18 de marzo de 2026 – ONU Derechos Humanos en América del Sur se reunió con campesinos de la comunidad San Martín de la provincia de Sucumbíos, Ecuador, quienes acusaron haber sido víctimas de tortura en el marco de un operativo militar presuntamente contra un grupo armado.
El encuentro, que se realizó de manera virtual y contó con la participación de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador, se realizó en respuesta a la denuncia presentada por varias comunidades de la zona al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, así como a Relatorías Especiales del sistema universal, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las autoridades nacionales.
En la reunión, la Oficina recibió relatos de los hechos ocurridos entre el 1 y 6 de marzo en el contexto de un operativo militar presumiblemente contra grupos ligados al narcotráfico en las cercanías de la frontera con Colombia. Los campesinos de la comunidad San Martín reportaron la destrucción de casas y otros bienes por los bombardeos realizados en la llamada Operación “Exterminio Total”.
También acusaron que cuatro integrantes de su comunidad fueron detenidos por las Fuerzas Armadas e interrogados por largo tiempo y sometidos a actos que podrían constituir tortura. Si bien su liberación indica que no había antecedentes para ponerlos a disposición de la justicia, esta habría sido con amenazas de nuevas represalias, en algunos casos principalmente por su nacionalidad colombiana.
En respuesta al relato de los campesinos, la Oficina resaltó que los estándares internacionales de derechos humanos contienen la absoluta prohibición de la tortura y que corresponde a las autoridades nacionales investigar las denuncias de forma pronta, independiente y exhaustiva, conforme los estándares del Protocolo de Estambul (manual de la ONU para la investigación y documentación de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes).
Tal investigación resulta clave no solo para esclarecer la verdad de lo ocurrido y determinar las responsabilidades y eventuales sanciones, sino también como medida de prevención. Asimismo, resulta necesaria la adopción de protocolos para guiar el actuar de las Fuerzas Armadas en interacciones con la sociedad civil en este tipo de operativos, para asegurar que su conducta sea en armonía con los compromisos de Ecuador en materia de derechos humanos y derecho internacional.
FIN
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