SANTIAGO (18 de febrero de 2022) – Un equipo de ONU Derechos Humanos en América del Sur y representantes de la Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo se reunieron esta semana para intercambiar información sobre el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo y la situación de personas defensoras del medio ambiente en Chile.
Según la vocera de la Coordinadora, Marcela Mella, y el director de esta, Pablo Melo, el proyecto Alto Maipo, ubicado en la Región Metropolitana de Santiago, ha tenido un impacto socio ambiental en la localidad y la comunidad. En el encuentro, sostenido el 15 de febrero, también se presentaron antecedentes sobre el estado actual del proyecto y análisis sobre las aristas judiciales y administrativas respecto de los recursos y acciones en curso.
Los representantes de la Coordinadora también profundizaron sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente, expresando sus alegaciones sobre ciber espionajes o infiltraciones en las comunicaciones de la organización, así como actos de hostigamiento e intimidación en su contra que habrían ocurrido en los últimos años.
Por su parte, ONU Derechos Humanos señaló que, de conformidad con el derecho internacional, los Estados deben abstenerse de vulnerar los derechos humanos que se puedan ver afectados por causar o permitir daños ambientales. Asimismo, estos deben brindar protección frente a injerencias perjudiciales en el medio ambiente procedentes de actores no estatales, así como actuar con la debida diligencia para impedir y reducir tales daños y prever reparaciones de ser el caso.
La Oficina agregó que las personas defensoras del medio ambiente cumplen un rol fundamental en nuestras sociedades, subrayando que los Estados tienen la obligación de asegurar un entorno seguro y propicio para las personas defensoras de derechos humanos, respetar sus derechos y protegerlas de posibles afectaciones, incluyendo ataques cometidos por actores no estatales.
Al respecto, el Acuerdo de Escazú es un valioso instrumento para prevenir conflictos y favorecer la protección de las y los defensores del medio ambiente, por lo cual ONU Derechos Humanos insta a los Estados de la región a ratificar dicho tratado.
Antecedentes
El 20 de agosto de 2020, el Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento expresó en un comunicado público que el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo “no solo podría reducir la principal fuente de agua potable de los residentes de Santiago de Chile, sino que también podría agravar la contaminación del aire en la capital”, agregando que “a pesar de que el Gobierno ha investigado los daños ambientales, no se ha tomado ninguna medida para garantizar el derecho humano al agua de la población afectada por este megaproyecto”.
El 9 de abril de 2020, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la lista de cuestiones previa a la presentación del quinto informe periódico de Chile, solicitó al Estado que proporcione información para responder a la pregunta “¿Qué medidas está adoptando el Estado parte para llevar a cabo estudios de impacto social y ambiental de los proyectos energéticos a gran escala, tales como las plantas de combustión de carbón y el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, a fin de garantizar su compatibilidad con los derechos económicos, sociales y culturales y los objetivos relativos al cambio climático establecidos en el Acuerdo de París?”
FIN
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