GINEBRA (1 de abril de 2020) – Los Estados deben incrementar inmediatamente las medidas para proteger a los 40 millones de personas internamente desplazadas alrededor del mundo ante la amenaza de COVID-19, dijo una experta de la ONU.
“Las personas internamente desplazadas corren un riesgo mayor de exposición a la COVID-19 debido al limitado acceso al cuidado de la salud, agua, saneamiento, alimentación y vivienda adecuados, y a menudo enfrentan discriminación”, dijo Cecilia Jiménez-Damary, la Relatora Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los desplazados internos.
“Están entre las personas más vulnerables y no deberían ser olvidadas por los Gobiernos en sus respuestas a la pandemia”.
“Aquellos en campos o sitios colectivos viven a menudo en condiciones de hacinamiento, en alberges de emergencia no adecuados ni física ni estructuralmente para mitigar la transmisión de la COVID-19. Su vulnerabilidad se incrementa en contextos de conflicto armado”, dijo Jiménez-Damary.
La Relatora Especial subrayó que la situación de desplazamiento podría incrementar la vulnerabilidad que de por sí tienen las personas mayores y las personas con otras condiciones de salud ante la COVID-19. Las personas con discapacidad que además están desplazadas o pertenecen a grupos minoritarios o comunidades indígenas podrían enfrentar aún más barreras para acceder servicios esenciales y de cuidado de la salud.
“Los Gobiernos deben asegurar que todos los desplazados internos tengan acceso al agua, al saneamiento, a instalaciones de higiene personal, a alimentación y vivienda adecuadas. Deben ser informado sobre los riesgos, la prevención y el tratamiento de la enfermedad. Aquellos que requieran tratamiento médico por COVID-19 deben tener acceso a cuidados de salud adecuados de manera oportuna y sin discriminación”, dijo.
La experta de la ONU también hizo un llamado a los Estados para incluir a las personas internamente desplazadas en sus procesos de toma de decisión. “Los desplazados internos conocen mejor los retos específicos que enfrentan. Su participación en la identificación de estos retos y en el diseño de respuestas hechas a la medida ante la COVID-19 es esencial”.
“En los campos, las medidas preventivas y de respuesta deben ser adoptadas basadas en evaluación de riesgos que involucren a la población de dichos lugares. Es posible que se necesario llevar a cabo una re-planificación de los campos que tome en cuenta los imperativos de salud de las auto-cuarentenas, al tiempo que se asegure que la distancia social no se traduzca a falta de apoyo hacia las personas más vulnerables”.
“Los Estados deben aumentar proporcionalmente la asistencia humanitaria para las personas internamente desplazadas a la luz de la pandemia, al tiempo que se tomen medidas apropiadas para prevenir la transmisión de COVID-19 y para proteger a los trabajadores humanitarios”, añadió. “Saludo la adopción del Plan Global de Respuesta Humanitaria para el COVID-19 y el llamado para su amplio apoyo por parte de la comunidad internacional, incluyendo el G20”.
“Es importante que las personas internamente desplazadas no sean abandonadas en la crisis. Hago un llamado a los Estados para que ejerzan su responsabilidad soberana para protegerlas con base en los Principios rectores de los desplazamientos internos y sin distraer la entrega de asistencia humanitaria. Aliento a la comunidad internacional y a los donantes a asegurar que la solidaridad sea constante con algunas de las personas más vulnerables del mundo”, concluyó la Relatora Especial.
FIN
La Sra. Cecilia Jiménez-Damary es una abogada de derechos humanos especializada en el desplazamiento forzado y la migración, tiene más de tres décadas de experiencia en ONG de defensa de los derechos humanos y el desarrollo de capacidades. Fue nombrada Relatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos por el Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2016.
Como Relatora Especial, es parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el más amplio cuerpo de expertos y expertas de derechos humanos en el sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes del Consejo para investigación de hechos y monitoreo que atienden ya sea situaciones de país específicas o asuntos temáticos en todo el mundo. Los expertos y las expertas de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son parte del staff de la ONU y no reciben salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven de manera individual.
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Fuente: ONU Derechos Humanos
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