SANTIAGO (18 de marzo de 2024) – ONU Derechos Humanos en América del Sur se reunió con representantes de la comunidad campesina de Las Pampas, provincia de Cotopaxi, Ecuador, para abordar la realización de la consulta ambiental de un proyecto de minería a gran escala en la vecina parroquia de Palo Quemado.
En el encuentro, realizado de manera virtual el jueves 14 de marzo y en el que también participó la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos del Ecuador (CEDHU), las representantes de la comunidad detallaron nuevos antecedentes sobre los conflictos socioambientales derivados de proyectos mineros en la región Sierra.
Las comuneras expresaron su preocupación por el proceso de consulta ambiental, que podría habilitar la emisión de una licencia de explotación, debido a que se basa en un decreto ejecutivo que fue declarado inconstitucional en 2023.
Además, aseguraron que sólo una pequeña parte de la comunidad afectada estaría siendo consultada y que personas ajenas a la zona estarían siendo llevadas al territorio para participar, en una muestra de que la consulta se estaría realizando de mala fe.
Las representantes también expresaron que la minería y la consulta han sembrado división y conflicto dentro de la comunidad, pero que la mayoría sigue en contra. Además, reportaron que han recibido información de que las Fuerzas Armadas se dirigirían a la zona para “vigilar” el proceso, lo que resulta preocupante dado el explícito respaldo de altas autoridades del país a la actividad minera.
Las representantes hicieron referencia a la larga lucha de sus comunidades en contra de la minería en la zona y mencionaron los impactos de anteriores iniciativas extractivas en la calidad de la tierra y la contaminación de las aguas. Actualmente, la comunidad está produciendo carne de calidad y panela con certificación orgánica, lo que se perdería con la polución de la actividad extractiva.
Según el testimonio de las comuneras, personas campesinas han recibido amenazas a su integridad física, retenciones de sus motos y amedrentamientos en las vías de acceso de la comunidad por parte de personas que apoyan la minería en la zona. También hicieron referencia a la violencia en contra de los comuneros que se desató en el primer intento de la consulta ambiental en 2023, junto con la indebida criminalización de varios de ellos.
La CEDHU, por su parte, informó sobre las acciones judiciales que se están tomando y la continua criminalización de algunos comuneros. También destacó la similitud entre esta consulta y otro proceso similar que se realizó bajo intimidación y gran conflictividad social en la región de Las Naves, que realizó la misma empresa transnacional que anteriormente obtuvo otras grandes concesiones para la explotación minera.
En respuesta a los antecedentes recibidos, el Representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab, expresó su empatía con la situación de las comuneras y el apoyo de la Oficina a la protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en juego.
Jarab manifestó su máxima preocupación por la forma en la cual, según los testimonios, se estaría desarrollando la consulta. En ese contexto, valoró el apoyo que la CEDHU está brindando a las comunidades afectadas y explicó el rol de los diferentes mecanismos internacionales de derechos humanos existentes que podrían dar seguimiento a las violaciones de derechos humanos que la comunidad denuncia.
Finalmente, el Representante reiteró el compromiso de la Oficina en el acompañamiento del caso, incluso en la observación de procesos judiciales.
FIN
Revisa el análisis de ONU Derechos Humanos sobre la sentencia de la Corte Constitucional: https://acnudh.org/wp-content/uploads/2023/12/Opinion-Sentencia_51_23_IN_23-Sobre-Decreto-Ejecutivo-754-1-1.pdf
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