SANTIAGO (10 de octubre de 2024) – El Representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab, participó en un encuentro académico sobre las masivas protestas que ocurrieron en Chile en 2019, instancia que sirvió para reflexionar sobre los avances y pendientes asociados a los derechos humanos.
En el evento titulado «Volver a mirar(nos): a 5 años de octubre de 2019», que se llevó a cabo el 2 y 3 de octubre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en Santiago, participaron alrededor de 40 expertos y expertas de diversas disciplinas, quienes profundizaron en diferentes paneles sobre las causas, consecuencias y el estado actual de la sociedad tras el denominado “estallido social”.
En el inicio de su intervención en el encuentro, el Representante de ONU Derechos Humanos lamentó los intentos de instalar una narrativa que presenta dichas protestas solo como una explosión de violencia irracional, y reafirmó la importancia de reconocer que, más bien, fueron una expresión de descontento social.
“Este descontento estuvo estrechamente vinculado con la desigualdad estructural, la falta de acceso a los derechos económicos, sociales y culturales; con la concentración de la riqueza, junto con un alto costo de vida y la privatización y mercantilización de servicios básicos como educación, salud y pensiones”, aseguró Jarab.
Ese malestar, documentado en investigaciones académicas y de organismos internacionales, se agravó por la percepción de injusticia en el acceso a oportunidades y a una creciente desconfianza de la ciudadanía en las instituciones políticas y económicas del país, subrayó el Representante, quien fue parte del panel sobre informes y recomendaciones de los organismos de derechos humanos.
En su exposición, Jarab enfatizó que, si bien en una sociedad democrática pueden existir distintas interpretaciones de los fenómenos, no se puede reducir las protestas solo a los actos violentos ocurridos, borrando todas las demandas políticas, sociales, ambientales o feministas vistas en las calles.
Luego, se refirió a las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el “estallido”, que resultaron en la pérdida de vidas, lesiones, tortura, violencia sexual y detenciones arbitrarias documentadas en un informe de la Oficina a fines de 2019.
En dicho informe, ONU Derechos Humanos formuló varias recomendaciones al Estado, entre ellas garantizar que las personas puedan ejercer sus derechos de reunión pacífica y libertad de expresión sin restricciones ni riesgos, así como la necesidad de asegurar que las fuerzas del orden respeten las normas internacionales sobre el uso de la fuerza y que rindan cuentas por violaciones de derechos humanos.
Adicionalmente, se instó a las autoridades a llevar a cabo reformas en Carabineros para aumentar la supervisión civil de sus actividades, fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, y capacitar a sus miembros en derechos humanos.
Avances y pendientes
En la segunda parte de su intervención, el Representante se refirió a los avances y pendientes en materia de justicia y garantías de no repetición tras las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el “estallido”, así como a la implementación de las recomendaciones realizadas por la Oficina en la época.
Respecto de lo primero, si bien Jarab reconoció que ha habido algunas sentencias importantes, lamentó que todavía son muchas las victimas que no han tenido justicia. En esa línea, aseguró que la adopción en 2023 de la denominada “Ley Nain-Retamal” supuso un retroceso, ya que en varios casos permitió que las sentencias fueran revisadas y los perpetradores quedaran en libertad.
“No son aceptables las medidas que tienen por objetivo eximir de responsabilidad penal a los autores de hechos que pueden constituir violaciones de derechos humanos”, afirmó.
En relación a las recomendaciones efectuadas por la Oficina al Estado chileno, el Representante sostuvo que en algunos aspectos ha habido ciertos progresos. como el avance de un proyecto de actualización de las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF). No obstante, dijo que en su discusión también se generó un grado de preocupación, dados los cambios propuestos en el principio de proporcionalidad, lo que daría pie a interpretaciones subjetivas en el empleo de la fuerza por parte de las policías.
Finalmente, el Representante reconoció la cooperación de ONU Derechos Humanos en los procesos de capacitación de Carabineros de Chile, pero también lamentó que las esperadas reformas de este cuerpo policial no se han llevado a cabo con la prioridad necesaria.
FIN
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