SANTIAGO (12 de agosto de 2024) – El Representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab, se reunió con el grupo de sociedad civil Comando Unitario de Ex Prisioneros Políticos y Familiares, organización que defiende los derechos de las víctimas de prisión política y tortura perpetrada por la dictadura en Chile.
En el encuentro, que se realizó en las oficinas de ONU Derechos Humanos en Santiago el 8 de agosto, el Representante recibió con preocupación la información sobre los insuficientes avances a la fecha en relación a las prioridades identificadas por el Comando Unitario en su petitorio de 2016, las que desde el inicio han sido apoyadas por la Oficina.
El petitorio incluye: levantar el secreto que pesa sobre los testimonios del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (conocida como Comisión Valech I), crear una comisión calificadora permanente de la calidad de víctima de violaciones de derechos humanos, y terminar con la incompatibilidad de las reparaciones con las pensiones, entre otros.
Al respecto, Haydée Oberreuter, lideresa del Comando Unitario, aseguró que la excusa del no levantamiento del secreto de 50 años del informe Valech I por una supuesta demanda de protección de parte de las propias víctimas no es cierta. En ese sentido, resaltó que el secreto, en realidad, protege a los perpetradores de las violaciones a los derechos humanos, ya que complica la presentación de documentos relevantes ante los tribunales.
Oberreuter aseguró que existen formas de hacer esta información accesible sin que ello obligue a las personas a compartir sus datos, si es que así lo desearan. Más aun, enfatizó que la práctica de borrar sus nombres – por una equivocada aplicación de la legislación sobre la protección de datos personales – podría estar causando daños irreversibles a los documentos originales y atentar contra el espíritu con el cual las víctimas sobrevivientes acudieron a dar su testimonio.
En términos de reparación, el Comando Unitario expresó su preocupación por prácticas del Consejo de Defensa del Estado (CDE) que consisten en el ofrecimiento de pagos de montos reducidos, pero con mayor celeridad, a las víctimas después de que obtienen sentencias favorables. El grupo calificó tal conducta de inmoral, siendo que se trata de víctimas de violencia estatal, que además han pasado décadas en tribunales hasta obtener sentencias en la Corte Suprema, pero también ilegal, siendo que el CDE tiene su misión de proteger los intereses del fisco acotada a litigar en tribunales y no le corresponde hacer ofrecimientos una vez que el Poder Judicial determina un monto de reparación.
En ese sentido, el grupo mencionó que la situación es aun más dramática considerando que el universo de víctimas vivas se ha reducido desde 38.800 a 23.000 en la actualidad.
Finalmente, el Comando Unitario expresó su frustración por el aparente abandono de la agenda de derechos humanos propuesta en el Plan de Gobierno del Presidente Gabriel Boric, que incluía la eliminación del secreto del Informe Valech, así como la creación de una comisión calificadora permanente, entre otras medidas.
En reacción a lo compartido por el Comando Unitario, Jan Jarab reiteró el apoyo de la Oficina a las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos perpetradas por la dictadura de Augusto Pinochet y a la defensa de sus derechos.
“Considero indignante que ustedes, las víctimas, sigan enfrentando tantos resabios autoritarios y obstáculos burocráticos en su incansable lucha por la verdad, la justicia, la memoria y la reparación. Estamos con ustedes”, dijo el Representante, comprometiéndose a intensificar los esfuerzos de abogacía privada y pública en esta materia.
FIN
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