14 de septiembre de 2023 – Desde la Oficina de ONU Derechos Humanos en América del Sur expresamos nuestra preocupación sobre el alcance de la reforma realizada por el gobierno de Ecuador al reglamento del Código Orgánico del Ambiente, en cuanto se aleja de las normas y estándares internacionales en materia de derechos humanos.
De acuerdo con nuestro análisis, el Decreto Ejecutivo N°754 -promulgado el 31 de mayo de 2023- tiende a asimilar la figura de la consulta ambiental con el deber de consulta previa, libre e informada a los Pueblos Indígenas. Por ello, hacemos presente que esta consulta ambiental no puede reemplazar ni suprimir el derecho-deber contemplado en el Convenio 169 de la OIT.
También son motivo de preocupación disposiciones del Decreto Ejecutivo N°754 que limitarían el derecho a una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales, con información suficiente y oportuna, de modo que las observaciones de las personas y comunidades sean debidamente consideradas por las autoridades y contribuyan en dichos procesos.
En esa línea, la nueva reglamentación establece la consulta ambiental sólo para ciertas obras o actividades, designa al operador del proyecto como el encargado de incorporar o rechazar las observaciones de la comunidad, establece plazos breves para el proceso de entrega de información y no contempla mecanismos judiciales o administrativos para reclamar el proceso de evaluación ambiental, entre otros aspectos.
Dado lo anterior, llamamos a las autoridades ecuatorianas a asegurar que las regulaciones, tanto de la consulta a Pueblos Indígenas como de la consulta ambiental, observen debidamente el derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo los compromisos y obligaciones del Estado incluyendo los compromisos y obligaciones del Estado en concordancia el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú.
Jan Jarab, Representante Regional de ONU Derechos Humanos en América del Sur.
FIN
La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos tiene sede en Santiago y trabaja con seis países de la región: Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay. Más información. Conoce más sobre el Representante Regional, Jan Jarab.
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