los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario (PIAV) Tagaeri y Taromenane.
A dos años de la histórica decisión de 2023, el cierre de las instalaciones petroleras en el parque y demás obligaciones del Estado -que también responden a dictámenes judiciales a nivel nacional e interamericano- aun no muestran avances. A esto se suma la exclusión de los Pueblos Indígenas del Comité de Ejecución de la decisión derivada de la consulta.
Las intervenciones de Jan Jarab en el evento se centraron en abordar los desafíos de la protección de derechos humanos en los procesos de desmantelamiento y cierre de actividades extractivas, en línea con las recomendaciones realizadas por los mecanismos internacionales de derechos humanos al Estado ecuatoriano y los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos.
El Representante destacó que, para que el cierre progresivo y ordenado del Bloque 43-ITT del Yasuní se implemente con transparencia y responsabilidad, se requiere voluntad política, coherencia normativa y compromiso genuino de garantizar la participación de quienes han sido históricamente vulnerados.
“El cierre del Bloque 43-ITT y la reparación del Yasuní representa una oportunidad histórica para demostrar que la protección universal de los derechos humanos y del medio ambiente es posible incluso en los escenarios complejos”, afirmó Jarab. “Se trata de asegurar el acceso a la justicia de los Pueblos Indígenas, la reparación integral y la no repetición”, agregó.
El jefe de la Oficina también resaltó que es crucial evitar impactos adversos del cierre, y que el cese de las actividades petroleras no puede ser un motivo para reducir los ya insuficientes servicios de salud y educación en la zona.
En su visita al Parque Nacional, Jarab constató profundos contrastes entre la riqueza del mundo natural y la presencia de las enormes instalaciones petroleras, que producen frecuentes derrames y contaminación, y la dignidad de los Pueblos Indígenas frente la pobreza material y abandono en el que se encuentran.
Durante encuentros con comunidades indígenas, pudo escuchar a las nacionalidades Waorani y Kichwa, quienes relataron lo que ha significado para sus vidas las décadas de actividades petroleras en la región, vulnerando sus derechos individuales y colectivos, y los derechos de la naturaleza, poniendo en riesgo su supervivencia cultural y física.
También recibió información de que el impacto de las actividades extractivas irresponsables podría ser aún más dramáticos para los pueblos Tagaeri y Taromenane, poniendo en riesgo el principio de no contacto e irrespetando su autodeterminación y sus derechos territoriales, enmarcado en la incomprensión de su alta vulnerabilidad.
“El Estado tiene la obligación de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de los Pueblos Indígenas, quienes han sufrido tantos daños y no se han beneficiado de esta enorme producción de riqueza”, concluyó el Representante, haciendo alusión a los datos oficiales que muestran altísimos indicios de malnutrición infantil crónica y mortalidad por enfermedades prevenibles de la población indígena amazónica en Ecuador.
Finalmente, el Representante reiteró el compromiso de acompañar este proceso, brindar asistencia técnica necesaria a todos los actores para velar porque los estándares internacionales se integren en cada etapa.
FIN
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