GINEBRA (27 de septiembre de 2022) – El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED, por sus siglas en inglés) emitió hoy sus conclusiones sobre Uruguay después de revisar al Estado parte durante su última sesión.
Los hallazgos contienen las principales preocupaciones y recomendaciones del Comité sobre la implementación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, así como aspectos positivos. Los aspectos más destacados incluyen:
En relación con las presuntas desapariciones forzadas ocurridas entre 1968 y 1985, el Comité observó con preocupación la lentitud de las investigaciones y juicios en curso, así como la búsqueda de los desaparecidos. Hizo un llamado a Uruguay a tomar todas las medidas necesarias para acelerar el proceso judicial y redoblar sus esfuerzos en la búsqueda de los desaparecidos. También solicitó a Uruguay que garantice y facilite la reparación integral de las víctimas y adopte una política de educación para la memoria de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante ese período.
El Comité saludó las medidas de Uruguay en los campos de la justicia, la verdad y la reparación. Sin embargo, recomendó a Uruguay armonizar su legislación interna con la Convención Internacional, incluyendo la pena mínima para el delito de desaparición forzada, la definición de víctima y los delitos de sustracción ilícita de niños.
Los hallazgos anteriores, conocidos oficialmente como Observaciones Finales, ahora están disponibles en la página web de la sesión (en inglés).
FIN
Para obtener más información y registro de los medios para asistir a las reuniones públicas, comuníquese con: Vivian Kwok al +41 (0) 22 917 9362 / [email protected] o la Sección de Medios de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU al +41 (0) 22 928 9855 / [email protected].
Contexto
El Comité contra la Desaparición Forzada supervisa la adhesión de los Estados partes a la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. El Comité está compuesto por 10 miembros que son expertos independientes en derechos humanos de todo el mundo, que actúan a título personal y no como representantes de los Estados partes.
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