GINEBRA (29 de abril de 2020) – Dos expertos en derechos humanos de la ONU dijeron que Brasil debe abandonar inmediatamente las políticas de austeridad equivocadas que están poniendo en peligro vidas y aumentar el gasto para combatir la desigualdad y la pobreza exacerbadas por la pandemia COVID-19.
“El brote de COVID-19 ha magnificado los impactos adversos de la enmienda constitucional de 2016 que limitó el gasto público en Brasil durante 20 años”, dijeron el Experto Independiente en derechos humanos y deuda externa, Juan Pablo Bohoslavsky, y el Relator Especial sobre la extrema pobreza, Philip Alston. “Los efectos son ahora dramáticamente visibles en la crisis actual”.
Los expertos observaron que, por ejemplo, solo el 10% de los municipios brasileños tienen camas de terapia intensiva y el Sistema Único de Salud no tiene ni siquiera la mitad del número de camas de hospital recomendadas por la Organización Mundial de la Salud.
“Los recortes del gobierno al financiamiento han violado las normas internacionales de derechos humanos, incluyendo la educación, la vivienda, la alimentación, el agua y el saneamiento y la igualdad de género”, dijeron.
“El debilitado sistema de salud está sobrecargado y no logra proteger el derecho a la vida y la salud de millones de brasileño/as que están en grave riesgo. Ya es hora de derogar la Enmienda Constitucional 95 y otras medidas de austeridad contrarias al derecho internacional de los derechos humanos”.
Los expertos en derechos humanos de la ONU habían expresado repetidamente su preocupación por el hecho de que las medidas del Brasil estaban dando prioridad a la economía por sobre la vida de las personas.
“En 2018, instamos a Brasil a reconsiderar su programa de austeridad económica y poner los derechos humanos en el centro de sus políticas económicas”, dijeron. “También expresamos preocupaciones específicas sobre los más afectados, en particular las mujeres y los niños que viven en la pobreza, los brasileños afrodescendientes, las poblaciones rurales y las personas que viven en asentamientos informales”.
Los expertos condenaron la política de anteponer la “economía a la vida”, a pesar de los derechos humanos y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. “¿Economía para quién?”, preguntaron. “No es admisible poner en peligro la salud y la vida de las personas, incluidos los trabajadores de la salud, por el interés financiero de unos pocos”, subrayaron. “¿Quién será responsable cuando las personas mueran debido a decisiones políticas que vayan en contra de la ciencia y el consejo médico experto?”
Brasil ha hecho varios esfuerzos encomiables, señalaron. “El ingreso básico de emergencia, así como la aplicación de las directivas de distanciamiento social de las autoridades subnacionales, son medidas para salvar vidas que son bienvenidas. Sin embargo, es necesario hacer más”.
“En una reciente declaración y carta a los gobiernos e instituciones financieras internacionales, el Experto Independiente en derechos humanos y deuda externa formuló recomendaciones económicas, fiscales y tributarias concretas”.
“La crisis del COVID-19 debe ser una oportunidad para que los Estados se replanteen sus prioridades, por ejemplo, introduciendo y mejorando los sistemas universales de salud y protección social, así como implementando reformas fiscales progresivas, dijeron los expertos de la ONU.
“Los Estados de todo el mundo deberían construir un futuro mejor para sus poblaciones, no fosas comunes”.
La declaración de los expertos ha sido respaldada por el Sr. Léo Heller, Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento; la Sra. Hilal Elver, Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación, la Sra. Leilani Farha, Relatora Especial sobre el derecho a una vivienda adecuada, el Sr. Dainius Pūras, Relator Especial sobre el derecho a la salud física y mental; la Sra. Koumbou Boly Barry, Relatora Especial sobre el derecho a la educación, y el Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas: la Sra. Meskerem Geset Techane (Presidenta), la Sra. Elizabeth Broderick (Vicepresidenta), la Sra. Alda Facio, la Sra. Ivana Radačić y la Sra. Melissa Upreti.
FIN
El Sr. Juan Pablo Bohoslavsky (Argentina) fue nombrado Experto Independiente sobre el impacto de la deuda externa y los derechos humanos por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 8 de mayo de 2014.
El Sr. Philip Alston (Australia) asumió sus funciones como Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos en junio de 2014.
Los Relatores Especiales, Expertos Independientes y Grupos de trabajo forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el órgano más grande de expertos independientes del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, es el nombre general de los mecanismos independientes de determinación de hechos y monitoreo del Consejo que abordan situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todas partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan con carácter voluntario; no son funcionarios de las Naciones Unidas y no reciben un sueldo por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan servicios a título individual.
ONU, Derechos Humanos, página de país: Brasil
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Fuente: ONU Derechos Humanos
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