GINEBRA (6 octubre de 2022) – Expertos en derechos humanos de la ONU finalizaron su visita a Ecuador haciendo un llamamiento al Estado para que tome medidas inmediatas y adicionales que aborden la compleja crisis penitenciaria que atraviesa el país y aseguren los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
“Estamos profundamente preocupados por la grave situación en varios centros de detención y prisiones en Ecuador”, dijo María Luisa Romero, quien encabezó la delegación de cuatros miembros del Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) de la ONU.
“La reciente violencia es la consecuencia del abandono estatal desde hace décadas. Los detenidos han vivido en un estado de tensión y constante temor, en prisiones carentes de servicios esenciales y recursos básicos. Algunos espacios de estas prisiones son autogestionados por detenidos que son miembros de organizaciones criminales”, agregó.
La misión del SPT al Ecuador se llevó a cabo entre el 25 de septiembre y el 1 de octubre de 2022, a la luz de los recientes hechos de violencia en el sistema penitenciario que han provocado la muerte de cientos de reclusos en los últimos años. La delegación visitó nueve lugares de privación de libertad en tres ciudades, incluyendo visitas conjuntas con el Mecanismo Nacional de Prevención (MNP), que tiene el mandato bajo el OPCAT de prevenir la tortura y los malos tratos en el país.
“Reconocemos el compromiso de Ecuador para enfrentar esta dramática crisis penitenciaria. Durante nuestra visita, las autoridades nos concedieron acceso sin restricciones a lugares de detención y a personas privadas de libertad, y nos dieron la oportunidad de mantener un diálogo constructivo e ininterrumpido con diversos actores, incluyendo el Presidente de la República, el Ministro de Relaciones Exteriores y la Secretaria de Derechos Humanos, un diálogo que esperamos continúe”, afirmó, “pero hay medidas que deben adoptarse, y proporcionaremos más recomendaciones al Estado parte en nuestro informe”.
El 3 de octubre, dos días después de que la delegación del SPT dejara Ecuador, se produjo un enfrentamiento entre presos en la cárcel de Latacunga, una de las más grandes del país, que se cobró la vida de al menos 15 reclusos, según las autoridades. La dinámica existente de autogobierno dentro de las llamadas megacárceles ha llevado a violaciones de derechos y presenta retos a los esfuerzos del Ecuador para cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.
Durante su estancia en el Ecuador, la delegación del Subcomité compartió sus principales preocupaciones con autoridades de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y los exhortó a fortalecer el MNP. La delegación también se reunió con organizaciones de la sociedad civil y familiares de víctimas.
El SPT compartirá con el Estado su informe con recomendaciones a su debido tiempo. El informe permanecerá confidencial hasta que el Estado decida hacerlo público. Además, el Subcomité preparará un informe separado y confidencial para el MNP.
Ecuador ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes (OPCAT) en 2010, y el SPT realizó una primera visita al país en 2014.
Bajo su mandato, el SPT realiza visitas sin previo aviso a lugares donde se encuentran personas privadas de libertad en todos los Estados parte del OPCAT. Hasta la fecha, el SPT ha visitado más de 70 países desde 2007, cuando comenzó su labor preventiva. El SPT considera que el elemento fundamental en la prevención de la tortura y los malos tratos es el establecimiento de una relación constructiva permanente con los Estados involucrados y con sus mecanismos preventivos.
La delegación del SPT estuvo compuesta por María Luisa Romero, jefa de delegación (Panamá), María Andrea Casamento (Argentina), Marco Feoli (Costa Rica) y Patricia Arias (Chile).
FIN
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Referencias
Hasta la fecha, el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura ha sido ratificado por 91 estados. Los Estados tienen la obligación de permitir al SPT visitas sin previo aviso y sin obstáculos a todos los lugares donde haya personas privadas de libertad. Los Estados partes también deberían establecer un mecanismo nacional de prevención, que debería realizar visitas periódicas a los lugares del país donde haya personas privadas de libertad.
El mandato del SPT es prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de las personas privadas de libertad, a través de visitas y recomendaciones a los Estados partes del Protocolo Facultativo. El SPT comunica sus recomendaciones y observaciones a los Estados a través de un informe confidencial y, cuando sea necesario, a los mecanismos nacionales de prevención. Sin embargo, se alienta a los Estados partes a solicitar que el SPT publique los informes.
El SPT está compuesto por 25 miembros independientes e imparciales que son expertos independientes en derechos humanos de todo el mundo, que actúan a título personal y no como representantes de los Estados Partes.
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Fuente: Órganos de Tratados de la ONU
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