Información sobre Ecuador en la web oficial del EPU: http://www.ohchr.org/SP/HRBodies/UPR/Pages/ECIndex.aspx
*Vea EPU de 2008 (1er ciclo) aquí: https://acnudh.org/wp-content/uploads/2016/12/EPU.pdf
**Vea EPU de 2012 (2do ciclo) aquí: https://acnudh.org/ecuador-2012/
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EPU de 2017 (3er ciclo)
– Descargue el informe del Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal (versión texto, abajo): PDF 470 Kb.
– Descargue las Observaciones sobre las conclusiones y/o recomendaciones, compromisos voluntarios y respuestas del Estado examinado: PDF 220 Kb.
GE.17-11505 (S) 180717 030817
Consejo de Derechos Humanos
36º período de sesiones
11 a 29 de septiembre de 2017
Tema 6 de la agenda
Examen periódico universal Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal*
Ecuador *
El anexo se distribuye sin revisión editorial oficial, únicamente en el idioma en que se presentó. Naciones Unidas A/HRC/36/4 Asamblea General Distr. general 10 de julio de 2017 Español Original: inglés A/HRC/36/4 2 GE.17-11505 Introducción 1. El Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, establecido de conformidad con la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos, celebró su 27º período de sesiones del 1 al 12 de mayo de 2017. El examen del Ecuador se llevó a cabo en la segunda sesión, el 1 de mayo de 2017. La delegación del Ecuador estuvo encabezada por el Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Guillaume Long. En su décima sesión, celebrada el 5 de mayo de 2017, el Grupo de Trabajo aprobó el informe sobre el Ecuador. 2. El 13 de febrero de 2017, el Consejo de Derechos Humanos eligió al siguiente grupo de relatores (troika) para facilitar el examen del Ecuador: Bolivia (Estado Plurinacional de), Côte d’Ivoire y República de Corea. 3. Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 15 del anexo de la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos y en el párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del Consejo, para el examen del Ecuador se publicaron los siguientes documentos: a) Un informe nacional/exposición por escrito de conformidad con el párrafo 15 a) (A/HRC/WG.6/27/ECU/1); b) Una recopilación preparada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) de conformidad con el párrafo 15 b) (A/HRC/WG.6/27/ECU/2); c) Un resumen preparado por el ACNUDH de conformidad con el párrafo 15 c) (A/HRC/WG.6/27/ECU/3). 4. Por conducto de la troika se transmitió al Ecuador una lista de preguntas preparadas de antemano por Alemania, Bélgica, Chequia, Eslovenia, España, los Estados Unidos de América, México, Noruega, los Países Bajos, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia y Suiza. Esas preguntas pueden consultarse en la extranet del examen periódico universal. I. Resumen de las deliberaciones del proceso de examen A. Exposición del Estado examinado 5. La delegación reafirmó el profundo compromiso del Ecuador con los derechos humanos y destacó los importantes progresos realizados desde el anterior examen periódico universal y, en general, durante el decenio del Gobierno de la Revolución Ciudadana. 6. El Ecuador era parte en todos los convenios y tratados internacionales de derechos humanos en vigor y consideraba todos los derechos humanos indivisibles, interdependientes y de igual importancia. Sin embargo, los derechos humanos no podían garantizarse en condiciones de pobreza extrema, desigualdad y asimetrías antidemocráticas en la distribución del poder. 7. La Constitución de 2008 había instituido un nuevo contrato social y sentado las bases para la construcción de un Estado de “buen vivir” al replantear el concepto tradicional de desarrollo. En este marco, y a pesar de los numerosos problemas, el Gobierno se estaba esforzando por aplicar políticas públicas destinadas a proteger los derechos humanos de los ciudadanos del Ecuador. 8. El Ecuador consideraba que la pobreza era un fenómeno multidimensional y que combatirla era fundamental para garantizar los derechos humanos. Entre 2009 y 2016, el índice de pobreza multidimensional en el Ecuador había disminuido del 27,2% al 16,9% como resultado de un mayor acceso al empleo, la educación, la seguridad social, el agua y la vivienda. El Ecuador también era un líder mundial en la lucha contra la desigualdad, tras haber reducido el coeficiente de Gini en ocho puntos a pesar del rechazo sistemático por las A/HRC/36/4 GE.17-11505 3 élites del país de cualquier reforma fiscal que garantizara la redistribución de la riqueza necesaria para proteger los derechos humanos. 9. La delegación hizo notar la promulgación en 2014 de la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad y se refirió a otros logros importantes, como la tipificación como delito del femicidio y de la violencia física, sexual y psicológica; el alto nivel de participación política de las mujeres; el reconocimiento de las uniones civiles del mismo sexo y la promulgación de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles. 10. En consonancia con el principio constitucional del “buen vivir”, el Ecuador había reconocido plenamente el derecho al trabajo decente y reducido la tasa de desempleo al 5,2%, una de las más bajas de la región. Además, durante el decenio de la Revolución Ciudadana, el presupuesto de salud pública había sido ocho veces superior al del decenio anterior. También se garantizaba el derecho a la educación mediante una considerable inversión en infraestructura y mejoras de la calidad en todos los niveles. 11. Con respecto al medio ambiente, la delegación indicó que en ese momento el 34% del territorio ecuatoriano estaba protegido. El Ecuador también había construido nueve centrales hidroeléctricas; como resultado de ello, más del 90% de la electricidad del país provenía de fuentes renovables. 12. El Ecuador era un punto de referencia internacional para la protección de los derechos de las personas con discapacidad: de hecho, el Presidente electo, Lenín Moreno, anteriormente había ocupado el puesto de Enviado Especial del Secretario General para cuestiones de discapacidad y accesibilidad. La delegación también mencionó las importantes mejoras en las tasas de morbilidad y mortalidad y señaló que el país había logrado que el índice de trabajo infantil se redujera del 12,5% en 2007 al 5,9% en 2015. 13. El Ecuador era uno de los pocos Estados cuyo carácter plurinacional e intercultural se reconocía en su Constitución. También tenía una legislación avanzada en el ámbito de la movilidad humana y acogía el mayor número de refugiados en América Latina. 14. La delegación destacó la transformación general del sistema penitenciario que incluía, entre otras cosas, una inversión de más de 300 millones de dólares para combatir el hacinamiento y facilitar la reintegración social adecuada; un aumento del 50% en el número de jueces por cada 100.000 habitantes y medidas destinadas a mejorar la eficiencia del sistema de justicia y garantizar la independencia del poder judicial. 15. El Ecuador disfrutaba de una democracia vibrante y garantizaba la libertad de asociación y de expresión. La delegación reconocía que los mensajes discriminatorios o difamatorios podían difundirse por los medios de comunicación y que, por lo tanto, la Ley Orgánica de Comunicación de 2013, al tiempo que garantizaba el derecho a la libertad de expresión, también imponía responsabilidades por las opiniones expresadas. 16. El Ecuador había podido garantizar el ejercicio de los derechos humanos durante la situación de emergencia humanitaria provocada por el terremoto de abril de 2016. Tras el terremoto, el Ecuador había reconstruido 912 escuelas y 9 centros de salud y concluido la construcción de 12.220 viviendas. 17. El Ecuador había adoptado varias iniciativas a nivel internacional, como la elaboración de un instrumento jurídico vinculante sobre las empresas transnacionales y los derechos humanos. El país estaba decidido a promover una agenda global para la justicia fiscal y a crear un organismo tributario intergubernamental. 18. Por último, la delegación subrayó que el Ecuador había podido lograr esos resultados positivos gracias a decisiones políticas creativas y soberanas. Había instituido un nuevo pacto social para proteger a los seres humanos y la naturaleza, un concepto integral y sostenible del desarrollo llamado “buen vivir” y una visión heterodoxa de la financiación para el desarrollo, y había replanteado sus relaciones internacionales. Esto había permitido al Ecuador cumplir 20 de las 21 metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y transformar la situación de los derechos humanos en el país. A/HRC/36/4 4 GE.17-11505 B. Diálogo interactivo y respuestas del Estado examinado 19. En el diálogo interactivo formularon declaraciones 83 delegaciones. Las recomendaciones formuladas durante el diálogo figuran en la sección II del presente informe. 20. La República Bolivariana de Venezuela acogió con satisfacción el hecho de que entre 2006 y 2016 1,5 millones de personas habían salido de la pobreza y de que entre 2008 y 2016 la inversión en educación había aumentado casi el 300%. 21. Argelia acogió con agrado la colaboración efectiva del Estado para promover la participación de la mujer en la vida pública y mejorar el sistema de rehabilitación social, en particular mediante la reforma de la infraestructura penitenciaria y el establecimiento de un nuevo modelo de gestión. 22. Angola acogió con satisfacción el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, la Ley Orgánica de Discapacidades de 2012 y las políticas encaminadas a erradicar la pobreza. Angola observó con preocupación las desigualdades entre diferentes grupos sociales. 23. La Argentina celebró la aprobación del Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2025. Señaló que debería prestarse especial atención a la lucha contra la impunidad. 24. Armenia encomió la aprobación de legislación por la que establecía la edad mínima para contraer matrimonio en 18 años, y alentó al Ecuador a hacer frente a la violencia sexual contra las niñas en el sistema educativo y actualizar el Plan Nacional para Combatir la Trata, Explotación Sexual, Laboral y Otros Medios de Explotación de Personas. 25. Australia expresó su preocupación por la alta incidencia de la violencia contra la mujer, aunque hizo notar las medidas adoptadas para combatir la violencia por razón de género. También le preocupaba la destitución y el nombramiento de jueces mediante mecanismos que podrían considerarse perjudiciales para la independencia judicial. 26. Azerbaiyán observó que, a raíz de la recomendación que había formulado durante el segundo ciclo de examen sobre las medidas encaminadas a reducir la pobreza, el Ecuador se había esforzado en tal sentido y aumentado la inversión en programas sociales, a pesar de sus limitaciones presupuestarias. 27. Las Bahamas señalaron la notable reducción de la pobreza y la desigualdad. Cabía mencionar el aumento de la participación política de la mujer, la reducción del desempleo y de la detención preventiva y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. 28. Bangladesh destacó la reducción de la desigualdad de ingresos en el decenio anterior. Consideraba ejemplar el modelo del Estado de acceso universal a la atención de la salud y promoción de los derechos de los migrantes. Señaló que la independencia del poder judicial era la piedra angular fundamental para garantizar los derechos humanos. 29. Belarús acogió con satisfacción las medidas que garantizaban los derechos socioeconómicos, en particular mediante el aumento de la financiación y la cobertura del sistema de asistencia social. La adopción de nuevas medidas en la esfera de la educación crearía condiciones favorables para la participación plena y activa en la vida pública. 30. Bélgica acogió con satisfacción las medidas de lucha contra el trabajo infantil forzoso y el aumento de los presupuestos para la educación y la salud de los niños. Expresó preocupación por el aumento de los obstáculos a la libertad de expresión y asociación y a la labor de los defensores de los derechos humanos. 31. El Estado Plurinacional de Bolivia acogió con satisfacción las medidas legislativas para luchar contra la discriminación y las reformas para promover el derecho al buen vivir, como la reducción del analfabetismo, especialmente entre las mujeres indígenas y la población rural. 32. Botswana observó los esfuerzos desplegados por el Estado para mejorar el sistema de justicia penal, pero expresó su preocupación por el uso frecuente por parte del Consejo A/HRC/36/4 GE.17-11505 5 de la Judicatura del sistema de disciplina para destituir a jueces, y la imposición de duras sentencias contra críticos del Gobierno y miembros de la oposición. 33. El Brasil encomió la ratificación del Convenio sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, 2011 (núm. 189) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961. Acogió con satisfacción la tipificación como delito de la tortura y los crímenes contemplados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. 34. El Canadá acogió con satisfacción la aprobación de algunas leyes sobre la libertad de asociación y el espacio cívico. Alentó al Ecuador a redoblar esfuerzos para garantizar la plena armonización de la legislación nacional con sus obligaciones internacionales de derechos humanos. 35. Chile celebró la aprobación del Código Orgánico Integral Penal, que tipificaba el femicidio como delito. Expresó preocupación por la demora en la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones. 36. China celebró las medidas adoptadas para promover los derechos de las personas con discapacidad, las mujeres y las minorías, erradicar el analfabetismo, combatir la violencia contra la mujer, reformar el poder judicial y mejorar la infraestructura penitenciaria. 37. Costa Rica acogió con agrado las inversiones del Estado en programas sociales. También puso de relieve el aumento de la participación política de la mujer, la aplicación del Plan Nacional para el Buen Vivir y los progresos realizados con respecto al acceso a la justicia. 38. Côte d’Ivoire observó que los progresos en la esfera de los derechos humanos deberían conducir hacia el pleno establecimiento del estado de derecho. A pesar de los grandes retos actuales, la promoción y protección de los derechos humanos debería ser la prioridad en los esfuerzos de reconstrucción. 39. Cuba celebró los progresos en los ámbitos de la salud, la educación y los derechos de las personas con discapacidad, de los niños y de las mujeres. También valoró la aplicación de la plataforma en la web SIDERECHOS (el Sistema de Información sobre Derechos Humanos) y el liderazgo del Estado en la promoción de un instrumento jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y los derechos humanos. 40. Chequia valoró positivamente la exposición informativa del Ecuador, en particular su respuesta a algunas de las preguntas formuladas de antemano. 41. La República Popular Democrática de Corea hizo notar la adopción de políticas y programas positivos para personas vulnerables y el fortalecimiento de las instituciones nacionales de derechos humanos. 42. Djibouti acogió con satisfacción la ratificación por el Estado de los principales instrumentos internacionales de derechos humanos y su plena cooperación con la mayoría de los mecanismos de derechos humanos. 43. La República Dominicana acogió con satisfacción la aplicación del Plan Nacional para el Buen Vivir y los logros del Estado con respecto a los derechos de los grupos vulnerables. También puso de relieve el liderazgo del Ecuador en la promoción de un instrumento jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y los derechos humanos. 44. Egipto felicitó al Ecuador por su promoción de todos los derechos humanos y por los avances realizados en las esferas de la reducción de la pobreza, la educación, la salud y la vivienda, entre otras. 45. El Salvador acogió con satisfacción el hecho de que el Ecuador tuviera una institución nacional de derechos humanos de categoría “A” y encomió la aprobación del Plan Nacional para el Buen Vivir y la Ley de Discapacidades. A/HRC/36/4 6 GE.17-11505 46. Estonia reconoció algunos acontecimientos positivos y observó con pesar que ningún titular de un mandato de los procedimientos especiales había visitado el país, a pesar de las numerosas peticiones y la invitación permanente cursada por el Estado. 47. Etiopía encomió el marco jurídico y normativo aprobado por el Ecuador y observó con satisfacción los logros alcanzados, como la participación de la mujer en la vida pública y la inversión en programas sociales para la erradicación de la pobreza. 48. Francia agradeció al Estado la presentación de sus progresos en materia de derechos humanos, especialmente en las esferas de la salud y la lucha contra la pobreza, así como sus iniciativas para mejorar el marco legislativo sobre las mujeres y las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales. 49. Georgia tomó conocimiento de la promulgación de la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad y la Ley Orgánica de Discapacidades. Celebró la ratificación de la Convención para Reducir los Casos de Apatridia y la asignación de prioridad a la erradicación de la violencia de género. 50. Alemania encomió los progresos realizados, en particular la inversión del Estado en la educación y la salud y la reducción de la pobreza. Seguía preocupándole el margen de acción cada vez más limitado que tenían las organizaciones de la sociedad civil. 51. Ghana acogió con satisfacción la ratificación del Convenio sobre los Trabajadores con Responsabilidades Familiares, 1981 (núm. 156) de la OIT y la aprobación del Código Orgánico Integral Penal y el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017. Expresó su preocupación por la discriminación contra las mujeres y los afroecuatorianos. 52. Grecia valoró la aprobación del Código Orgánico Integral Penal y la tipificación de la tortura como delito. Acogió con agrado la adopción del Plan Nacional para el Buen Vivir y la Ley Orgánica de Discapacidades. 53. Guatemala acogió con satisfacción la aprobación de la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad. Instó al Ecuador a aplicar una política nacional de lucha contra el racismo y la discriminación, con la participación efectiva de los grupos que eran objeto de discriminación. 54. Haití encomió el éxito de los programas sociales y económicos, especialmente para la reducción de la pobreza y la desigualdad. Acogió con satisfacción las mejoras en relación con los derechos de la mujer, en particular su participación en la vida pública. 55. Honduras destacó los notables logros obtenidos en la reducción de la pobreza y la desigualdad de los ingresos. Felicitó al Ecuador por cursar una invitación al Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión. 56. Hungría acogió con satisfacción los importantes esfuerzos realizados en el ámbito de la educación y el aumento de la matriculación de las niñas. Expresó su preocupación por la persistencia de la discriminación contra la mujer y alentó al Ecuador a combatir los estereotipos de género. 57. Islandia observó las medidas adoptadas para promover la igualdad de género. Lamentó los requisitos legales restrictivos impuestos al aborto. Islandia preguntó qué medidas se habían adoptado para aplicar las recomendaciones aceptadas por el Ecuador en el anterior ciclo de examen sobre la cuestión de la prohibición de los castigos corporales. 58. Indonesia encomió al Ecuador por la reducción de las desigualdades e hizo notar la aprobación de la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad y la Ley Orgánica de Salud. 59. La República Islámica del Irán tomó conocimiento de los progresos realizados para mejorar la infraestructura penitenciaria, la participación de la mujer en la vida pública y en el sistema educativo, y el aumento de la inversión en programas sociales. 60. El Iraq encomió al Ecuador por los progresos realizados para garantizar la igualdad de género en la participación en la vida pública, la lucha contra la discriminación racial y el analfabetismo. A/HRC/36/4 GE.17-11505 7 61. Irlanda hizo notar los progresos realizados para promover los derechos de los niños e instó al Ecuador a promulgar leyes que prohibieran los castigos corporales. Expresó preocupación por las denuncias de uso excesivo de la fuerza por los efectivos de seguridad durante las protestas y manifestaciones. 62. Israel declaró que, a pesar de algunos progresos en determinadas esferas, seguía habiendo muchas cuestiones preocupantes. 63. Italia tomó conocimiento de los logros del Estado en la aplicación del Plan Nacional para el Buen Vivir y alentó al Ecuador a que prosiguiera esforzándose por promover y proteger los derechos humanos. 64. En respuesta a algunas de las preguntas recibidas, la delegación señaló que el Ecuador había aprobado diversas leyes para proteger los derechos humanos, como el Código Orgánico Integral Penal de 2014, que incluía los crímenes de lesa humanidad; la Ley Orgánica de Justicia Laboral, que regulaba las condiciones del trabajo doméstico, garantizaba el acceso a la seguridad social para las amas de casa y prohibía el despido de las mujeres embarazadas; la Ley Reformatoria del Código Civil de 2015, que prohibía el matrimonio de personas menores de 18 años de edad y establecía que cualquiera de los cónyuges podía administrar la “sociedad conyugal”. En 2012 la Asamblea Nacional había reglamentado el proceso de consulta prelegislativa y lo había aplicado a la elaboración de una serie de leyes. La delegación destacó que los procesos legislativos nunca habían tenido un nivel tan alto de participación de los ciudadanos. 65. La transformación del sistema de justicia del Ecuador había recibido reconocimiento internacional y era muy valorada por la población. La selección de los funcionarios judiciales en el Ecuador se basaba estrictamente en el mérito, y se complementaba mediante un sistema disciplinario en consonancia con la Constitución, los tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese sentido, la delegación destacó que el concepto jurídico de “error inexcusable” también se utilizaba en otros países y no afectaba a la independencia judicial. 66. En el Ecuador, las libertades de expresión y de opinión estaban garantizadas por la Constitución y formaban parte del grupo principal de derechos que eran directamente aplicables. La Ley Orgánica de Comunicación de 2013 se había redactado de manera participativa y estaba en consonancia con el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Ley prohibía expresamente la censura previa, protegía a los participantes en el proceso de comunicación, promovía la comunicación intercultural, contenía disposiciones claras contra la discriminación e incluía, por primera vez, el derecho de rectificación o respuesta, conforme a lo previsto en el artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 67. La delegación subrayó que la Ley Orgánica de Comunicación abarcaba solo las infracciones administrativas, definía claramente los actos que constituían violaciones y sus respectivas reparaciones y garantizaba plenamente el derecho a la defensa. 68. El Ecuador destacó que su política de seguridad se centraba en las personas y que la policía nacional había adoptado un enfoque basado en la comunidad. Como resultado de ello, el Ecuador había registrado una drástica reducción de la delincuencia y era ahora uno de los países más seguros de la región. En 2015 se había permitido a las fuerzas armadas, mediante una enmienda constitucional, prestar apoyo complementario a la policía en estricto cumplimiento de la ley. A fin de implementar ese mandato, los miembros de las fuerzas armadas han recibido formación en materia de derechos humanos y se han establecido protocolos claros. 69. La delegación destacó también que durante desastres naturales, como la erupción del volcán Cotopaxi en 2015 y el terremoto de 2016, se había declarado un estado de excepción o de emergencia a fin de permitir al Gobierno adoptar medidas apropiadas para proteger los derechos de la población. Las notificaciones de todos los decretos de emergencia se habían presentado a la Corte Constitucional y a organizaciones internacionales. 70. Libia observó la evolución positiva en la esfera del desarrollo sostenible y la protección de los derechos humanos, incluida la aplicación del Plan Nacional para el Buen Vivir. A/HRC/36/4 8 GE.17-11505 71. Liechtenstein afirmó que, en el Código Orgánico Integral Penal, la tipificación de los delitos cometidos en el contexto de conflictos armados no recogía todas las conductas establecidas en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Observó que todavía no se había promulgado legislación que prohibiese el castigo corporal. 72. Malasia hizo notar la aprobación del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, las actividades encaminadas a fomentar la participación de la mujer en todos los niveles de adopción de decisiones y el aumento del gasto en educación. 73. Maldivas encomió al Ecuador por sus iniciativas para erradicar la pobreza y promover la educación inclusiva de los niños con necesidades especiales. Reconoció los progresos realizados en la reducción del desempleo. 74. México reconoció los progresos realizados por el Ecuador en la lucha contra la discriminación. Acogió con satisfacción la legislación sobre movilidad humana, destinada a proteger los derechos de los migrantes, los refugiados y los solicitantes de asilo. 75. Montenegro alentó al Ecuador a fortalecer y consolidar un entorno propicio para la labor de los activistas de derechos humanos. Encomió los avances logrados en la educación, pero observó las dificultades de acceso a la educación de las mujeres indígenas y afroecuatorianas. 76. Marruecos hizo notar los esfuerzos desplegados por el Ecuador para aplicar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como los progresos alcanzados en el ámbito de la educación, como parte de los esfuerzos para lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, incluido un aumento de las inversiones para promover una educación gratuita e inclusiva de calidad. 77. Mozambique señaló las consecuencias devastadoras del terremoto de 2016. Encomió al Ecuador por sus iniciativas para reducir la pobreza y su aplicación con éxito de una política de acción afirmativa en materia de género. 78. Myanmar encomió al Ecuador por su colaboración activa con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas y por sus esfuerzos para garantizar la igualdad de acceso y oportunidades a los grupos vulnerables, incluidas las personas con discapacidad. 79. Namibia señaló que, a pesar del terremoto de 2016, el Ecuador había realizado progresos en las esferas de la erradicación de la pobreza, la educación, la salud y la protección de los grupos vulnerables. Namibia podría beneficiarse de la experiencia del Estado en la reducción de la brecha de la desigualdad. 80. Los Países Bajos observaron el compromiso del Estado en la esfera de las empresas y los derechos humanos. Señalaron que la separación entre el poder ejecutivo y el poder judicial del Gobierno, el espacio para la sociedad civil y la protección de los derechos humanos por las empresas no cumplían las normas internacionales. 81. Nicaragua observó con reconocimiento los Objetivos de Desarrollo del Milenio que había alcanzado el Ecuador, la reducción de la desigualdad y los adelantos en el ámbito del derecho a la educación, entre otros. 82. Noruega hizo notar las medidas adoptadas de conformidad con las recomendaciones formuladas en el examen anterior y los progresos realizados en la promoción de los derechos de la mujer. 83. El Pakistán hizo notar la labor del Ecuador encaminada a aplicar las recomendaciones recibidas en su anterior examen periódico universal y a promover y proteger los derechos humanos. 84. Panamá reconoció los esfuerzos del Estado para erradicar la apatridia y su adhesión a la Convención para Reducir los Casos de Apatridia. Panamá también destacó la promulgación de legislación sobre un documento de identidad normalizado tanto para los nacionales como para los extranjeros. 85. El Paraguay celebró la tipificación como delito del femicidio y de la discriminación por motivos de sexo, orientación sexual e identidad de género. También acogió con agrado A/HRC/36/4 GE.17-11505 9 la aplicación del Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género hacia la Niñez, Adolescencia y Mujeres. 86. El Perú valoraba la reducción significativa de la pobreza y la desigualdad, el importante progreso realizado en la cobertura sanitaria y la educación, y las medidas adoptadas para la inclusión de las personas con discapacidad. 87. Filipinas encomió al Ecuador por la reducción de la desigualdad y el aumento de la inversión en la educación pública. Señaló que el Estado mantenía su compromiso con los derechos humanos, a pesar de los problemas que había traído aparejado el terremoto de 2016. 88. Portugal encomió la aplicación del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, la Ley Orgánica de Discapacidades de 2012 y el Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género hacia la Niñez, Adolescencia y Mujeres. 89. La República de Corea acogió con satisfacción la amplia legislación y el marco normativo para la eliminación de la discriminación contra la mujer, las personas con discapacidad y las minorías. Alentó al Ecuador a seguir esforzándose por mejorar las leyes y políticas nacionales a fin de garantizar el pleno respeto de los derechos humanos. 90. La Federación de Rusia observó la aplicación de las recomendaciones del examen anterior, los esfuerzos del Gobierno para luchar contra la corrupción y los resultados de diferentes proyectos sociales. 91. Sierra Leona encomió los esfuerzos del Estado para promover los derechos humanos, en particular por medio de su Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2025 y el Código Orgánico Integral Penal. Tomó conocimiento de los informes sobre la pobreza y la marginación de los afroecuatorianos. 92. Singapur encomió los esfuerzos desplegados por el Ecuador para hacer frente al devastador terremoto. Reconoció el compromiso con la erradicación de la pobreza y la mejora del nivel de vida de la población mediante programas como Mi Primer Empleo. 93. Eslovaquia valoró los esfuerzos desplegados por el Estado para hacer frente a la violencia de género. Encomió al Ecuador por la aprobación de la nueva Ley Orgánica de Movilidad Humana. Expresó preocupación por las disposiciones penales y penitenciarias utilizadas contra los defensores de los derechos humanos. 94. Eslovenia expresó preocupación por el acceso limitado de las mujeres a abortos terapéuticos. Alentó al Ecuador a reducir las discrepancias en el acceso a la educación entre la población en general y la población indígena. 95. Sudáfrica felicitó al Ecuador por el incremento de inversión en programas sociales y la labor realizada en el contexto del Decenio Internacional para los Afrodescendientes. 96. España subrayó las medidas adoptadas para reformar el poder judicial a fin de reforzar su independencia, en consonancia con las recomendaciones anteriores formuladas por España y aceptadas por el Ecuador en el contexto del proceso de examen periódico universal. 97. Sri Lanka destacó los esfuerzos del Gobierno para aplicar el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 y, tras el terremoto de abril de 2016, alentó al Estado a invertir en medidas de reducción del riesgo de desastres. 98. El Estado de Palestina puso de relieve los esfuerzos del Estado en relación con la educación de calidad y el medio ambiente, así como los progresos logrados para poner en práctica las recomendaciones aceptadas en el examen anterior. 99. Suecia afirmó que, a pesar de que el Ecuador había aceptado las recomendaciones del examen anterior sobre la libertad de expresión, en 2013 se había promulgado una nueva ley de comunicación que limitaba la libertad de expresión y permitía al Gobierno restringir los medios de comunicación. 100. Suiza estaba preocupada por la situación relativa a la libertad de expresión y el acoso y la intimidación de organizaciones de la sociedad civil, en particular las que A/HRC/36/4 10 GE.17-11505 defendían los derechos de los pueblos indígenas, las minorías y los defensores de los derechos humanos. 101. Tailandia celebró la creación de los Consejos Nacionales para la Igualdad, pero seguía preocupado por la persistente discriminación por motivos de género y raza. Acogió con satisfacción el establecimiento de la plataforma SIDERECHOS. 102. Timor-Leste acogió con satisfacción la aprobación del Código Orgánico Integral Penal, la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad y el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017. También reconoció los esfuerzos realizados para promover y proteger los derechos de la mujer. 103. Turquía acogió con satisfacción la implantación de una edad mínima para contraer matrimonio, a saber, los 18 años, en consonancia con las recomendaciones anteriores. También acogió con satisfacción el aumento de la participación de la mujer en la vida pública y alentó al Estado a que intensificara los esfuerzos para promover y proteger los derechos de la mujer. 104. Uganda hizo notar la ratificación del Convenio sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, 2011 (núm. 189) y el Convenio sobre los Trabajadores con Responsabilidades Familiares, 1981 (núm. 156) de la OIT, y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, en consonancia con las recomendaciones anteriores. Acogió con satisfacción la aprobación del Plan Nacional para el Buen Vivir y la Ley Orgánica de Discapacidades. 105. Ucrania alentó al Ecuador a seguir esforzándose por aplicar y actualizar un sistema de información para el seguimiento de las recomendaciones formuladas por los mecanismos de derechos humanos, luchar contra el racismo y la discriminación racial y garantizar el funcionamiento adecuado de la Defensoría del Pueblo. 106. El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte instó a una aplicación equitativa y equilibrada de la Ley Orgánica de Comunicación. Alentó al Ecuador a respetar los derechos de los pueblos indígenas y a consultarlos detenidamente en relación con proyectos que podrían afectarlos. 107. Los Estados Unidos de América expresaron su preocupación por las restricciones impuestas a la libertad de expresión y a las organizaciones de la sociedad civil y por la falta de independencia judicial a causa de la presión ejercida por el poder ejecutivo sobre el poder judicial. 108. El Uruguay acogió con satisfacción los logros del Estado en los ámbitos de la salud, el trabajo infantil y los esfuerzos para combatir la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. Sin embargo, expresó su preocupación por los casos de internamiento por la fuerza de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales en los llamados centros de rehabilitación. 109. La delegación del Ecuador reafirmó que los derechos humanos eran un elemento central de las políticas del Estado y enumeró una serie de iniciativas en ese sentido, como la creación del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, la creación de la Comisión de la Verdad para investigar las graves violaciones de derechos humanos cometidas entre 1984 y 2008, y la promulgación de la Ley para la Reparación de las Víctimas, por la que se creó un programa de reparación relativo al patrimonio cultural inmaterial puesto en práctica por la Defensoría del Pueblo. 110. La erradicación de la violencia de género era también una prioridad nacional y el Estado estaba aplicando su Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género hacia la Niñez, Adolescencia y Mujeres. La delegación reafirmó que el Ecuador no penalizaba la protesta social y no había presos políticos ni defensores de los derechos humanos en centros de detención. 111. En 2011, el Ecuador había creado el mecanismo nacional de prevención, con personal especializado, financiación adecuada y pleno acceso a los centros de detención. 112. El Ecuador agradecía a las Naciones Unidas su apoyo para la creación de la plataforma informática SIDERECHOS, que se había utilizado para la preparación de su A/HRC/36/4 GE.17-11505 11 informe del examen periódico universal y sería fundamental para asegurar el seguimiento de las recomendaciones recibidas. 113. Con respecto a la libertad de asociación, la delegación señaló que el Ecuador reconocía todas las formas de organización y había fortalecido su participación en todos los niveles de gobierno. El compromiso del Estado con la libertad de asociación también quedaba demostrado por el aumento del número de organizaciones inscritas en el sistema unificado de información de organizaciones sociales, que de 1.270 en 2011 pasó a 90.464 en 2017. 114. El Ecuador proporcionaba cobertura de salud universal y gratuita tanto a los ecuatorianos como a los extranjeros. Había eliminado los obstáculos que impedían el acceso a la salud de los grupos vulnerables o marginados y erradicado todas las formas de discriminación o trato degradante. En ese marco, el Estado había prohibido expresamente las prácticas de “deshomosexualización” y cerrado 25 centros que se dedicaban a estas. 115. El Ecuador también había hecho importantes progresos en materia de salud sexual y reproductiva y había elaborado un plan nacional en esa esfera para 2017-2021. La delegación observó que la Constitución protegía la vida desde el momento de la concepción y que, además de los casos en que el aborto se había despenalizado, el Ecuador garantizaba la atención médica en todos los casos de emergencia obstétrica. 116. El Ecuador dio las gracias a las delegaciones por su participación constructiva, celebró las alentadoras observaciones recibidas y subrayó que, para mantener su credibilidad, el examen periódico universal no debía politizarse. El Ecuador invitó a todos los países a sumarse a su iniciativa para la elaboración de un instrumento vinculante sobre las empresas transnacionales y los derechos humanos y a trabajar juntos en cuestiones como la lucha contra la evasión de impuestos y la promoción de la financiación para el desarrollo y los derechos humanos. La delegación concluyó expresando su convicción de que el Gobierno del Presidente Lenín Moreno, que asumiría el cargo el 24 de mayo, continuaría esforzándose por garantizar los derechos humanos y por construir una sociedad inclusiva y democrática. II. Conclusiones y/o recomendaciones 117. Las recomendaciones que figuran a continuación, formuladas durante el diálogo interactivo, han sido examinadas por el Ecuador y cuentan con su apoyo: 117.1 Actualizar y seguir aplicando el Plan Nacional para el Buen Vivir (Nicaragua); 117.2 Impulsar la aplicación del Tratado de Marrakech para Facilitar el Acceso a las Obras Publicadas a las Personas Ciegas, con Discapacidad Visual o con Otras Dificultades para Acceder al Texto Impreso de 2013, recientemente ratificado (Panamá). 118. Las recomendaciones que figuran a continuación cuentan con el apoyo del Ecuador, que considera que ya se han aplicado o están en proceso de aplicación: 118.1 Ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones (El Salvador) (Georgia) (Montenegro) (Portugal); ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones (Hungría); ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones (Ghana); 118.2 Ratificar el Tratado de Marrakech para Facilitar el Acceso a las Obras Publicadas a las Personas Ciegas, con Discapacidad Visual o con Otras Dificultades para Acceder al Texto Impreso (Ghana); 118.3 Mantener su interacción constructiva con el Consejo de Derechos Humanos y sus mecanismos (Myanmar); A/HRC/36/4 12 GE.17-11505 118.4 Intensificar la cooperación con los relatores especiales, entre otras cosas, permitiéndoles visitar el país (Ucrania); 118.5 Adoptar un proceso de selección transparente, basado en el mérito, para la designación nacional de candidatos a las elecciones de órganos de tratados de las Naciones Unidas (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte); 118.6 Continuar y reforzar sus relaciones de cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a fin de elaborar un instrumento para el seguimiento de las recomendaciones de los mecanismos del sistema (Honduras); 118.7 Asegurar que su legislación esté en consonancia con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Hungría); 118.8 Elaborar un plan amplio de desinstitucionalización de las personas con discapacidad que tenga por objeto apoyar su vida en la comunidad y velar por la educación inclusiva de estas (Israel); 118.9 Adoptar todas las medidas necesarias para que el mecanismo nacional de prevención de la tortura tenga una base jurídica sólida y recursos suficientes para el cumplimiento de su mandato (Guatemala); 118.10 Seguir aplicando la plataforma informática SIDERECHOS, un instrumento importante para la observación, el seguimiento y la aplicación de las recomendaciones del examen periódico universal (Paraguay); 118.11 Garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas vulnerables, en particular las mujeres, las personas de edad, los niños y las personas con discapacidad y con movilidad reducida (Côte d’Ivoire); 118.12 Adoptar iniciativas concretas para luchar contra la discriminación y mejorar los niveles de educación y salud de su pueblo (Sri Lanka); 118.13 Seguir fortaleciendo la labor de los Consejos Nacionales para la Igualdad a fin de promover una sociedad inclusiva (Malasia); 118.14 Elaborar y aplicar un plan de acción nacional para la ejecución de las actividades del Decenio Internacional para los Afrodescendientes (Sierra Leona); 118.15 Intensificar los esfuerzos para hacer frente a la discriminación racial mediante la aplicación del Plan Plurinacional para Eliminar la Discriminación Racial y la Exclusión Étnica y Cultural (Sudáfrica); 118.16 Garantizar la formación apropiada de los funcionarios judiciales que se ocupan de los casos de discriminación (Timor-Leste); 118.17 Impulsar las iniciativas para poner fin a la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de género y condición intersexual (Australia); 118.18 Seguir intensificando esfuerzos para poner fin a la discriminación contra las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (Uruguay); 118.19 Garantizar la protección de todas las personas contra las normas y prácticas discriminatorias por motivos de orientación sexual e identidad de género en todas las esferas de la vida (España); 118.20 Seguir promoviendo los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales y protegerlas de la violencia y la discriminación social y cultural (Chile); 118.21 Adoptar todas las medidas apropiadas para prevenir, investigar y sancionar las manifestaciones de violencia, intolerancia y discriminación contra las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (Israel); investigar, enjuiciar y castigar a los autores de actos de violencia contra las A/HRC/36/4 GE.17-11505 13 personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales como parte de sus esfuerzos para combatir los estereotipos y los prejuicios contra ellas (Argentina); 118.22 Redoblar esfuerzos con miras a aumentar la sensibilización pública para poner fin a todas las formas de discriminación impartiendo educación y formación en derechos humanos a los organismos gubernamentales, los medios de comunicación y el público en general, y realizando campañas para combatir los estereotipos de género y la violencia (Tailandia); 118.23 Luchar contra la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, sobre todo contra los niños, mediante la puesta en práctica de programas de sensibilización de la población y la formación de docentes sobre este tema (Francia); 118.24 Proseguir los esfuerzos encaminados a fortalecer las medidas necesarias para la protección de los derechos de las personas de edad (Marruecos); 118.25 Proseguir su política sobre la protección de los derechos de la naturaleza (Argelia); 118.26 Intensificar los esfuerzos para poner en práctica políticas y programas en favor de un medio ambiente sano (Filipinas); 118.27 Promover la aplicación de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos en el plano nacional para complementar los esfuerzos del Ecuador a fin de establecer un instrumento vinculante sobre las empresas transnacionales y los derechos humanos (Chile); 118.28 Proseguir las iniciativas en marcha para concertar un instrumento jurídicamente vinculante a nivel internacional sobre las empresas transnacionales y los derechos humanos (Egipto); 118.29 Mantener el liderazgo en el proceso de elaboración de un instrumento jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y los derechos humanos (Cuba); 118.30 Seguir denunciando el hecho de que las empresas transnacionales se niegan a reparar los graves daños ambientales en la región amazónica (Cuba); 118.31 Asegurar la formación de los encargados de hacer cumplir la ley y las fuerzas de seguridad en relación con las normas de derechos humanos en la gestión de las reuniones pacíficas y velar por que todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias sean investigadas y que los responsables sean enjuiciados (Irlanda); 118.32 Garantizar la prevención y la investigación eficaces de las desapariciones forzadas y la violencia contra la mujer (Suecia); 118.33 Adoptar las medidas necesarias para poner fin a los casos de tortura en las prisiones (Iraq); 118.34 Reconocer la existencia de las llamadas “clínicas de rehabilitación” y las terapias de “reorientación sexual” y adoptar medidas para erradicarlas (Israel); 118.35 Eliminar las prácticas de internamiento forzoso en clínicas de tratamiento a fin de supuestamente “curar” a las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales de su orientación sexual o identidad de género, y garantizar la debida rendición de cuentas de los autores de dichas prácticas, así como la reparación integral a las víctimas (Portugal); 118.36 Garantizar la independencia judicial y la diversidad en los nombramientos judiciales (Australia); A/HRC/36/4 14 GE.17-11505 118.37 Tomar medidas para asegurar y proteger la plena independencia e imparcialidad del poder judicial (Estonia); 118.38 Adoptar todas las medidas necesarias para velar por la independencia del poder judicial (Grecia); 118.39 Asegurar y proteger la plena independencia e imparcialidad de la judicatura y garantizar que pueda desempeñar sus funciones judiciales sin ningún tipo de presiones o injerencias (Israel); 118.40 Seguir esforzándose por instituir reformas judiciales para promover y proteger la independencia del poder judicial (Pakistán); 118.41 Fortalecer las iniciativas para asegurar y proteger la plena independencia e imparcialidad del poder judicial, y facilitar un diálogo amplio y participativo sobre los desafíos de la administración de justicia (Paraguay); 118.42 Cumplir sus compromisos para garantizar y reforzar la independencia del poder judicial (Eslovaquia); 118.43 Seguir adoptando nuevas medidas para garantizar la independencia y profesionalización del poder judicial (España); 118.44 Esforzarse por lograr la plena separación entre el poder judicial y el poder ejecutivo en lo que respecta a los nombramientos de altos funcionarios judiciales (Bangladesh); 118.45 Tomar medidas, incluida la investigación del despido injusto de los jueces y garantizar la independencia e imparcialidad del sistema judicial (Botswana); 118.46 Seguir velando por la igualdad de acceso a la justicia y la igualdad de trato de todos los ecuatorianos por los tribunales (Etiopía); proseguir sus esfuerzos para garantizar el acceso a la justicia de todos (Azerbaiyán); 118.47 Proseguir los esfuerzos para asegurar la independencia e imparcialidad del poder judicial, especialmente en lo que respecta a los derechos a la defensa y a la transparencia en los procedimientos judiciales (Francia); 118.48 Establecer mecanismos para que las investigaciones de denuncias de violaciones graves de los derechos humanos se lleven a cabo de manera exhaustiva, independiente e imparcial a fin de agilizar los procedimientos de sanción y reparación (México); 118.49 Adoptar medidas urgentes para acelerar las investigaciones judiciales y sancionar a los autores de las violaciones de los derechos humanos que se describen en el informe de la Comisión de la Verdad (Argentina); 118.50 Seguir observando normas estrictas para asegurar el derecho de voto, también en el futuro (Federación de Rusia); 118.51 Armonizar las leyes y los reglamentos nacionales sobre la libertad de expresión con las normas internacionales de derechos humanos (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte); 118.52 Adoptar medidas adicionales para que las leyes y los reglamentos nacionales se ajusten plenamente a las normas internacionales, con miras a salvaguardar la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica (Brasil); 118.53 Proteger a los periodistas, los defensores de los derechos humanos y otros representantes de la sociedad civil frente a los actos de intimidación y violencia a los que podrían exponerlos sus actividades (Bélgica); adoptar medidas para garantizar la protección de los periodistas y los defensores de los derechos humanos (Costa Rica); 118.54 Analizar la posibilidad de adoptar disposiciones jurídicas y medidas administrativas para fortalecer el libre ejercicio de los derechos de libertad de A/HRC/36/4 GE.17-11505 15 expresión y de asociación, así como la independencia e imparcialidad del poder judicial (Costa Rica); 118.55 Garantizar un entorno seguro y propicio para todos los defensores de los derechos humanos, investigar todas las denuncias de agresiones, acoso e intimidación contra ellos, y velar por que la legislación sobre la libertad de expresión, incluso en línea, esté en conformidad plena con el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Estonia); 118.56 Afianzar aún más la libertad de expresión, especialmente de periodistas y usuarios de redes sociales (Grecia); 118.57 Garantizar un entorno favorable para la labor de todos los actores de la sociedad civil que trabajan en la esfera de la protección y promoción de los derechos humanos (Hungría); 118.58 Establecer mecanismos especializados de protección para garantizar la seguridad y el trabajo independiente de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos (México); 118.59 Desplegar todos los esfuerzos posibles para preservar la libertad de expresión en los medios de comunicación y las redes sociales, de conformidad con las recomendaciones de los sistemas de derechos humanos universales y regionales (Perú); 118.60 Esforzarse por examinar las leyes pertinentes a fin de garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión y de asociación (República de Corea); 118.61 Promover, proteger y respetar el derecho a la libertad de expresión, de reunión y de asociación de conformidad con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos del país (Eslovaquia); adoptar medidas concretas para promover y proteger el derecho a la libertad de opinión y de expresión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (Suecia); 118.62 Adoptar las medidas apropiadas para garantizar el libre ejercicio de los derechos de reunión y de asociación sin restricciones injustificadas, y para respetar el legítimo espacio de la sociedad civil, los periodistas y los defensores de los derechos humanos (España); 118.63 Adoptar las medidas necesarias para asegurar que la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación esté en conformidad con el derecho a la libertad de expresión y las normas internacionales pertinentes (Suiza); 118.64 Fortalecer la prevención y protección contra la intimidación, las amenazas y la violencia contra la sociedad civil, incluidos los defensores de los derechos humanos y las organizaciones sindicales críticas del Gobierno, y garantizar plenamente la libertad de expresión, tanto en línea como fuera de línea (Chequia); 118.65 Garantizar plenamente la libertad de expresión y la libertad de reunión y proteger a los periodistas y los defensores de los derechos humanos contra las amenazas y la agresión (Francia); 118.66 Consolidar un entorno propicio para la labor de los defensores de los derechos humanos y establecer un mecanismo para su protección (República de Corea); seguir consolidando un entorno propicio para la labor de los defensores de los derechos humanos (Ucrania); 118.67 Velar por que el Estado permita el ejercicio del derecho a la libertad de asociación y la posibilidad de que las asociaciones puedan llevar a cabo su labor sin restricciones indebidas (Suecia); A/HRC/36/4 16 GE.17-11505 118.68 Fortalecer la legislación para combatir la trata, la explotación sexual y laboral y otros modos de explotación de personas, en particular de mujeres y niños (Botswana); 118.69 Aprobar una ley amplia contra la trata de personas (Sierra Leona); aprobar una ley amplia contra la trata de personas (Ucrania); redactar y aplicar una ley amplia sobre la trata de personas (Armenia); considerar la posibilidad de aprobar una ley específica sobre la lucha contra la trata de personas (Belarús); 118.70 Intensificar aún más sus esfuerzos para combatir la trata de personas de conformidad con la aplicación del Plan Nacional y asegurar la protección adecuada de las víctimas de la trata (República Islámica del Irán); 118.71 Considerar la posibilidad de actualizar el Plan Nacional para Combatir la Trata de Personas (Iraq); 118.72 Velar por la aplicación efectiva de las políticas y operaciones destinadas a desmantelar las redes de trata y tráfico ilícito de migrantes (Filipinas); 118.73 Intensificar los esfuerzos tendientes a aplicar el Plan Nacional para Combatir la Trata de Personas (Timor-Leste); intensificar los esfuerzos encaminados a aplicar el Plan Nacional para Combatir la Trata de Personas (Turquía); intensificar los esfuerzos encaminados a aplicar el Plan Nacional para Combatir la Trata de Personas y la Agenda Nacional de Igualdad para la Movilidad Humana (Uganda); 118.74 Adecuar toda la legislación sobre la vigilancia de las comunicaciones a las normas internacionales de derechos humanos y, en especial, exigir que todas las actividades de vigilancia de las comunicaciones cumplan el criterio de necesidad y proporcionalidad (Liechtenstein); 118.75 Seguir reforzando las medidas encaminadas a garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de los ciudadanos (Federación de Rusia); 118.76 Seguir promoviendo el desarrollo socioeconómico a fin de mejorar el nivel de vida de la población (China); 118.77 Seguir fomentando el logro de una distribución justa de la riqueza nacional (República Bolivariana de Venezuela); 118.78 Reforzar las medidas para reducir la brecha en la redistribución de la riqueza como parte de sus actividades de erradicación de la pobreza (Indonesia); 118.79 Proseguir sus esfuerzos en materia de lucha contra la pobreza y en favor de las personas en situaciones de vulnerabilidad (Paraguay); 118.80 Seguir elaborando programas para luchar contra la pobreza de las familias afroecuatorianas y facilitar su plena participación en la vida pública (Djibouti); 118.81 Continuar con sus programas encaminados a mejorar el nivel de vida de sus ciudadanos, incluidos los pueblos indígenas, los afroecuatorianos y los montubios (Namibia); 118.82 Mejorar el acceso de los afroecuatorianos a una vivienda digna, a la educación y el buen vivir (Uganda); 118.83 En seguimiento de las recomendaciones 135.8, 135.9, 135.15 y 135.16 del segundo ciclo, aumentar la inversión económica y social para mejorar la igualdad de acceso, las oportunidades y la respuesta a las necesidades en virtud de los programas Sumak Kawsay destinados a familias afroecuatorianas, y facilitar su plena participación en la vida pública (Haití); A/HRC/36/4 GE.17-11505 17 118.84 Seguir adoptando medidas eficaces para aplicar plenamente su programa SIGTIERRAS a fin de asegurar que las mujeres de las zonas rurales tengan igualdad de acceso a los títulos de propiedad de la tierra (Namibia); 118.85 Poner en práctica las medidas necesarias para proteger el medio ambiente y adoptar medidas concretas para proteger el disfrute del derecho al agua (Estado de Palestina); 118.86 Ampliar la cobertura de la seguridad social y garantizar la igualdad de acceso de las minorías étnicas (China); 118.87 Proseguir los esfuerzos para reconocer el trabajo decente, reducir el subempleo estructural y ampliar gradualmente el poder adquisitivo de los ingresos del trabajo, en el contexto del fortalecimiento del sistema económico basado en la dimensión social y la solidaridad (Nicaragua); 118.88 Seguir aplicando políticas que aumenten el acceso al empleo, en particular para los jóvenes y los habitantes de zonas rurales (Singapur); 118.89 Instituir estrategias específicas y reformas del mercado de trabajo para promover una mayor participación de la mujer en el sector formal del empleo, incluso mediante la disminución de los obstáculos a esa participación (Bahamas); 118.90 Proseguir los esfuerzos para facilitar el acceso de las mujeres al empleo formal (Argelia); 118.91 Proseguir los esfuerzos para poner fin al trabajo infantil mediante el establecimiento de un mecanismo de coordinación interinstitucional a nivel nacional y subnacional para implementar el Plan Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (Maldivas); 118.92 Reforzar las disposiciones legislativas pertinentes para reducir el trabajo infantil y castigar a las personas que las contravienen (Panamá); 118.93 Proseguir los esfuerzos para reducir el trabajo infantil y castigar a las personas que emplean niños, en clara violación de las disposiciones legislativas relativas al trabajo infantil (Uruguay); 118.94 Proseguir los esfuerzos encaminados a promover los centros de atención de la salud, en particular en las zonas rurales, con especial atención a la lucha contra la malnutrición (Malasia); 118.95 Proseguir sus esfuerzos para mejorar la salud mediante la ampliación de su Programa Desnutrición Cero a fin de proteger al mayor número posible de sus habitantes (Maldivas); 118.96 Seguir elaborando, aplicando, supervisando y reforzando las políticas destinadas a reducir las tasas de obesidad y la incidencia de las enfermedades no transmisibles (Bahamas); 118.97 Seguir intensificando las medidas para hacer frente a los embarazos en la adolescencia mediante la promoción del acceso a los servicios de salud reproductiva para todos, incluida la educación sobre salud sexual y reproductiva, así como los servicios de asesoramiento y atención de la salud adaptados a los jóvenes, de conformidad con los compromisos contraídos en el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (Uruguay); 118.98 Garantizar que todas las niñas y mujeres tengan acceso a la promoción y atención de la salud sexual y reproductiva integral, incluido el acceso a métodos anticonceptivos modernos (Estonia); velar por que todas las mujeres y niñas tengan acceso a métodos anticonceptivos asequibles y modernos (Islandia); 118.99 Aplicar una política integral de promoción de la salud y un marco normativo para la eliminación de la discriminación contra la mujer (Sudáfrica); A/HRC/36/4 18 GE.17-11505 118.100 En consonancia con los esfuerzos que se están realizando en la esfera de la salud sexual y reproductiva, adoptar medidas para combatir la violencia contra la mujer y promover la igualdad de género (Francia); 118.101 Proseguir los esfuerzos para reformar el sistema educativo, ya que constituye un elemento importante para reducir la pobreza (Marruecos); 118.102 Seguir aumentando la inversión en educación y fortalecer la infraestructura educativa (China); 118.103 Seguir reduciendo la brecha entre las zonas urbanas y rurales en el ámbito de la educación (República Popular Democrática de Corea); 118.104 Intensificar los esfuerzos encaminados a garantizar el acceso a una educación de calidad para todos los niños, incluidos los de grupos minoritarios y de zonas rurales (Tailandia); 118.105 Seguir incrementando la inversión pública en educación y seguir esforzándose por aplicar las estrategias de inclusión educativa, prestando especial atención a las zonas de difícil acceso y a los niños (Estado de Palestina); 118.106 Seguir redoblando esfuerzos para eliminar las diferencias en el acceso a la educación entre las zonas rurales y urbanas y las tasas de abandono escolar entre los estudiantes indígenas y afrodescendientes (Etiopía); 118.107 En relación con las iniciativas para hacer frente al problema del analfabetismo, seguir promoviendo el acceso a una educación de calidad en las zonas rurales, lo que aportaría beneficios a largo plazo para las mujeres, los jóvenes y los grupos indígenas en las zonas rurales (Malasia); 118.108 Continuar aplicando una política de educación inclusiva, especialmente en las zonas rurales (Libia); 118.109 Continuar e intensificar la aplicación de políticas de educación inclusiva (Eslovenia); 118.110 Proseguir sus iniciativas de aplicación de las políticas de educación inclusiva que ha formulado (Azerbaiyán); 118.111 Intensificar la aplicación de políticas de educación inclusiva, prestando especial atención a los grupos vulnerables (Ucrania); 118.112 Mejorar el sistema educativo, en particular mediante el fomento del acceso de los grupos marginados y los que viven en zonas remotas (Indonesia); 118.113 Seguir reforzando la excelente política de educación del Ecuador (República Bolivariana de Venezuela); 118.114 Adoptar las medidas necesarias para garantizar la plena participación de todos los ciudadanos, en particular los grupos vulnerables, en el sistema de educación y en la administración de los asuntos públicos (Angola); 118.115 Seguir garantizando el acceso a una educación de calidad para todos los ecuatorianos mediante la permanente mejora de la formación de educadores (Singapur); 118.116 Aumentar el acceso a una educación de calidad de las mujeres indígenas y afroecuatorianas, así como de las que viven en zonas rurales (Bahamas); 118.117 En seguimiento de las recomendaciones 135.8, 135.48 y 135.55 del segundo ciclo, seguir mejorando la calidad de la educación pública, en particular para las personas que viven por debajo del umbral de la pobreza, con especial atención a la salud mental y a los elementos psicosociales de un entorno de aprendizaje de calidad (Haití); 118.118 Seguir promoviendo el acceso a la educación y la formulación de políticas públicas encaminadas a aumentar la cobertura de la educación de las A/HRC/36/4 GE.17-11505 19 niñas que viven en zonas rurales, en particular las niñas indígenas y afroecuatorianas (Chile); 118.119 Seguir luchando contra todas las formas de discriminación de la mujer (Djibouti); 118.120 Intensificar los esfuerzos para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer (Grecia); 118.121 Hacer frente a los estereotipos sociales y culturales que sustentan la discriminación y la violencia contra la mujer y garantizar la participación de la mujer en la adopción de decisiones (Ucrania); 118.122 Fortalecer las iniciativas para prevenir y combatir todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres y los niños y otros grupos vulnerables (Italia); 118.123 Intensificar las medidas, incluida la formación en derechos humanos, para crear conciencia acerca de la igualdad de género (Turquía); 118.124 Proseguir los esfuerzos para erradicar la violencia de género (Georgia); 118.125 Proseguir sus esfuerzos para reducir y erradicar la violencia de género, garantizar la diligencia debida en la búsqueda y el enjuiciamiento de los autores de actos de esta naturaleza y proporcionar la capacitación pertinente a las autoridades competentes sobre la protección de la violencia contra las mujeres y las niñas y la prevención de esta (Nicaragua); 118.126 Seguir mejorando los procedimientos de enjuiciamiento y castigo de los autores de actos de violencia contra la mujer, y garantizar la supervisión constante de la ejecución del Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género hacia la Niñez, Adolescencia y Mujeres (El Salvador); 118.127 Seguir fortaleciendo los mecanismos que promueven el enjuiciamiento de todos los autores de violencia de género (Eslovaquia); 118.128 Supervisar en forma permanente la aplicación del Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género hacia la Niñez, Adolescencia y Mujeres a fin de garantizar la investigación, el enjuiciamiento y el castigo debidos de los autores de actos de violencia contra la mujer (Portugal); 118.129 Intensificar los esfuerzos para combatir la violencia contra la mujer y el abuso de niños, a fin de garantizar la eficacia de las medidas normativas e institucionales adoptadas para hacer frente al problema (España); 118.130 Reunir sistemáticamente datos sobre la violencia contra la mujer, la violencia sexual y la trata de personas (Suecia); 118.131 Asegurarse de que las mujeres víctimas de violencia reciban una ayuda adecuada y que los autores de esos actos sean llevados ante la justicia (Italia); 118.132 Prever todos los recursos necesarios para el establecimiento de las unidades judiciales especializadas en las disposiciones jurídicas relativas a la violencia contra la mujer (Panamá); 118.133 Reforzar los mecanismos de protección para las mujeres víctimas de la violencia, desde el primer momento de la denuncia (Paraguay); 118.134 Seguir fortaleciendo las instituciones de derechos humanos a fin de garantizar una mejor protección de los derechos de los niños, las mujeres y los pueblos indígenas (Pakistán); 118.135 Seguir aplicando medidas administrativas y judiciales para la protección efectiva de las mujeres y las niñas contra la violencia sexual y los abusos sexuales, así como el castigo de los autores (Brasil); A/HRC/36/4 20 GE.17-11505 118.136 Seguir fortaleciendo los servicios de registro universal de los nacimientos en el país, garantizando que sean gratuitos y accesibles para todos (Eslovaquia); 118.137 Prohibir el castigo corporal de los niños en todos los entornos (Islandia); 118.138 Aprobar y aplicar leyes que prohíban el castigo corporal de los niños en todos los entornos, incluidos la familia, las escuelas y todos los lugares de privación de libertad (Liechtenstein); 118.139 Promulgar legislación que prohíba expresamente el castigo corporal de los niños en todos los entornos (Montenegro); 118.140 Seguir luchando contra todas las formas de abuso de los niños (Djibouti); 118.141 Velar por que todos los malos tratos y la violencia sexual contra los niños en entornos educativos se investiguen de manera pronta, exhaustiva e imparcial, que los autores sean enjuiciados y que las víctimas obtengan una reparación y reciban la protección y el apoyo necesarios (Bélgica); 118.142 Aplicar, de manera sistemática, las normas y las políticas públicas de promoción de los derechos de las personas con discapacidad (Cuba); 118.143 Redoblar los esfuerzos para la protección de los derechos de las personas con discapacidad y compartir experiencias positivas al respecto (República Popular Democrática de Corea); 118.144 Seguir adoptando medidas para proteger los derechos de las personas con discapacidad y elaborar programas destinados a asegurar el disfrute de sus derechos a la educación, la salud, la vivienda y el trabajo (Egipto); 118.145 Seguir ocupándose de la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad, elaborando programas de empleo específicamente destinados a estas (República Islámica del Irán); 118.146 Proseguir los esfuerzos para asegurar que las personas con discapacidad puedan encontrar empleo y proporcionarles asistencia médica en las zonas rurales (Libia); 118.147 Reforzar las medidas encaminadas a mejorar el bienestar de los grupos vulnerables, incluidas las personas con discapacidad (Myanmar); 118.148 Fortalecer los mecanismos apropiados para detectar situaciones de violencia contra las personas con discapacidad (Paraguay); 118.149 Continuar aplicando políticas para la promoción de los derechos humanos de los grupos vulnerables, en particular los pueblos indígenas, los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales (Estado Plurinacional de Bolivia); 118.150 Fortalecer las medidas adoptadas por el Ecuador para responder a las necesidades de los pueblos indígenas (Côte d’Ivoire); 118.151 Proseguir los esfuerzos para establecer procesos de consulta efectiva con las comunidades, de conformidad con las normas internacionales, en relación con cualquier proyecto que pudiera afectar al territorio o los medios de subsistencia de los pueblos indígenas (El Salvador); seguir fortaleciendo las consultas con las poblaciones indígenas para dar cumplimiento a sus derechos económicos, sociales y culturales (República de Corea); elaborar procedimientos transparentes para celebrar consultas previas con los pueblos indígenas sobre el uso de las tierras indígenas (Sierra Leona); establecer procesos de consulta efectiva con los pueblos y las comunidades indígenas afectados por cualquier proyecto que pudiera repercutir en su territorio o medios de subsistencia (Estonia); institucionalizar el derecho a la consulta de los pueblos indígenas y alentar la participación de la sociedad civil y los grupos A/HRC/36/4 GE.17-11505 21 indígenas en la elaboración de un mecanismo de consulta que funcione de conformidad con los compromisos asumidos por el país en virtud del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169) de la OIT (Noruega); promover la participación activa de los pueblos indígenas en los procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones que los afectan, especialmente en relación con la tierra y los territorios (Perú); 118.152 Asegurar la celebración efectiva de consultas previas, libres e informadas con los grupos indígenas sobre las políticas que afectan a su modo de vida o su cultura (México); 118.153 Con la participación de personas y comunidades indígenas y sus organizaciones respectivas, adoptar un marco jurídico que vele por el respeto de los principios de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (Canadá); 118.154 Fortalecer sus mecanismos de protección de los derechos humanos para los grupos vulnerables y los pueblos indígenas (Grecia); 118.155 Adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección de los pueblos indígenas aislados, incluido el respeto de las zonas consideradas patrimonio cultural inmaterial (Noruega); 118.156 Redoblar sus esfuerzos para lograr, en la legislación y en la práctica, la inclusión de los migrantes en todas las esferas, en particular de las mujeres en el mercado de trabajo (Honduras); 118.157 Acelerar la institución de un procedimiento de determinación de la apatridia y asegurarse de que esté en consonancia con las normas internacionales y cuente con la orientación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Eslovaquia). 119. El Ecuador examinará las recomendaciones que figuran a continuación y les dará respuesta a su debido tiempo, pero a más tardar en el 36º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos: 119.1 Ratificar la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad (Armenia); 119.2 Cooperar plenamente con la Corte Penal Internacional y ajustar plenamente su legislación nacional a las obligaciones y definiciones de los delitos y los principios que figuran en el Estatuto de Roma y ratificar las Enmiendas de Kampala al Estatuto de Roma (Liechtenstein); 119.3 Adherirse al Tratado sobre el Comercio de Armas y adaptar su legislación nacional a este (Guatemala); 119.4 Elaborar una estrategia nacional para poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y contribuir a la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible 8.7 y, en ese contexto, ratificar el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el Trabajo Forzoso, 1930, de la OIT y fomentar la capacidad para hacer cumplir la ley con miras a facilitar la investigación, el enjuiciamiento y la condena de los autores de trata de personas (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte). 120. Las recomendaciones que figuran a continuación, formuladas durante el diálogo interactivo, han sido examinadas por el Ecuador, que ha tomado conocimiento de ellas: 120.1 Poner fin a la política de establecer dos tipos diferentes de documentos de identidad, uno para personas trans y otro para personas cisgénero (Israel); 120.2 Aplicar una estrategia nacional para mejorar la situación y la integración social de la población romaní (Hungría); 120.3 Adoptar medidas para el reconocimiento de los romaníes como ciudadanos y su protección contra la discriminación racial (Bangladesh); A/HRC/36/4 22 GE.17-11505 120.4 Elaborar y aprobar un plan de acción nacional sobre las empresas y los derechos humanos, que incluya el acceso a vías de recurso, prestando especial atención a la situación de los defensores de los derechos humanos (Países Bajos); 120.5 Examinar y modificar la legislación y la práctica pertinentes a fin de fortalecer la independencia de la justicia, garantizar el nombramiento de jueces basado en el mérito y proteger su labor contra la injerencia política (Chequia); 120.6 Garantizar la independencia del poder judicial mediante la reforma del artículo 109, párrafo 7, del Código Orgánico de la Función Judicial a fin de delimitar claramente, de conformidad con el derecho internacional, la figura jurídica de “error inexcusable”, que ahora está insuficientemente protegida del uso indebido para la destitución de jueces (Países Bajos); 120.7 Considerar la posibilidad de adaptar la legislación, en particular la figura de “error inexcusable”, a fin de garantizar plenamente la independencia del poder judicial (Perú); 120.8 Eliminar o modificar la definición amplia y la aplicación arbitraria de la figura de “error inexcusable” utilizada por el Consejo de la Judicatura para sancionar a los jueces (Estados Unidos de América); 120.9 Eliminar la cláusula excesivamente general sobre el “error inexcusable” del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial y crear un marco jurídico que garantice la plena independencia e imparcialidad del poder judicial de conformidad con los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura (Alemania); 120.10 Examinar del artículo 109.7 del Código Orgánico de la Función Judicial con miras a garantizar la independencia del poder judicial, en particular mediante la selección independiente de las autoridades judiciales (Canadá); 120.11 Respetar plenamente el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica mediante la revisión de las leyes, políticas y programas que regulan la sociedad civil y la modificación o derogación de las leyes que permiten al Estado usar la fuerza contra manifestantes pacíficos, detener en forma arbitraria a manifestantes, restringir el espacio civil e impedir arbitrariamente las actividades de las organizaciones de la sociedad civil. Dichas leyes incluyen los artículos 336, 339, 345 y 346 del Código Orgánico Integral Penal, así como los artículos 22, 23 y 24 del Decreto Ejecutivo núm. 739 (Canadá); 120.12 Crear y mantener, en la legislación y en la práctica, un entorno seguro y propicio para la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos, entre otras cosas mediante la modificación de su legislación para garantizar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la plena independencia del poder judicial, de conformidad con las normas internacionales (Irlanda); 120.13 Garantizar la libertad de expresión y de asociación pacífica y proteger las actividades de los periodistas y los defensores de los derechos humanos, también modificando la legislación pertinente a fin de que esté en consonancia con las mejores prácticas y normas internacionales en materia de libertad de expresión (Italia); adoptar las medidas legislativas necesarias para garantizar el pleno disfrute del derecho a la libertad de opinión y de expresión en todas sus formas, mediante la eliminación de las restricciones excesivas impuestas a su ejercicio (México); 120.14 Revisar la Ley Orgánica de Comunicación y los decretos ejecutivos para que los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos puedan actuar con libertad, no puedan ser arbitrariamente sancionadas ni disueltas y tengan acceso a un recurso efectivo (Chequia); A/HRC/36/4 GE.17-11505 23 abordar los problemas dimanantes de la Ley Orgánica de Comunicación de 2013, que impone un mayor nivel de autocensura a los medios de comunicación (Australia); promover el ejercicio de la libertad de expresión sin restricciones indebidas, mediante la modificación o derogación de la Ley Orgánica de Comunicación de 2013 (Estados Unidos de América); 120.15 Eliminar todas las formas de discriminación y criminalización de organizaciones de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y medios de comunicación, entre otras cosas derogando los Decretos Ejecutivos núms. 16, 739 y 691 y la Ley Orgánica de Comunicación, y poniendo fin a las actuaciones penales contra las personas que participan en protestas sociales, en virtud de figuras penales amplias enunciadas en el Código Penal, como el sabotaje y el terrorismo (Alemania); considerar la posibilidad de revisar el Decreto Ejecutivo núm. 739, sobre la regulación de las organizaciones sociales, y la Ley Orgánica de Comunicación a la luz de los compromisos internacionales de derechos humanos (Costa Rica); revisar los Decretos Ejecutivos núms. 16 y 739, el Código Penal, así como la Ley Orgánica de Comunicación para que se ajusten a las normas internacionales de derechos humanos (Bélgica); modificar los Decretos Ejecutivos núms. 16 y 739 y los proyectos de ley en esta esfera para garantizar la protección de los defensores de los derechos humanos y velar por la independencia y el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil, en particular mediante la aceptación del ofrecimiento de asistencia técnica de los relatores especiales de las Naciones Unidas para modificar la legislación en vigor (Suiza); asegurarse de que las organizaciones de la sociedad civil puedan funcionar libremente, en particular los grupos críticos del Gobierno, mediante la modificación o derogación de los Decretos Ejecutivos núms. 16 y 739 (Estados Unidos de América); 120.16 Adoptar las medidas necesarias para que todas las operaciones de los organismos de inteligencia sean supervisadas por un mecanismo de vigilancia independiente (Liechtenstein); 120.17 Impulsar la reforma del Código Penal para despenalizar el aborto (Noruega); derogar las leyes que penalizan el aborto en casos de violación, incesto y malformación fetal grave, y eliminar todas las medidas punitivas (Islandia); reformar el Código Orgánico Integral Penal en relación con la ampliación legal del aborto y su despenalización en casos de violación, incesto y malformación fetal grave (Eslovenia); 120.18 Derogar la disposición del Código Civil que designa al marido administrador de la sociedad conyugal (Islandia); derogar la disposición legal que designa al marido administrador de los bienes conyugales (Portugal); 120.19 Derogar el Decreto núm. 1247 y establecer procedimientos claros en la legislación secundaria para aplicar el derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, acerca de las medidas legislativas o administrativas que afectan a sus territorios y medios de subsistencia, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución del Ecuador y en el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169) de la OIT (Alemania). 121. El Ecuador no podía apoyar las recomendaciones que figuraban en los párrafos 120.1 a 120.3 y 120.18, pues consideraba que la información que contenían era incorrecta. 122. El Ecuador no podía apoyar las recomendaciones que figuraban en los párrafos 120.5 a 120.15, 120.17 y 120.19, pues consideraba que la legislación a la que se referían ya se ajustaba a las normas internacionales. 123. El Ecuador no podía apoyar la recomendación que figuraba en el párrafo 120.16, pues consideraba que el actual Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como la Secretaría de Inteligencia, se regían por la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que disponía el control civil y democrático. A/HRC/36/4 24 GE.17-11505 124. El Ecuador no podía apoyar las recomendaciones que figuraban en el párrafo 120.4, pues consideraba que no era necesario contar con un plan de acción nacional dado que el Ecuador ya disponía de un marco legislativo y normativo vinculante, que incluía la Constitución de la República, el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, el Código Orgánico Monetario y Financiero y el Código Orgánico Integral Penal, que preveía la plena protección y promoción de los derechos humanos en el contexto de las operaciones empresariales. Este marco se complementaba con otras normas, planes y programas en diferentes ámbitos relacionados con las empresas y la salud, la naturaleza, la agricultura, el comercio justo y la propiedad intelectual, la violencia y el trabajo infantil, y la seguridad en las entidades públicas y privadas, entre otras cosas. 125. Todas las conclusiones y/o recomendaciones que figuran en el presente informe reflejan la posición del Estado o de los Estados que las presentaron y/o del Estado examinado. No debe interpretarse que han recibido el respaldo del Grupo de Trabajo en su conjunto. III. Promesas y compromisos voluntarios 126. El Estado del Ecuador asumió los siguientes compromisos voluntarios: a) Mediante la cooperación con el sistema de las Naciones Unidas, el Ecuador se compromete a seguir fortaleciendo la plataforma electrónica SIDERECHOS, para mantenerla en funcionamiento permanente y asegurar el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones aprobadas y los compromisos de derechos humanos asumidos en el marco del sistema de las Naciones Unidas; b) El Ecuador se compromete a continuar dirigiendo la aplicación de la resolución 26/9 del Consejo de Derechos Humanos relativa a la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, en particular mediante el intercambio de las mejores prácticas en materia de legislación y formulación de políticas; c) El Ecuador se compromete a compartir con la comunidad internacional la experiencia del país sobre la protección y promoción de los derechos humanos de las personas en situación de movilidad humana; d) El Ecuador se compromete a compartir con la comunidad internacional la experiencia del país sobre la protección y promoción de los derechos humanos en relación con la reforma del poder judicial. A/HRC/36/4 GE.17-11505 25 Anexo [Original: español/inglés] Composition of the delegation The delegation of Ecuador was headed by the Minister of Foreign Affairs and Human Mobility, Guillaume Long, and composed of the following members: • Guillaume Long, Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana; • Ledy Zuñiga, Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos; • Rosana Alvarado, Vicepresidenta de la Asamblea Nacional; • Verónica Espinosa, Ministra de Salud Pública; • César Navas, Ministro Coordinador de Seguridad; • Patricio Barriga, Secretario Nacional de Comunicación; • María Carola Iñiguez Zambrano, Subsecretaría de Organismos Internacionales Suprarregionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana; • Natalia Bolaños, Subsecretaria de Adolescentes Infractores del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Culto; • Tammy Lorena Vallejo Silva, Subsecretaría Nacional de Comunicación – SECOM; • Carlos Andrade, Subsecretario de Pueblos y Nacionalidades; • Karina Peralta, Vocal Principal del Consejo de la Judicatura; • Ricardo Velasco, Director de Derechos Humanos de la Procuraduría General del Estado; • María Amelia Espinosa, Directora de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos; • Lee Brown, Asesor Despacho Ministerial; • David Tellez, Asesor del Ministerio Coordinador de Seguridad; • Daniela Saa, Funcionaría de la Subsecretaría de Organismos Internacionales y Suprarregionales; • María Fernanda Espinosa, Embajadora, Representante Permanente ante la ONU Ginebra; • Arturo Cabrera, Embajador, Representante Permanente Alterno ante la ONU Ginebra; • Luis Espinosa, Ministro, Misión Permanente ante la ONU Ginebra; • Walter Schuldt, Primer Secretario, Misión Permanente ante la ONU Ginebra; • Juan Pablo Cadena, Primer Secretario, Misión Permanente ante la ONU Ginebra; • Analucía Jácome, Analista en Derechos Humanos, CDH, Misión Permanente ante la ONU Ginebra.
