GINEBRA (27 de julio de 2023) – El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó el jueves su profunda preocupación por el reciente aumento de la violencia, alimentado en parte por bandas que se disputan el control del narcotráfico, la violencia ejercida por las bandas dentro y fuera del sistema penitenciario, y un preocupante retroceso en la protección de los derechos de los pueblos indígenas.
El 23 de julio fue asesinado el alcalde de la ciudad costera de Manta, y en las últimas semanas otras personalidades públicas, candidatos políticos y periodistas han sido agredidos o amenazados de muerte. En respuesta, el gobierno decretó el estado de excepción y toques de queda en las provincias de Durán, Manabí y Los Ríos.
La situación en el sistema penitenciario ha seguido deteriorándose. Según la Fiscalía General del Estado, 31 personas reclusas han muerto y 12 han resultado heridas desde el 22 de julio en enfrentamientos entre bandas rivales en la prisión Guayas 1 de Guayaquil. El 26 de julio, las autoridades confirmaron que los 137 funcionarios penitenciarios tomados como rehenes en siete cárceles habían sido liberados. Dos días antes, el Gobierno había impuesto un estado de excepción de 60 días en todo el sistema penitenciario, en virtud del cual las fuerzas armadas ejercen funciones de seguridad dentro de las prisiones. Posteriormente, edificios gubernamentales, gasolineras, así como medios de transporte público y vehículos privados, fueron atacados en las ciudades de Esmeraldas y Guayaquil, presuntamente por miembros de bandas.
Mientras tanto, en las últimas semanas se han producido varios enfrentamientos entre comunidades indígenas y campesinas, por un lado, y empresas mineras y autoridades públicas, por otro. Estos incidentes se produjeron tras la promulgación, el 31 de mayo, del Decreto Ejecutivo 754, que permite a las empresas iniciar operaciones mineras sin consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas. La policía y el ejército habrían hecho presuntamente uso de la fuerza contra las comunidades. Los incidentes más recientes ocurrieron el 24 de julio en Sigchos, provincia de Cotopaxi, donde presuntamente al menos cinco personas habrían resultado heridas, y el 14 de julio en Las Naves, provincia de Bolívar, donde presuntamente al menos 13 personas habrían resultado heridas y dos detenidas.
El Alto Comisionado reconoció los retos a los que se enfrentan las autoridades ecuatorianas y la sociedad en general para hacer frente a la violencia, y señaló que la Fiscalía ha abierto varias investigaciones.
Türk subrayó que los estados de excepción deben respetar los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación.
«Las autoridades tienen que proteger la vida de las personas, incluidas las de aquellas que están bajo custodia del Estado. Las medidas de emergencia -incluido el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública- pueden aplicarse, pero deben estar limitadas en el tiempo y ser excepcionales», afirmó.
El Alto Comisionado hizo un llamamiento para una reforma integral del sistema de justicia penal, incluidas las prisiones, y alentó al Gobierno a aplicar la política de rehabilitación social de personas presas, emitida en 2022 y desarrollada con el apoyo técnico de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.
Türk subrayó que, según las normas internacionales de derechos humanos, los pueblos indígenas deben ser consultados sobre el uso de sus tierras.
«Las personas directamente afectadas por proyectos o actividades mineras deben ser escuchadas, no reprimidas», dijo el Alto Comisionado. «Sólo las medidas basadas en los derechos humanos que aborden las causas profundas de la violencia permitirán la seguridad pública y la cohesión social».
FIN
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