GINEBRA (6 de diciembre de 2021) ̶ Expertos de derechos humanos de la ONU* pidieron hoy a Ecuador que tome medidas urgentes para evitar más pérdidas de vidas en las cárceles del país tras una serie de disturbios que han dejado más de 280 reclusos muertos y cientos de heridos este año.
“Estamos consternados y profundamente preocupados por los repetidos disturbios que han provocado la muerte de tantos prisioneros y el claro riesgo de que se produzcan más incidentes”, dijeron los expertos.
Durante el estallido de violencia más reciente, el 12 de noviembre, al menos 62 internos murieron y 44 resultaron heridos en el Centro de Privación de Libertad Guayas N° 1 (Penitenciaría El Litoral) cerca de la ciudad costera de Guayaquil. Este fue el cuarto motín mortal en la prisión este año. Unos días antes, cuatro reclusos fueron asesinados a tiros durante enfrentamientos dentro de las salas. En septiembre, la Penitenciaría El Litoral vio el motín más sangriento jamás registrado en Ecuador, con 118 reclusos muertos y más de 80 heridos. En julio, ocho personas murieron durante un alzamiento en la misma prisión y 13 en otro. Casi 80 presos más murieron en incidentes a principios de 2021.
“Se deben realizar investigaciones expeditas, independientes e imparciales para establecer las circunstancias de todas estas muertes y, en caso de violaciones, enjuiciar a los responsables”, dijeron los expertos. «Deben adoptarse medidas urgentes y eficaces para detener una mayor matanza», agregaron.
Según la información recibida por los expertos, las preocupaciones específicas incluyen el hacinamiento severo en los centros de detención, en gran parte como resultado de una política de «guerra contra las drogas» sumamente punitiva, recortes presupuestarios y falta de personal, incluidos profesionales capacitados en disciplinas necesarias para la rehabilitación social.
La disponibilidad de armas, la violencia entre bandas criminales rivales y la separación inadecuada de los reclusos en las cárceles han agravado aún más los problemas en las cárceles. Además, las investigaciones médico-legales que siguieron dieron como resultado confusos informes sobre el número de muertos, que las autoridades reportaron primero en un total de 68 y luego de 62. Esta discrepancia es una fuente de sufrimiento adicional para los angustiados familiares de los fallecidos.
“Recordamos a las autoridades que tienen la obligación de proteger la vida y la integridad física de todas las personas detenidas”, dijeron los expertos. Esto incluye el deber de investigar las muertes ilegales con los más altos estándares, como los consagrados por el Protocolo de Minnesota sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas. “No hacerlo equivale a la privación arbitraria de la vida, la tortura y otros malos tratos de los que son responsables las autoridades”, enfatizaron.
“Observamos que el Gobierno ha puesto el sistema penitenciario en estado de emergencia. Sin embargo, lo instamos a tomar medidas concretas para aliviar el hacinamiento, prevenir el acceso de los reclusos a armas de cualquier tipo, promover el uso de medidas alternativas al encarcelamiento y garantizar el estricto cumplimiento de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre el Tratamiento de los Reclusos de 2015 (Reglas de Mandela)”, añadieron los expertos.
“Los enfoques basados en derechos humanos deben estar en el centro de la gestión y reforma penal y penitenciaria”.
Los expertos han escrito al Gobierno para expresar sus preocupaciones.
FIN
* Los expertos: Morris Tidball-Binz, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Nils Melzer, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Los Relatores Especiales y Grupos de Trabajo forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el organismo más grande de expertos independientes en el sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo del Consejo que abordan situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todas partes del mundo. Los expertos de los procedimientos especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven a título individual.
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